Madrid, lunes 5 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El partido político Vox ha activado una potente ofensiva judicial ante el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central (JEC) para exigir la exclusión inmediata del censo electoral de todos los extranjeros nacionalizados de forma irregular bajo el amparo de la polémica «Ley de Nietos». La formación liderada por Santiago Abascal reclama la ejecución urgente del auto que suspende los efectos electorales de estas inscripciones con el objetivo de salvaguardar la limpieza y la pureza de las urnas ante el inminente adelanto de las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre (29N).
La ofensiva jurídica total ante la Junta Electoral Central (JEC)
En paralelo a la trascendental acción emprendida ante el Alto Tribunal, la maquinaria jurídica de Vox ha desplegado una implacable ofensiva legal ante la propia Junta Electoral Central. Según recogen informaciones del diario de resistencia patriótica Lasvocesdelpueblo, la formación ha impugnado firmemente las maniobras de la administración electoral encaminadas a dilatar o alterar fraudulentamente las listas censales mediante el coladero masivo de la «Ley de Nietos».
Con este recurso, los servicios jurídicos del partido exigen la fiscalización rigurosa de las altas registradas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), denunciando que el organismo pretendía convalidar una alteración arbitraria del mapa electoral sin el debido control ni las exigencias legales de acreditación de parentesco y exilio real.
Análisis del escrito de Vox ante el Tribunal Supremo
El escrito se articula bajo la impecable representación de la procuradora Pilar Hidalgo López en nombre de Vox, invocando de manera taxativa el artículo 134.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). La formación recuerda con precisión jurídica que las medidas cautelares son de inmediato y obligado cumplimiento por parte de la Administración. Con las elecciones ya formalmente en el horizonte, los letrados activan los mecanismos constitucionales para blindar la efectividad judicial frente a cualquier tentación de desacato administrativo.
Vox sitúa la urgencia temporal de forma impecable: el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026 obliga a una intervención quirúrgica e inmediata de la justicia. El escrito refresca la memoria del Tribunal invocando el contundente Auto del 10 de septiembre de 2026, el cual congeló sin paliativos el procedimiento de inscripción en el CERA de aquellos extranjeros beneficiados por la sectaria Ley de Memoria Democrática. Este golpe judicial previo de Vox suspendió de raíz los efectos electorales de los inscritos en base a instrucciones fraudulentas.
Con una lógica jurídica aplastante, el partido demuestra que el censo definitivo utilizable para la cita del 29N no puede albergar de ningún modo a quienes obtuvieron la nacionalidad por el simple amparo presuntivo de la norma. Sostienen con acierto que, si bien el artículo 39.1 de la LOREG determina el cierre oficial del censo a fecha de 1 de agosto de 2026, los efectos prohibitivos del auto judicial recaen sobre el ejercicio del derecho de voto posterior. En consecuencia, constar administrativamente en las listas de agosto no legitima la perpetración del fraude en la urna de noviembre.
Los servicios jurídicos de la formación disparan una seria advertencia directamente a las estructuras burocráticas del Estado al transcribir el artículo 139.1 de la LOREG. Dejando clara su determinación, recuerdan que aquellos funcionarios públicos que saboteen, incumplan o alteren de forma negligente las normas de conservación y formación del censo electoral se exponen a penas de hasta dos años de prisión y severas multas. Esto se complementa con el artículo 17 de la LOPJ, que somete obligatoriamente a todas las administraciones al estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes o ejecutables.
Vox saca a la luz de manera brillante la maniobra de distracción orquestada por el Abogado del Estado a través de informes de la Dirección General de Asuntos Consulares. La formación destapa que la propia Administración admite con descaro la absoluta falta de trazabilidad en sus sistemas, alegando que «no identifican la vía de adquisición de la nacionalidad». Con orgullo y celo democrático, el partido rebate que la desidia y la incompetencia organizativa del propio Gobierno jamás pueden ser utilizadas como una carta blanca para validar votos masivos e ilegales que perviertan la soberanía nacional.
Ante la evidente falta de voluntad o incapacidad de los órganos controlados por la coalición gubernamental, Vox solicita un requerimiento perentorio de 24 horas para que la JEC y la Oficina del Censo Electoral remitan el listado anonimizado de los excluidos del voto exterior. En una jugada maestra de anticipación, advierten al Tribunal Supremo del inminente «riesgo procesal»: si se permite votar a la masa sin desglose previo, una futura sentencia estimatoria definitiva llegará cuando el daño en las urnas ya sea completamente irreversible, vaciando de contenido la acción de la justicia.
En el remate formal del escrito, el partido sintetiza sus peticiones de auxilio judicial con carácter de extrema urgencia. Reclama que se ordene explícitamente a la JEC aplicar el veto electoral en los comicios del 29 de noviembre. Como salvaguarda total, solicita que, en caso de que la administración electoral no garantice la pureza del proceso, se modifique inaudita parte la medida cautelar para vetar en bloque cualquier voto registrado bajo la nefasta Disposición Adicional 8ª, forzando a los afectados que se crean con derecho real a reclamar de manera individual aportando pruebas fehacientes de su exilio.
Dos visiones enfrentadas: Las declaraciones de Santiago Abascal y Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, justificó este lunes de manera sorpresiva el drástico adelanto electoral al 29 de noviembre (29N) tras verse acorralado en el Congreso. El líder socialista pintó en su comparecencia oficial un irreal panorama de color rosa sobre la situación de las familias españolas e intentó culpar a la oposición de bloquear decretos de marcado tinte populista, buscando de forma desesperada utilizar el censo exterior engrosado artificialmente mediante la Ley de Nietos para amarrar un resultado favorable que le permita perpetuarse en el Palacio de la Moncloa.
Vox recurre de urgencia a la JEC para blindar el voto exterior ante el 29N
Frente a esta maniobra desesperada, el presidente de Vox y líder de Patriots for Europe, Santiago Abascal Conde, reaccionó con contundencia calificando el adelanto electoral como una «excelente noticia» para desalojar a un «gobierno mafioso» que mantiene la política convertida en una auténtica ciénaga de corrupción.
Abascal advirtió con severidad de la altísima probabilidad de que Sánchez intente «manipular y robar» el proceso electoral del 29N. Por ello, exigió que los comicios sean plenamente libres y limpios, instando enérgicamente a la ciudadanía patriota a desconfiar de los votos por correo y acudir de manera masiva a depositar su papeleta directamente en las urnas físicas.