Madrid, jueves 15 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El partido político Vox, personado como acusación popular en las diligencias previas DP 1795/2026 ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha formalizado un escrito judicial de ampliación de querella contra Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado. La formación patriota presidida por Santiago Abascal Conde incorpora a la causa penal nuevos hechos delictivos de extrema gravedad institucional vinculados al denominado «Caso Cloacas» o «Caso Leire». En el documento, la acusación popular denuncia una operación coordinada desde la cúspide del Ministerio Fiscal para proteger la trama de la fontanera mayor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), María Leire Díez Castro, sumando a las imputaciones iniciales un presunto delito de encubrimiento con abuso de funciones públicas.
El escrito fundamenta su primer hecho nuevo en la aparición de un documento interno de la propia organización socialista que demuestra que la campaña de hostigamiento contra la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz e instructora del caso contra David Sánchez Pérez-Castejón, «formaba parte de un plan más amplio dirigido contra varios jueces de Badajoz». Según denuncia Vox, el dossier interno de la fontanería no era un hecho aislado, sino una estrategia diseñada por escrito en 2024 por Leire Díez Castro y el empresario Javier Pérez Dolset. Dicha organización situaba en su diana a otros tres magistrados que ejercen en los mismos juzgados de Badajoz: Emilio García-Cancho, Samantha Reynolds Barredo y Marta Hernández Sánchez. Para Vox, existe una coincidencia delictiva significativa entre los objetivos de la trama y la denuncia que García Ortiz decidió tramitar de forma personal a la Secretaría Técnica el 29 de noviembre de 2024, sirviendo de «cobertura institucional» a una «estrategia de presión diseñada de antemano por los investigados».
El segundo eje de la ampliación penal destapa que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General intervino activamente en junio de 2025 para neutralizar la querella interpuesta en Badajoz contra Leire Díez Castro. El fiscal jefe provincial de Badajoz declaró ante la Audiencia Nacional que se intercambiaron escritos con Madrid en los que se calificaba de «temeraria» la querella contra la fontanera del PSOE. Posteriormente, al ser requerida judicialmente, la Fiscalía General «contestó que no había localizado registros relacionados con ella». Vox resalta que quien remitió esas directrices para desactivar la acción penal fue el mismo alto cargo de la Secretaría Técnica que, apenas dos meses antes, los días 3 y 10 de abril de 2025, «había recibido a Doña Leire Díez y a su acompañante, el letrado Don Jacobo Teijelo, en la sede de la Fiscalía General, sin registro formal de visitas». La formación patriota recalca que, en lugar de perseguir los delitos, la estructura fiscal actuó de forma contraria a lo que impone el Código Penal, contribuyendo activamente a «neutralizar» la acción de la justicia con un evidente «abuso de sus funciones públicas».
El plan mafioso: La proposición de la fontanería del PSOE a los clanes del narcotráfico
Las maniobras ilícitas de la fontanería del PSOE contra la judicatura independiente alcanzaron su cota más alarmante al desvelarse que la trama criminal contactó con organizaciones del narcotráfico en Extremadura. La magistrada Beatriz Biedma Rojano puso en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un demoledor informe donde detalla que el entorno de Leire Díez Castro entabló de forma estrecha hasta cuatro contactos con clanes de la heroína asentados en Badajoz, específicamente vinculados al conocido clan de los Rocho, con el objetivo de presionar, amedrentar y actuar físicamente contra ella.
La gravedad del hostigamiento mafioso provocó situaciones de profunda angustia familiar para la magistrada decana. Integrantes de las cloacas socialistas utilizaron una plataforma digital para realizar vigilancias y seguimientos diarios en su entorno más íntimo, llegando a presentarse personas en el colegio de sus hijas menores de edad simulando ser familiares o secretarios de la juez para obtener sus horarios y rutinas. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmaron la existencia de grabaciones y audios donde los implicados manifestaban que la magistrada instructora era un «grano en el culo» al que debían apartar y eliminar a toda costa de la investigación que acorrala al hermano del presidente del Gobierno.
La caída del exfiscal general: Resumen de la sentencia del Tribunal Supremo
La situación judicial de Álvaro García Ortiz viene determinada por la contundente resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en noviembre de 2025. El Alto Tribunal condenó de forma holgada por cinco votos a dos al entonces fiscal general del Estado por un delito continuado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública. La resolución judicial dictaminó la inhabilitación especial de García Ortiz para el ejercicio del cargo por un periodo de dos años, apartándolo de forma fulminante de la carrera fiscal y de la jefatura de la institución.
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El auto judicial emitido por el tribunal sentenciador impuso asimismo al procesado una pena de multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, sumando un montante total de 7.200 euros de sanción económica. El fallo dictaminó la obligatoriedad del condenado de sufragar las costas procesales devengadas durante la instrucción de la causa, incorporando explícitamente el abono de los gastos generados por la acusación particular personada en el procedimiento judicial.
La sentencia del Tribunal Supremo declaró plenamente probado que Álvaro García Ortiz ordenó de forma arbitraria e imperativa la filtración masiva de correos electrónicos confidenciales y datos de carácter estrictamente reservado. Esta información fiscal sensible pertenecía a un procedimiento penal en curso por presunto fraude fiscal que afectaba al ciudadano Alberto González Amador, pareja del presidente de la Comunidad de Madrid.
El auto judicial detalló el dolo en la actuación de la máxima autoridad de la Fiscalía, constatando la existencia de un hilo de transmisión directo que llevó la documentación secreta desde los ordenadores de la Fiscalía General del Estado directamente hasta el Palacio de La Moncloa. El Alto Tribunal recogió en los fundamentos jurídicos de la sentencia que los mensajes reservados fueron aireados con la nítida intención política de perjudicar la reputación de un adversario del Ejecutivo, rompiendo el sagrado deber de sigilo y custodia.
Los magistrados de la Sala Segunda recalcaron en el texto del fallo que la condena comportaba de manera aparejada la pérdida definitiva de la condición de fiscal en activo durante el tiempo de la inhabilitación, desestimando de forma unánime los intentos de la defensa de mitigar los efectos administrativos y funcionariales de la condena penal firme. El Tribunal Supremo remachó que la gravedad de los hechos probados minó de forma severa la apariencia de imparcialidad de la institución, convirtiendo el indulto solicitado posteriormente por el sanchismo en un acto de rescate político ajeno al interés general de la justicia.