Redacción.- Madrid (España), domingo 9 de octubre de 2022. El presidente del Gobierno de España, Santiago Abascal Conde, ha clausurado este domingo la segunda edición de la asamblea nacional de su partido en el Espacio Mad Cool de la capital dle Reino de España, el VIVA (VIVA 22), bajo lema «La Historia que hicimos juntos». El político vasco ha conseguido lo hasta ahora imposible, que ha sido reunir a toda la disidencia europea, norteamericana e hispanoamericano para dar la batalla cultural frente al globalismo y las imposiciones totalitarias del progresismo salvaje comunismo.
VÍDEO. 09.10.2022.
Durante esta segunda edición dle VIVA, y como es de costumbre, el líder de los verdes ha presentado el programa de la formación para los próximos 12 meses, que es el plan «España Decide».
MÁS DE 15.000 PERSONAS
«Tendrán que oírnos cuando de nuevo pretendan imponer sus consensos podridos y los intereses de aquellos que están en contra de nuestra soberanía», ha asegurado. Abascal ha presentado este domingo «España Decide» ante las más de 15.000 personas que se han congregado en VIVA 22.
«¿Qué es España decide? Más y mejor democracia. Que la España oficial se parezca más a la España Real y no al consenso de los partidos. ¿Cuántas veces nos han preguntado en algún referéndum sobre las cosas que nos importan y que afectan a nuestra vida. Sólo en dos ocasiones. ¿No ha habido en 40 años decisiones sobre políticas públicas por las que debíamos haber sido escuchados?», ha preguntado.
Es más, el presidente de VOX ha insistido en que debemos «recuperar nuestra democracia» de mano de la partitocracia, y “no desde el parlamentarismo que han traicionado». «Después de tantos años, esos que se llaman constitucionalistas se han olvidado de que se puede y se debe preguntar al pueblo como hacen en Italia con normalidad o en Suiza con más asiduidad. Es curioso que tanto golpista se haya olvidado de que el derecho a decidir es de todos los españoles sin distinción y que la unidad en nuestra patria no se vota», ha asegurado.
¿Qué es lo que quiere que se pregunte VOX? En primer lugar, si los españoles prefieren el estado de bienestar de los políticos, -un estado de bienestar «absolutamente sobredimensionado»-, o si quieren que se empiecen a recuperar competencias para el Estado como la educación o la justicia.
«Habrá que decidir si quieren que los sindicatos, partidos y organizaciones patronales sigan siendo sostenidos por nosotros o que lo paguen sus afiliados o simpatizantes. Si queremos seguir dependiendo de naciones hostiles o enemigas o explotar nuestros propios recursos naturales o energéticos. Habrá que decidir si derogamos esa ley del suicidio climático a la que sólo VOX se opuso o si pueden seguir siendo legales esos partidos cuyo único objetivo es la ruptura nacional y, por ende, la ruptura de la democracia española», ha explicado.
En esta línea, Abascal también ha insistido en que es necesario tomar posición en lo relativo a la política migratoria, la ideología de género o «si el agua debe fluir libremente por todos los territorios para que España sea más próspera» con un Plan Hidrológico Nacional.
De esta forma, VOX pretende dar cauce a los sentimientos más profundos y a las «ideas de sentido común» que anidan en la mayor parte de las familias españolas. «Es mucho lo que hemos hecho juntos pero no nos vamos a quedar aquí. Tenemos que recuperar la democracia, las instituciones que han degradado y España», ha asegurado.
RECUPERAR ESPAÑA
El presidente de VOX ha vuelto a apostar por una España en la que los políticos estén sometidos al imperio ley y «no por encima de ella», por una España con proyección hacia la Iberosfera, por una España que fomente la natalidad o por una España en la que tener un empleo estable, una casa y una familia sea un «sueño real» y «no una quimera para tantos jóvenes a quienes les han robado la esperanza»
«Nos gustaría reivindicar una España del sentido común y que no estuviéramos solos», ha subrayado para posteriormente añadir: “Hasta que otros quieran sumar fuerzas… Y les recibiremos con los brazos abiertos el día que quieran defender esta España».
«No tenemos ninguna duda de que los españoles volveremos a elegir nuestro destino, a construir y a levantar todo lo que han derruido», ha zanjado.
En esta ocasión, Santiago Abascal Conde ha querido mandar un mensaje de agradecimiento al primer ministro polaco, Mateusz Jakub Morawiecki, y a los aliados internacionales que hoy han intervenido en VIVA 22 como Giorgia Meloni, José Antonio Kast, Donald Trump, Jeanine Áñez, entre otros. «Muestran lo solos que estamos y los pocos que somos», ha señalado irónicamente.
VÍDEO. 09.10.2022
EL PROGRAMA ESPAÑA DECIDE, UNA HOJA DE RUTA DE LA TERCERA FUERZA POLÍTICA EN ESPAÑA PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES
Madrid (España), domingo 9 de octubre de 2022. A pesar de la aparente distancia ideológica, la mayoría de los partidos políticos han mantenido grandes consensos en las últimas décadas. En aspectos como energía, educación, subvenciones, inmigración, fiscalidad y otras políticas públicas, comprobamos cómo todo el arco parlamentario decide en la misma dirección. En realidad, todo no. Desde la irrupción de VOX en las instituciones, hace cuatro años, nos hemos empeñado en plantear los debates que estaban siendo hurtados a los españoles, sin aceptar ninguna imposición del consenso de los partidos, sobre todo porque ya es evidente que no se corresponde con la voluntad mayoritaria del pueblo español.
Por eso, y ante la gravedad del tiempo que vivimos, creemos que es urgente devolver la palabra a los españoles. En primer lugar, con la celebración de unas elecciones generales, que llevamos tiempo reclamando. Este gobierno nace de una alianza contra lo prometido a los electores, y se apoya en una mayoría parlamentaria que ya no representa fielmente a la sociedad. Pero no debe quedarse sólo en eso la llamada a las urnas. Es la hora de la confrontación libre de ideas en torno a qué tipo de políticas públicas son buenas para nuestra nación –asuntos de orden social, político, económico y cultural–, y hay que evitar que se sigan decidiendo, como hasta ahora, a puerta cerrada.
España necesita profundas reformas institucionales, administrativas, económicas, laborales y fiscales que fortalezcan nuestra Nación y que hagan prosperar a los españoles. Son multitud las cuestiones que se deben abordar desde el Gobierno de la Nación, con urgencia, pero a la vez con sensatez y respeto a la legalidad.
Esas reformas y esas decisiones han de ser adoptadas por un Gobierno valiente que, para empezar, consulte a los españoles las cuestiones que afectan tan directamente a su bienestar, su seguridad, su economía y hasta el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
España cuenta hoy con un orden constitucional y una legalidad vigente que faculta al conjunto del pueblo español, como depositario de la soberanía nacional, a participar de diversos modos en la vida política y en los asuntos públicos. Entre esas formas de participación, el artículo 92 del texto constitucional permite que todos podamos ser consultados sobre decisiones políticas de especial transcendencia. Desde VOX, vamos a trabajar para que se realicen esas consultas. Es hora de que los españoles vuelvan a ser dueños de su futuro. Es la hora de que España decida.
ÍNDICE
1.- Soberanía energética ……………………………..6
2.- Inmigración ……………………………………………….. 7
3.- Educación …………………………………………………… 8
4.- Igualdad ……………………………………………………… 9
5.- Ilegalización partidos separatistas ….. 10
6.- Agua …………………………………………………………….. 11
7.- Subvenciones …………………………………………… 12
8.- Soberanía de datos ………………………………… 13
SOBERANÍA ENERGÉTICA
Las decisiones políticas de los gobiernos nacionales en las últimas décadas han conducido a una pérdida progresiva de la soberanía energética de nuestro país, multiplicando nuestra dependencia y las facturas de las familias, y llegando hasta el extremo de imponer restricciones en el consumo energético. El gobierno social-comunista trae la ruina y el racionamiento que España hace décadas que no conocía. Pero, lo más grave, es que sólo VOX se ha opuesto frontalmente a las políticas, acuerdos y leyes que nos han traído hasta aquí.
Como por ejemplo la Ley de cambio climático (aprobada en mayo de 2021 con el único voto contrario de VOX) que prohíbe explorar, investigar y explotar nuestros recursos energéticos. Todo para seguir la línea marcada en algunos acuerdos internacionales, como el Tratado de París o el Pacto Verde Europeo, cuya incorporación se realizó a espaldas de los españoles, pero cuyas consecuencias se pagan ya en todos los hogares de España. Mientras, partidos y multinacionales se han dedicado a dinamitar centrales eléctricas. Santiago Abascal definía de forma contundente estas políticas: «Son un auténtico atentado contra la economía nacional, comparable a una tiranía que incendiase jubilosa los campos de trigo mientras su pueblo pasa hambre».
Y estas leyes y acuerdos no sólo prohíben la utilización de nuestros recursos energéticos, encareciendo las facturas, deslocalizando empleos y haciendo más vulnerable nuestra economía. El fanatismo climático ha generado un incremento desproporcionado de los impuestos sobre familias y empresas.
Hay que preguntar a los españoles para que decidan sobre el futuro del modelo energético de nuestro país. No puede seguir en manos de quienes pretenden imponer ideologías o de quienes son ajenos a los intereses de España.
INMIGRACIÓN
Las políticas migratorias del «consenso» han convertido España en el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. Una decisión tomada a espaldas del pueblo español que tiene consecuencias muy importantes en todos los ámbitos: fronteras, soberanía e integridad territorial; relaciones laborales y ayudas sociales; orden público y seguridad ciudadana; cohesión social e identidad nacional.
Cuando se relaciona la inmigración con las fronteras, la soberanía y la integridad territorial, se está abordando el asunto en varias dimensiones. La primera es la de la propia legalidad de la inmigración, dado que existe un alarmante problema de inmigración ilegal masiva que se manifiesta en la agresión contra nuestras fronteras con niveles intolerables de violencia.
El segundo ámbito es el económico. La llegada masiva de trabajadores no cualificados procedentes del exterior ha venido produciendo una bajada de los salarios y en general de las condiciones que se ofrecen por la realización de esas tareas.
Una tercera esfera en que se manifiesta el impacto de la inmigración masiva en España es la de la seguridad ciudadana. A pesar del silencio de la mayoría de los partidos políticos y medios de comunicación, la realidad de muchos barrios es dramática.
Es evidente que una mayoría reclama un cambio en las políticas migratorias y en la defensa de nuestras fronteras, y son muchos los aspectos que se pueden y se deben preguntar a los españoles.
EDUCACIÓN
La igualdad de acceso y oportunidades en la educación, así como la libertad de los alumnos y sus familias, ha sufrido ataques muy graves en los últimos años, especialmente en aquellos territorios donde el separatismo influye u ostenta el gobierno. Estos ataques tienen culpables claros, pero también responsables, como la debilidad de los gobiernos nacionales y los pactos y consensos de los grandes partidos con el separatismo.
En el Estado autonómico, las competencias de políticas públicas como la educación se han convertido en moneda de cambio para el reparto de poder entre partidos. Y las consecuencias han sido desastrosas. Se ha permitido la fragmentación del sistema educativo en diecisiete modelos diferentes y, en muchos caos, excluyentes entre sí. Este modelo fragmentado ha sido el instrumento idóneo del separatismo para atacar la lengua española e imponer una lengua determinada contra el criterio de muchas familias, de los propios centros e incluso contra las decisiones de los tribunales.
Ante las políticas promovidas en las últimas décadas, y sus evidentes fracasos, hay que preguntar a los españoles si quieren el regreso de las competencias educativas al Estado, con estricto respeto al marco constitucional, para garantizar la igualdad de este derecho en todo el territorio, y como manera de garantizar la educación en español.
IGUALDAD
La aprobación de las llamadas leyes de “Violencia de Género” han cercenado la igualdad entre españoles y la seguridad jurídica con la excusa de proteger a las mujeres.
Estas leyes, a su vez, no han impedido que las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas hayan permanecido estables desde hace 20 años. Más aún, delitos de naturaleza sexual que apenas se conocían hace una década en España, como las manadas, son hoy una de las principales preocupaciones en muchos barrios y pueblos.
Estas leyes han conducido a criminalizar un estereotipo de potencial delincuente. A pesar de la relación directamente proporcional entre la llegada masiva de inmigrantes ilegales y el aumento de delitos muy concretos como violaciones grupales o matrimonios forzosos, desde el poder político y mediático se pone el foco sólo en aquellos crímenes que interesan a su relato, mientras se silencian otros.
Esta legislación, que ha creado tribunales específicos por sexo y penas distintas para un mismo tipo de delito, es contraria a nuestra Constitución y a los principios de igualdad y presunción de inocencia.
Los últimos proyectos de ley presentados por el actual gobierno relativos a la lucha contra la violencia sexual, contemplan la rebaja de penas para delitos sexuales, como el de violación, lo que demuestra una vez más que no se persigue proteger a las mujeres, sino dividir y fomentar una guerra de sexos.
Además, lo que se ha presentado como una política pública no es otra cosa que un modo de financiar con dinero público a activistas, impulsar proyectos propagandísticos y comprar voluntades. Basta con mirar las partidas presupuestarias destinadas por el Gobierno -y mantenidas por los precedentes- a determinadas asociaciones, observatorios y consejos.
Ante un asunto tan complejo y de una gravedad tan importante, hay que preguntar a los españoles para que decidan si quieren mantener esta anomalía y atropello a los derechos y libertades o si, por el contrario, quieren garantizar la igualdad y el principio de presunción de inocencia.
ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS SEPARATISTAS
La actividad política en España está marcada por la existencia de partidos que mantienen, entre sus objetivos más destacados, la separación de determinadas regiones de nuestra nación, para lo que no dudan en utilizar cualquier medio a su alcance, unas veces rozando la ilegalidad y otras veces desobedeciendo directa, expresa y públicamente los mandatos judiciales.
El Congreso de los Diputados acoge a partidos políticos que, lejos de condenar la violencia terrorista, son herederos de las bandas que lo han ejercido u otros que directamente, gobernando alguna región de España, declararon la separación de este territorio y continúan llamando a la secesión, la sedición y la rebelión. Sin olvidar que, desde hace décadas, todos los españoles hemos sufrido el terrorismo y la violencia separatista generalizada en varias partes del territorio nacional y con diversa intensidad.
Su capacidad para condicionar la política nacional tiene responsables: los partidos que no han dudado en negociar cuestiones que afectan a la soberanía y la integridad del pueblo español con tal de gobernar.
La Ley Orgánica de Partidos ya establece una serie causas de ilegalización vinculadas al uso de la violencia y el terrorismo. Fuera de estos casos, ahora no se puede ilegalizar una formación política, aunque sus objetivos sean acabar con el Estado de Derecho y con la unidad de España.
VOX ha sido el único partido que ha presentado iniciativas para abordar su ilegalización. En palabras de Santiago Abascal: «Los partidos políticos que aspiran a destruir la soberanía nacional, y por tanto la ley, y por tanto la convivencia, no deben ser legales en este hemiciclo que representa la soberanía nacional».
Ante este disparate, la existencia de partidos que atentan contra la unidad y la integridad de la nación, hay que preguntar a los españoles para que decidan si quieren sostener con sus impuestos partidos que quieren romper España y promueven el racismo o, por el contrario, si quieren garantizar la cohesión nacional.
AGUA
El equilibrio en la distribución del agua se ha visto alterado por la llegada del Estado de las Autonomías, que ha destruido el principio de que el agua es patrimonio de los españoles, y la tibieza de los gobiernos nacionales sometidos al chantaje constante de los partidos separatistas. Esta doble entente ha roto con una política nacional que se ha llevado a cabo en diferentes momentos de nuestra historia.
Las mal llamadas políticas ecologistas promovidas por los gobiernos nacionales y autonómicos han criminalizado algunos usos del agua, condenando a la desaparición a actividades de gran importancia en nuestra economía y provocando la degradación de espacios naturales.
España tiene agua para cubrir las necesidades de los españoles. Actualmente desembocan en el mar cantidades enormemente superiores a las que son precisas para garantizar la supervivencia de las cuencas y demarcaciones hidrográficas en su conjunto. De ahí que la interconexión de las cuencas suponga la posibilidad de que los ríos más caudalosos puedan transferir agua a las cuencas deficitarias.
Además, en nuestro país, el sector agroalimentario tiene un peso importante en la economía, da trabajo a más de tres millones de personas entre empleos directos e indirectos y tiene un papel imprescindible en la lucha contra la catástrofe demográfica y el despoblamiento rural.
La primera manifestación de la soberanía de la nación es la soberanía alimentaria. Del mismo modo, la gestión del agua está intrínsecamente relacionada con la soberanía energética.
Por todo lo anterior, hay que preguntar a los españoles si quieren un Plan Nacional del Agua que garantice el derecho de los españoles a disfrutar de sus bienes naturales en todo el territorio nacional o si, por el contrario, quieren mantener un modelo que empobrece a las familias y a los trabajadores del campo.
SUBVENCIONES
Partidos políticos, sindicatos y patronales han hecho de las subvenciones públicas una vía fundamental para garantizar su subsistencia. Aunque la Constitución Española les otorga un lugar privilegiado para canalizar las aspiraciones, la representación o los intereses de los españoles, la realidad es que actualmente no cumplen en muchos casos ese propósito.
El entramado de intereses existentes y el hecho de que la política esté dominada por partidos políticos hace impensable que la mayoría de ellos lleven la iniciativa de la supresión de subvenciones públicas a sí mismos, por lo que es necesario que los españoles decidan.
Hasta la fecha, VOX es el único partido que se ha posicionado en contra de estas ayudas: «Donde VOX gobierne, el dinero que antes se regalaba a sindicatos y patronales se destinará a lo importante: escuelas, centros de salud, dependencia e infraestructuras. El cambio real pasa por acabar con la fiesta de los poderosos», afirmó Santiago Abascal en 2022.
Hoy muchos sindicatos y patronales no representan los intereses que dicen defender, sino que, por el contrario, únicamente procuran sus propios privilegios. Buen ejemplo de ello es el bajo nivel de afiliación a estas organizaciones.
En muchas ocasiones, nos encontramos una serie de reivindicaciones que, lejos de beneficiar a nadie salvo a estas organizaciones, entorpecen el desarrollo de España evitando la contratación de trabajadores y suponen una permanente amenaza de ruptura de la paz social si no se atienden sus exigencias.
Ante esta situación, hay que preguntar a los españoles si quieren reducir, de acuerdo con la Constitución vigente, la financiación pública a los partidos, sindicatos o patronales o si, por el contrario, quieren sostener con sus impuestos organizaciones que, en muchos casos, no defienden intereses nacionales sino de parte.
SOBERANÍA DE DATOS
España no es ajena a la proliferación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Al suscribirse a redes sociales o realizar compras por internet, los españoles están facilitando una valiosa información que luego es tratada y clasificada, y sirve para la creación de perfiles precisos de cada persona o grupo de personas.
En un mundo globalizado, esos datos son transferidos a otros países, almacenados en servidores localizados en lugares con una regulación sobre protección de datos muy laxa o, incluso, inexistente. Hasta la fecha, los gobiernos nacionales no han aprobado ninguna normativa en la materia. Solo VOX ha alertado acerca de los peligros de esta práctica. En su discurso en la moción de censura contra Pedro Sánchez, Santiago Abascal reivindicó que «los datos que cosechan en España, se los deben pagar a los españoles, siempre que ellos les den permiso de utilizarlos. Esto es muy importante, y es una de las claves del futuro: la soberanía que sobre los datos tendrán las personas y las naciones».
Los datos son un activo muy importante porque la proliferación de productos conectados ha aumentado su valor potencial para los consumidores y las empresas. Estos datos pueden ayudar al crecimiento económico, pero también pueden ser utilizados para restringir derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad personal, la libertad de expresión, ideológica o de pensamiento, de información y opinión, entre otras.
Muchos de los datos que son tratados por las empresas afectan seriamente a la intimidad de las personas y las familias, pues son capaces de proporcionar una imagen muy precisa de la vida de cada uno.
Los datos, incluso de forma involuntaria, pueden afectar a la seguridad nacional o a intereses estratégicos de España. A nivel económico, este comercio de datos deja abundantes beneficios a las empresas que raramente repercuten en los particulares y mucho menos generan ingresos en las arcas públicas. Los oligopolios tecnológicos que manejan y se lucran de esta actividad, tributan fuera de España y no generan riqueza en nuestro país. Es más, esta práctica facilita la aparición de restricciones competitivas entre empresas y el abuso de posiciones de dominio de mercado.
Hay que preguntar a los españoles si quieren que sus datos sean almacenados y tratados sin control fuera de España o si, por el contrario, quieren normas que les protejan en su decisión sobre qué hacer con sus datos personales, ya sea obtener beneficios económicos por la cesión de estos o simplemente no cederlos.
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VÍDEO. 09.10.2022.
