Redacción – El diputado de VOX por Barcelona al Congreso de los Diputados y líder de VOX en Cataluña, Ignacio Garriga: «El Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que «excepcionalmente aquellos que sean víctimas de trata de seres humanos, a pesar de no tener residencia legal en España podrán acceder a la renta mínima vital». Traducido: cualquier inmigrante ilegal que llegue en patera tiene derecho. ¡Efecto llamada!», ha dicho Garriga este lunes, 1 de junio en un mensaje a través de su cuenta oficial Twitter. para VOX, «El Gobierno» del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y vicepresidente Pablo Iglesias (Unidas Podemos) «dispara el efecto llamada al permitir cobrar el ingreso mínimo vital a inmigrantes ilegales». Madrid (España), martes 2 de junio de 2020.
Lo que dice el decretazo comunista:
«Artículo 7. Requisitos de acceso.
1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este requisito respecto de:
1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle reglamentariamente», por lo que varios miles de inmigrantes sin requisitos tendrán derecho al sueldo mensual comunista mientras a las familias españolas se les imponen desde el régimen socialcomunistas resquicitos.
El diputado Ignacio Garriga ha destapado una de las principales «trampas» que el Gobierno de Sánchez e Iglesias que permitirá que, cualquier inmigrante ilegal llegado en patera, pueda acceder al nuevo «Ingreso Mínimo Vital«.
Esta renta que bien pudiera servir, como en otros países europeos, para paliar las consecuencias de la crisis económica o servir como mecanismo de integración de aquellos que, por determinadas circunstancias, se ven expulsados del sistema de trabajo, se va a convertir, según ha demostrado Ignacio Garriga, en un incentivo más para que los inmigrantes ilegales quieran llegar a España.
Mientras que en otros países como Italia, Francia o Luxemburgo uno de los requisitos indispensables para poder acceder a este tipo de rentas estatales es el de la residencia continuada en ellos en un plazo que se sitúa que va de los cinco a los diez años, en el caso español y, según lo publicado en el BOE, bastaría con un año para poder solicitarla.
Además, gracias al político de VOX se ha podido comprobar que, entre las excepciones previstas a dichos requisitos por este gobierno se contempla que «aquellos que sean víctimas de trata de seres humanos, a pesar de no tener residencia legal en España podrán acceder» con lo que, de manera velada, se está abriendo una puerta a que cualquier inmigrante ilegal llegue a nuestro país y pueda solicitar dicha renta.
El BOE establece que «excepcionalmente aquellos que sean víctimas de trata de seres humanos, a pesar de no tener residencia legal en España podrán acceder a la renta mínima vital».
Traducido: cualquier inmigrante ilegal que llegue en patera tiene derecho.
¡Efecto llamada! pic.twitter.com/QWJq6Dpb4j
— Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) June 1, 2020
Cuando VOX habla de efecto llamada se le tilda de racista o xenófobo, sin embargo, este tipo de cláusulas, insertadas premeditadamente e invisibilizadas por un conjunto de medios de comunicación que reciben cuantiosas subvenciones de este gobierno, se han convertido en la prueba más evidente de que el «efecto llamada» existe, de que este Gobierno es consciente y de que, aún a sabiendas, no hace nada por remediarlo.
En VOX y, tal y como afirmó recientemente Iván Espinosa de los Monteros, defendemos que sea «la Nación quien decida cuántos inmigrantes hacen falta» y que aquellos que quieran venir a disfrutar de nuestro país deben solicitarlo por los cauces legales adecuados. Sin embargo, este Gobierno cree en otorgar privilegios a aquellos que infringen las normas y, con ello, perjudicar tanto a aquellos que residen legalmente en nuestro país como a los españoles mismos.
