Lasvocesdelpueblo y Agencias – Artur Mas y su Gobierno del año 2014 pueden acabar en la prisión. Hoy, Artur Mas y sus consejeros Irené Rigau, Joana ortega, Francesc Homs Molist se han enfrentado a la Abogacía del Estado español, al equipo de abogados de la plataforma «Abogados Catalanes por la Constitución» y al abogado de la entidad catalana ‘Sociedad Civil Catalana’ (SCC). Hay que recordar que sin escusa ninguna, una mañana del pasado año 2015 desaparecía de repente de la querella de la Fiscalía General del Estado el delito de «malversación de fondos públicos» en la consulta ilegal no autorizada que convocó y organizó el Gobierno del presidente Artur Mas, siendo este el único delito de dicha querella que llevaría a los presuntos delincuentes secesionistas en prisión. Barcelona (España), jueves 11 de octubre de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 11.10.2018. El expresidente de la Generalitat Artur Mas, a su salida del Tribunal de Cuentas, que inició este miércoles el juicio por su posible responsabilidad contable en los gastos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Efe
Ocurría durante la etapa de la mayoría absoluta del PP en la Moncloa con Alicia Sánchez Camacho de presidenta del PP en Cataluña.
Después de que el Tribunal de Cuentas constatase un gasto de fondos públicos en el ilegal 9-N y obligara a los líderes independentistas del Gobierno catalán de Artur Mas a devolver todos los gastos del 9-N o peligrara sus bienes 8embargo de bienes), más de 5 millones de euros, los abogados de la acusación ampliaron la querella ante el Tribunal de Cuentas.
Y ahora la cuartada de Artur Mas y compañías es el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Tribunal Supremos, por el entonces aforrado Francesc Homs Molist, que solo les condenaron a la inhabilitación.
El juicio en el Tribunal de Cuentas por la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014 queda visto para sentencia tras las acusaciones de «referéndum encubierto» de Sociedad Civil y la defensa del expresidente Artur Mas, que piensa que a esta entidad «le sabe a poco» la condena penal y busca más embargos.
Hoy, en el juicio, iniciado ayer con el interrogatorio al expresidente Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por su supuesta responsabilidad en la desviación de fondos para el 9-N, se han expuesto las conclusiones de los letrados de la parte demandante (Sociedad Civil, Abogados catalanes por la Constitución y Abogacía del Estado) y de la defensa de los ex altos cargos.
Para el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Manuel Zunón, ha habido todo tipo de «triquiñuelas» para sacar la consulta adelante. «Estaban decididos a hacerla y no había la más mínima posibilidad de pararla por parte de las instituciones del Estado».
Zunón ha asegurado que el 9-N no fue un hecho aislado, «sino un plan de ruptura constitucional, en el que nada se improvisó».
A su juicio, hubo «una planificación incompatible con la ignorancia» alegada por los demandados y ha remarcado que había «un arsenal de planes» en función de la respuesta del Estado.
El letrado ha insistido en que Mas y los exconsellers «sabían que no podían hacer un referéndum de autodeterminación» y, en concreto, ha acusado a Homs de ser el cerebro del 9-N, por su responsabilidad al frente de los servicios jurídicos.
Por su parte, Rafael Entrena, el abogado del expresidente Mas y la exconsejera Joana Ortega, ha afirmado que «todo el gasto se desarrolló antes de la suspensión del Tribunal Constitucional», que fue el 4 de noviembre y todas las partidas fueron «informadas favorablemente. No hubo reparo alguno ni por la Abogacía de la Generalitat ni los servicios jurídicos».
Ha recordado también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Supremo ya descartaron que hubiera delito de malversación.
«Se podrá estar de acuerdo o no pero no se puede traer esta disconformidad a sede contable», ha dicho Entrena.
En opinión de Entrena, a Sociedad Civil «le sabe a poco la condena penal, y quiere una adicional» y más embargo de patrimonio.
Hace un año, el Tribunal de Cuentas impuso a Mas una fianza de 5,2 millones de euros, dinero que no pudo abonar, por lo que sus bienes han quedado afianzados.
Tanto ayer, miércoles 10 de octubre de 2018, en el interrogatorio como hoy en la presentación de conclusiones, la partida de 2,8 millones de euros destinada a la compra de ordenadores ocupó gran parte de las intervenciones.
Hoy, Entrena ha dicho que está perfectamente acreditado que los 7.000 portátiles se destinaron al servicio público de educación.
No obstante, la acusación ha apuntado la coincidencia de que el número de ordenadores fuese prácticamente el mismo que el número de mesas previstas para el proceso.
Entrena también ha considerado probado que la consulta se convocó en el marco competencial que establece el Estatut y contaba con el informe favorable del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña.
Además, el abogado ha afirmado que está acreditada la «estricta obediencia» a las providencias adoptadas por el Constitucional por las que se suspendía la consulta.
Tras la suspensión se convocó un «proceso participativo» con diferente soporte presupuestario, legal, administrativo, contractual y logístico y, por tanto, todos los gastos efectuados contaban con sustento legal «y en ningún caso serían injustificados o indebidos».
También la letrada del exconsejero Homs, Montserrat Rosell ha asegurado que no hubo responsabilidad contable ni menoscabo en las arcas públicas, como sí denunció el abogado del Estado, Javier Borrego.
De hecho, Borrego ha tildado la consulta de «tosca y chapucera», con una clara «finalidad política», además de «dirigida y tutelada» por la Generalitat.
