Madrid, sábado 31 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).– La formación patriota Vox, presidida por Santiago Abascal Conde, ha asestado un severo golpe judicial al Gobierno socialcomunista al acorralarle ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras destapar una escandalosa irregularidad en el censo electoral exterior. El equipo legal del partido ha presentado un contundente escrito de alegaciones en el que exige extender la suspensión cautelar de los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los hijos de nacionalizados por la controvertida Ley de Nietos cuyos progenitores carezcan de certificación consular acreditativa de exilio. La iniciativa de las filas patriotas se produce tras auditar los datos oficiales remitidos por el Ejecutivo a la Sala Tercera, los cuales certifican que de más de 163.000 inscritos derivados de la Ley de Memoria Democrática, únicamente 901 electores —un irrelevante 0,62 %— acreditan legalmente la condición de exiliados de sus antepasados. Ante el inminente riesgo de que este colectivo de «falsos españoles» altere el resultado de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N), Vox reclama la identificación nominal de todos los afectados antes del 20 de noviembre y la custodia separada de sus papeletas sin realizar cómputo alguno hasta su comprobación individual.
Ofensiva ante el Supremo contra el fraude de la Ley de Nietos En el marco del recurso contencioso-administrativo presentado el pasado 22 de julio contra las inscripciones irregulares en el censo CERA, Vox ha reeditado su ofensiva ante el Alto Tribunal para evitar la adulteración de las urnas. La formación que lidera Santiago Abascal defiende que los hijos que obtuvieron la nacionalidad por el reconocimiento previo de sus progenitores deben quedar sujetos de forma ineludible al mismo régimen cautelar. A juicio de la representación letrada, permitir que estos descendientes ejerzan el voto exterior mientras la inscripción de su progenitor permanece suspendida por falta de exilio probado desvirtuaría por completo la eficacia de los resolutivos autos dictados por el Supremo con fechas de 10 de septiembre, 12 de octubre y 23 de octubre.
Para desactivar la maniobra del Ejecutivo antes del 29N, Vox reclama que los ministerios competentes trasladen al Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, antes del 20 de noviembre, una relación nominal pormenorizada de los afectados. Asimismo, la formación patriota solicita ordenar a los consulados y juntas electorales provinciales la separación y custodia estricta de sus sobres y papeletas, prohibiendo su cómputo definitivo hasta completar la verificación individual caso por caso.
El escándalo de las cifras oficiales: Un escaso 0,62 % con exilio acreditado El análisis del escrito desvela escandalosas deficiencias y vacíos en los listados enviados a la sede judicial por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración General del Estado. De un bloque de 145.580 registros consulares examinados que integran casilla sobre exilio, únicamente 901 —el 0,62 %— cuentan con certificación legal. A esta grave carencia se suma que 17.775 expedientes adscritos al consulado de Buenos Aires carecen por completo de datos o información de contraste.
Desde las filas patriotas se ha arremetido con contundencia contra la arbitrariedad administrativa de La Moncloa, advirtiendo de que «una casilla marcada con ‘sí’ en una hoja de cálculo no sustituye a la certificación individual exigida por la Sala». Por ello, Vox demanda que el Supremo obligue al Gobierno a aportar las certificaciones individuales correspondientes, completar los datos desprovistos de información en Argentina y depurar de inmediato las duplicidades y discrepancias detectadas en los recuentos oficiales.
Buxadé planta cara a la extrema izquierda en Ferrol y denuncia el caos ferroviario
La instrucción de Sofía Puente y la masa de «falsos españoles» La raíz de esta grave distorsión del censo electoral se sitúa en la interpretación expansiva impulsada mediante la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encabezada por Sofía Puente, con fecha de 25 de octubre de 2022. Aquella resolución administrativa facilitó la tramitación masiva de nacionalidades «sin límite generacional», sorteando el mandato legal de probar documentalmente el exilio del antepasado.
Vox denuncia que la administración de Pedro Sánchez ha instrumentalizado de forma partidista el censo de residentes ausentes para articular una masa de «falsos españoles» con el objetivo de salvar al sanchismo y distorsionar la voluntad soberana en las elecciones del 29N. La formación patriota reafirma su compromiso de mantener la vigilancia judicial para proteger la legalidad constitucional, la pureza del censo y la soberanía del pueblo español.