Madrid, viernes 16 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La representación legal de Vox, bajo la dirección letrada de Jorge Buxadé Villalba, ha formalizado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un contundente incidente de ejecución forzosa en el marco del recurso ordinario n.º 1015/2026. El escrito va dirigido contra la parálisis deliberada de la Administración General del Estado a la hora de aplicar las medidas cautelares ganadas por el partido de Santiago Abascal. Vox insta a la Sala a obligar a las partes demandadas al «estricto, exacto y puntual cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas» con el objetivo inequívoco de «evitar que la desidia y voluntad rebelde al cumplimiento que han acreditado hasta el momento» anule la eficacia de las resoluciones de la justicia.
La formación provida y patriota advierte que la carga de la prueba recae sobre las instituciones del Estado. Por ello, reclama que se exija formalmente a la Administración General del Estado, al INE, a la Oficina del Censo Electoral (OCE), a la Dirección General de Españoles en el Exterior y a la propia Junta Electoral Central (JEC) que «DE MODO INMEDIATO concreten los órganos y funcionarios responsables, medios, procedimientos y plazos» mediante un plan operativo estrictamente acoplado al calendario electoral.
El documento, que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso, detalla la flagrante inacción del Ejecutivo. Tras dictarse el Auto de 10 de septiembre de 2026, y mientras se resolvía el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado (desestimado el 12 de octubre), el Gobierno activó de forma paralela la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026. Vox denuncia que «a fecha de hoy no consta en modo alguno el estado cumplimiento de los Autos», vulnerando el mandato legal de ejecución instantánea.
La formación recuerda que la resolución judicial decretó «la suspensión de la inscripción en el CERA… y la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones ya practicadas de las personas comprendidas en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 20/2022» que se hubieran beneficiado de las directrices ministeriales espurias. El partido subraya que el propio Ejecutivo conoce con pelos y señales el volumen de beneficiarios irregulares a través de los anexos facilitados por su propia Abogacía del Estado, evidenciando que conocen perfectamente la «identidad de los nacionalizados por la Disposición Adicional 8ª de acuerdo con la referida Instrucción de 25 de octubre de 2022». Vox ataca los privilegios de estas «ilegales directrices», las cuales otorgaban una arbitraria «presunción de exilio o directamente inexigencia de prueba del exilio».
La gravedad de la situación documental queda retratada en el tercer folio, donde Vox reproduce el reproche del propio Tribunal Supremo frente al apagón informativo del sanchismo. El tribunal calificó el nivel de cumplimiento del mandato de desglose y ordenación censal como «inexistente o, al menos, desconocido». La formación verde hace hincapié en que la Administración General del Estado y la Oficina del Censo Electoral han incurrido en una omisión absoluta, ocultando los datos de un bolsón electoral inmenso. Literalmente, el escrito denuncia que el Ejecutivo «ha omitido en su integridad» aportar el desglose de los «163.020 electores inscritos en el CERA por aplicación de la disposición adicional 8.ª.1.1 de la Ley 20/2022». El escrito judicial advierte que esta opacidad tiene además consecuencias directas sobre los «hijos mayores de edad de los anteriores», quienes también accedieron al censo de forma encadenada. Vox desmonta la coartada técnica oficialista recordando que al propio Estado «le consta también el motivo de adquisición siendo con ello perfectamente posible la perfecta identificación» de los afectados.
Los servicios jurídicos de la formación patriota imponen un muro de contención contra el intento del Ejecutivo de tramitar la ejecución a paso de tortuga. Vox reclama que los plazos judiciales se impongan sobre el calendario de votación de manera inexorable, estableciendo que «la proximidad o consumación de un hito electoral no puede convertirse en una vía de hecho para dejar sin efecto los autos». A tal fin, el partido detalla las fechas clave que el plan gubernamental debe respetar obligatoriamente: la identificación individualizada de las inscripciones bajo sospecha debe estar lista «antes del 20 de octubre de 2026»; la remisión de las certificaciones consulares válidas «antes del 22 de octubre»; y el marcaje técnico informático definitivo en los ficheros del CERA «antes del 24 de octubre de 2026», coincidiendo con el primer envío de documentación electoral al extranjero.
Vox exige comunicaciones diarias a la OCE hasta el 20 de noviembre y mandatos tajantes para el voto postal y presencial en embajadas (entre el 21 y 26 de noviembre). Finalmente, sitúa el control último en las Juntas Electorales Provinciales antes del escrutinio fijado para el 4 de diciembre de 2026, para separar los sobres ilegales antes de su introducción en la urna.
En el quinto folio del requerimiento, Vox invoca la propia jurisprudencia sentada por la Sala para anular de raíz cualquier intento del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Ministerio de Justicia de declararse incompetentes por motivos logísticos o falta de funcionarios. El texto recoge el severo recordatorio del Supremo: «No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la propia causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla».
Ante esto, el partido exige un informe consolidado y fiscalizado por múltiples departamentos del Estado que identifique de forma «concreta e individualizada» a las personas afectadas por oficina consular y circunscripción, remitiendo esos listados de inmediato a los consulados. Adicionalmente, exige poner nombres y apellidos a la trama burocrática del sanchismo, reclamando la filiación de «los responsables de cada actuación, identificados por cargo y nominativamente», cerrando así la puerta a que los altos cargos se escuden en el anonimato administrativo para perpetrar el fraude en el censo.
El cierre del requerimiento, firmado en Madrid a 15 de octubre de 2026 por el eurodiputado y jurista Jorge Buxadé y la procuradora Pilar Hidalgo López, se formaliza como un ultimátum legal absoluto contra el entramado institucional del Gobierno. Vox solicita formalmente un plazo máximo improrrogable de «dos días naturales desde la notificación y, en todo caso, antes del 24 de octubre de 2026» para que las administraciones codemandadas entreguen el plan operativo y remitan informes de avance de obligado cumplimiento «cada cuarenta y ocho horas» a la Sala.
La advertencia final eleva la tensión al terreno de la responsabilidad penal individual. Vox exige al Tribunal Supremo apercibir de manera personal a los titulares y jefes de departamento con la aplicación del artículo 112 de la LJCA, incluyendo expresamente la «deducción de testimonio por los delitos de desobediencia del artículo 410 del Código Penal» y la persecución de los graves «delitos electorales de los artículos 139.1 y 140 LOREG» si se consuma la manipulación del voto exterior para el 29N.
La batalla judicial de Vox contra la Ley de Nietos
Vox ha mantenido una ofensiva jurídica y política constante contra la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como la «Ley de Nietos». La formación liderada por Santiago Abascal argumenta que esta normativa no busca resarcir deudas históricas con los descendientes de los exiliados, sino que constituye un mecanismo de ingeniería electoral diseñado por el Ejecutivo para conceder la nacionalidad española de forma masiva y exprés a miles de ciudadanos extranjeros. Desde la perspectiva de Vox, esta concesión indiscriminada altera de forma irreversible la composición del censo electoral, diluyendo el voto de los residentes en España y permitiendo que personas sin un arraigo real ni un vínculo sociopolítico con la nación decidan el futuro político del país en los próximos comicios.
El partido argumenta que el procedimiento establecido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática carece de los controles administrativos y de seguridad jurídica elementales para la adquisición de un derecho tan sagrado como la nacionalidad. Vox ha denunciado reiteradamente ante los tribunales y las instituciones del Estado que la flexibilización de los requisitos documentales satura los consulados españoles en el extranjero, especialmente en Iberoamérica, abriendo la puerta a un fraude masivo en el Registro Civil. Según la formación patriota, la tramitación expré impide una verificación exhaustiva de los antecedentes y los lazos familiares directos, convirtiendo el acceso al pasaporte español en un proceso meramente burocrático y desprovisto de las exigencias constitucionales de integración.
En sus diferentes escritos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos de Vox han calificado la medida como un «fraude de ley masivo» y un atentado directo contra la soberanía nacional. El partido sostiene que el «sanchismo» utiliza la estructura consular del Estado para nacionalizar a lo que denominan «españoles fake», individuos que jamás han tributado ni residido en el territorio nacional y que son introducidos artificialmente en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA). Para Vox, el objetivo último de esta maniobra es consolidar una base electoral cautiva en el exterior mediante políticas de subsidios y redes clientelares que alteren los equilibrios democráticos dentro de España de manera artificial.
La formación subraya que la nacionalidad española es el vínculo jurídico supremo que une a los miembros de la comunidad nacional y que su desvalorización afecta directamente a los derechos del resto de los ciudadanos. En sus iniciativas legislativas destinadas a derogar la Ley de Memoria Democrática, Vox insiste en que las políticas de inmigración y nacionalidad deben guiarse por el principio del beneficio nacional, el arraigo cultural profundo y el respeto riguroso a la legalidad penal y civil. La formación denuncia que se otorguen derechos políticos plenos a quienes no comparten las cargas ni los deberes cotidianos de la sociedad española, socavando el principio de reciprocidad y la cohesión de la propia comunidad política.
Asimismo, la ofensiva jurídica de Vox se dirige contra las instrucciones dictadas por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que a su juicio expanden el alcance de la ley mucho más allá de lo aprobado en el propio texto legislativo del Congreso. Los servicios jurídicos del partido argumentan que estas directrices ministeriales vulneran la reserva de ley y extienden de forma arbitraria los supuestos de adquisición por opción, permitiendo que nietos e incluso bisnietos de emigrantes económicos —que nunca sufrieron persecución política ni exilio forzoso— accedan a la nacionalidad bajo el paraguas de la «memoria democrática». Esta ampliación es calificada por el partido como una burla al espíritu constitucional y una usurpación de funciones que corresponde dirimir en sede parlamentaria.
A nivel parlamentario y de calle, Vox ha complementado su estrategia jurídica con una intensa campaña de concienciación social, alertando sobre los peligros que reviste la modificación del censo electoral de cara a las futuras convocenciales electorales generales, autonómicas y europeas. Abascal y los portavoces del partido han denunciado que el incremento desproporcionado de inscritos en el censo CERA puede inclinar la balanza en circunscripciones electorales clave donde los escaños se deciden por apenas un puñado de votos. El partido reitera que el control del censo debe ser una prioridad absoluta de las fuerzas de la oposición para garantizar la limpieza, transparencia y legitimidad de los procesos democráticos en España.
Finalmente, la estrategia legal de la formación patriota busca sentar un precedente firme contra la instrumentalización partidista de las instituciones públicas por parte del Gobierno de coalición. La pérdida de neutralidad del Ejecutivo y la persistencia de Vox ante el Tribunal Supremo reflejan su compromiso de agotar todas las instancias jurisdiccionales posibles para frenar lo que definen como un «desmantelamiento sistemático del Estado de derecho». Con estas acciones, la formación no solo aspira a la anulación de los procesos de nacionalización irregulares ya iniciados, sino también a blindar el Registro Civil frente a futuras reformas que pretendan mercadear con la condición de español con fines meramente partidistas o de permanencia en el poder.