Redacción.- Madrid (España), martes 31 de enero de 2023. El Grupo Parlamentario VOX ha registrado diferentes iniciativas para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución que recoge el deber y el derecho de todos los españoles a conocer y usar el castellano, lengua oficial del Estado.
En concreto, VOX ha registrado:
-Proposición de Ley de modificación del artículo 14 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución en lo relativo a la denominación de los municipios.
-Proposición no de Ley para la reversión del daño al español provocado por el separatismo y las leyes de «normalización lingüística».
-Proposición no de Ley para la implantación de pruebas de competencias básicas del español en todo el territorio nacional.
En primer lugar, el GP VOX señala en su proposición de ley que «la misma existencia de España se ve amenazada por fuerzas separatistas que han hecho de las lenguas regionales el instrumento predilecto de su labor destructiva de los lazos que mantienen unido a nuestro país».
En este sentido, recuerda que el artículo 3 de la Constitución Española dispone que:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Por ello, el GP VOX asegura que «el especial respeto y protección preconizado por la mencionada norma constitucional para las lenguas regionales españolas en ningún caso puede justificar la utilización de dichas lenguas contra la posición del español como lengua común y única oficial de todo el Estado».
La presente ley pretende, por tanto, impulsar una reforma legal que garantice que el español, «como elemento sustancial que vertebra la unidad nacional, goce de especial respeto y protección en todos los ámbitos».
Cabe recordar que el español es la tercera lengua más hablada en el mundo (después del chino y el inglés) y la segunda en términos de extensión (solo tras el inglés); el número de hablantes de español supera los 600 millones y, de ellos, casi 500 millones son nativos.
En definitiva, los hispanohablantes suponen más del 8% de la población mundial.
Sin embargo, muchos hispanohablantes se encuentran cada vez más perseguidos en diferentes ámbitos (político, administrativo, educativo, sanitario o informativo) en algunas regiones de España.
Éste intento de arrinconar la lengua común -sostiene VOX en su proposición de ley- «es especialmente evidente en los separatismos gallego, vasco, catalán, valenciano y balear, que se han esforzado en desplazar el español mediante la falsa construcción del término `lengua propia’, con el fin de trasladar la idea de que el español es una lengua impuesta, como si se tratase de un idioma extranjero, invasor».
De esta manera, el uso de los topónimos en español de algunos municipios y provincias españoles ha sido reemplazado por el topónimo en la lengua distinta del español correspondiente al territorio respectivo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, a cuyo tenor «la denominación de los municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva comunidad autónoma, o en ambas».
En la práctica, esto no ha derivado en el uso conjunto de los términos en español y en la lengua regional correspondiente, sino que en la mayoría de los casos se ha conseguido la total desaparición del topónimo español, quitándole carácter oficial e, incluso, logrando que se excluya su utilización en textos de todo tipo, aún del ámbito privado.
Ésta práctica ha desembocado en distintas leyes estatales y regionales que tienen como como consecuencia el arrinconamiento del topónimo español.
Ante esta situación, VOX denuncia en su reforma legal que «la redacción actual de la ley de bases de régimen local no protege el uso del español en la toponimia nacional, por lo que es preciso emprender su modificación, como primer paso de una reforma más amplia que ahonde en el propósito de garantizar la riqueza lingüística de las regiones de España sin menoscabo alguno de nuestra lengua común».
Por ello, el GP VOX propone la siguiente proposición de ley:
«Artículo único. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Se modifica el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que quedará redactado en los siguientes términos:
((Artículo 14. (…) 2. La denominación de los Municipios será, en todo caso, en español, lengua oficial del Estado, sin perjuicio de serio adicionalmente en aquella que tenga carácter cooficial en la región respectiva».
Disposición adicional única. Relación de normas legales y reglamentarias, de ámbito nacional y regional, afectadas.
Dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de esta ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales la relación de las normas legales o reglamentarias, de ámbito tanto nacional como regional, que hayan de modificarse al amparo de la misma, distinguiéndose a tales efectos aquellas ya adaptadas a lo dispuesto en esta ley de otras cuya adaptación esté previsto impulsar, así como el calendario para ello.
Disposición derogatoria única.
Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera. Habilitación normativa. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el cumplimiento y ejecución de esta ley.
Disposición final segunda.
Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».
Por otro lado, VOX ha registrado una proposición no de ley para la reversión del daño al español provocado por el separatismo y las leyes de «normalización lingüística».
Uno de los aspectos en que se centra la propuesta es el de los empleados públicos. Para VOX, «se incurre en un grave riesgo de devaluación de los servicios públicos en las regiones con lengua cooficial», ya que el artículo 56.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el real decreto 5/2015, de 30 de octubre (el «TREBEP») establece que «las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales».
De esta forma, -advierte VOX- «el TREBEP permite exigir a los empleados públicos el conocimiento de la lengua regional, dando entrada a una traba en el acceso al empleo público en condiciones de igualdad para todos los españoles».
Ésta medida, que agrava la desigualdad entre españoles, provoca un grave riesgo de devaluación de los servicios públicos en las regiones con lengua cooficial.
Por un lado, «porque se priman los conocimientos de lengua sobre los saberes técnicos necesarios para la buena praxis profesional» y, por otro, porque «es inconcebible que empleados públicos competentes tengan vetado su acceso a determinadas regiones de España solo por el mero hecho de no conocer la lengua cooficial», denuncia VOX.
En los últimos tiempos hay ejemplos de ello. Durante la crisis del covid la falta de personal sanitario en muchas regiones hizo patente la necesidad de contratar a profesionales capacitados, con independencia de su conocimiento de las lenguas regionales.
Así sucedió en Baleares, cuyo gobierno había impedido a miles de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios acceder a una plaza en esa región por no poder acreditar su conocimiento de la lengua catalana.
Otro de los ámbitos donde se impone el rodillo separatista es en la escuela.
Allí, según se lee en la propuesta de VOX, «se ha perseguido, estigmatizado y expulsado el español de las aulas, además de haberse vulnerado contumazmente el derecho fundamental de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, así como su escolarización en español».
Muestra de ello es el reciente incumplimiento por parte de la Generalidad de Cataluña del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 4 de mayo de 2022 (recurso 168/2015), que acordó incoar incidente de ejecución forzosa de la Sentencia del TSJC 5201/2020, de 16 de diciembre, que obligaba al Gobierno catalán a que, al menos, un 25% de las clases se impartan en español en todos los centros educativos de la región.
Todo ello ha motivado que el Grupo Parlamentario VOX haya registrado una proposición no de ley en la que pide al Congreso que inste al Gobierno a garantizar el deber de conocer y el derecho a usar el español como lengua oficial en todo el territorio de nuestra nación y, en particular:
-A promocionarla como vínculo que fortalezca la unidad entre los españoles.
-A garantizar el mejor funcionamiento de los servicios públicos, primando únicamente el mérito y la capacidad para el acceso a la función pública, y no la ideología ni únicamente el conocimiento de lenguas españolas.
-A evitar que la diversidad de nuestras lenguas regionales sirva como elemento de división y fractura entre los españoles».
En tercer lugar, el GP VOX ha registrado una proposición no de ley para la implantación de pruebas de competencias básicas del español en todo el territorio nacional.
En dicha iniciativa, VOX propone que la realización de pruebas al finalizar las etapas educativas obligatorias (primaria y secundaria) sean desarrolladas por las administraciones educativas territoriales, «atendiendo a las especificidades de cada etapa educativa y haciendo énfasis en el establecimiento de un criterio homogéneo para que no exista discriminación alguna dentro del territorio nacional».
Hay que recordar que con la reciente aprobación de la ley Celad estos cambios afectan indirectamente a las pruebas de competencias básicas, al introducir cambios en las exigencias mínimas de cada etapa educativa.
VOX advierte de que «la estrategia de inmersión lingüística» practicada desde la promulgación de la Constitución con el fin de ‘normalizar’ el uso de las lenguas regionales, «pareciera no tener por objeto principal la consolidación de las respectivas lenguas en su correspondiente territorio, sino la eliminación de facto del español en determinadas regiones».
Quien sufre especialmente esta persecución del español es la población inmigrante procedente de Hispanoamérica, que encuentra en esta inmersión obligatoria un impedimento más para su integración. Por supuesto, este arrinconamiento también lo sufren los españoles autóctonos que reivindican su legítimo derecho a usar la lengua común.
Así, en Cataluña se han producido numerosas campañas contra los niños que utilizan el español en los patios de sus colegios, uno de los casos más graves se produjo en un colegio de Sitges, donde un niño de 5 años fue sancionado con una etiqueta roja por no hablar en la «lengua vehicular», esto es, el catalán.
En esta proposición no de ley VOX también recuerda la hostilidad hacia el español en otras regiones.
Así, en Galicia la consejería de Educación prohibe a los profesores y a los centros educativos usar el español en sus comunicaciones. Asimismo, en la comunidad Valenciana una menor escribió una carta al por entonces ministro de Educación y hoy Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que explicaba que le habían suspendido una asignatura en el colegio por responder a las preguntas en español y no en valenciano.
Por otro lado, en el País Vasco se encuentra en tramitación un proyecto de ley de educación que pretende eliminar los modelos lingüísticos que permitían escolarizarse en español, para que todos los alumnos estudien en vascuence mientras que en las Islas Baleares ha sido aprobado un proyecto de las mismas características que el vasco, que tiene como fin «garantizar el uso de la lengua catalana, propia de Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística».
Por si fuera poco, VOX denuncia «el último despropósito de la Generalidad de Cataluña», que, según diversos medios de comunicación, consiste en incluir pruebas orales de catalán en los exámenes de competencias básicas de sexto de primaria y cuarto de ESO.
Además, se prevé que a partir de 2024 la prueba de «Lengua catalana» (y «aranesa», en el Valle de Arán) sea obligatoria para todos los alumnos de ambos cursos, mientras que la de español e inglés solo será muestral, es decir, se realizará en un número de centros seleccionados.
Precisamente el objetivo de la iniciativa de VOX es el de parar la deriva separatista que «trata, ni más ni menos, que de utilizar las lenguas regionales no corno muestra de la riqueza cultural de España, sino corno un elemento que contribuya a la ruptura de la nación y al enfrentamiento entre los españoles».
Todos estos motivos han espoleado al GP VOX a pedir al Congreso que inste al Gobierno a «promover la implantación de pruebas de competencias básicas de español, en las etapas educativas de carácter obligatorio (Educación Primaria y Secundaria) y en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar el deber de conocer, y el derecho a usar, la lengua de todos los españoles, amparado por el artículo 3 de la Constitución Española».
