Vox denuncia ante la Fiscalía del Supremo a Sánchez y Puigdemont tras reconocer el prófugo que «derrotó a España»

La formación patriótica pide investigar presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, coacciones, obstrucción a la justicia, organización criminal y traición a raíz de la entrevista concedida por el líder separatista en Waterloo.

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FOTOGRAFÍA. BRUSELAS (BÉLGICA), 30 DE OCTUBRE DE 2023. El delincuente indultado Rull se reunirá con los prófugos. El Partido Socialista se deja ver por primera vez junto al golpista prófugo de la Justicia española, en marco de las negociaciones de investidura de su candidato Pedro Sánchez Pérez Castejón. A la Reunión han asistido el secretario general de la derecha separatista Junts per Catalunya (JxCat) e indultado preso del golpe de 2017, Jordi Turull Negre (d); la presidente del Grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez (2i); y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez (i); el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán León (3d) y el golpista antiespañol fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont Casamajò (2d). Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)
FOTOGRAFÍA. BRUSELAS (BÉLGICA), 30 DE OCTUBRE DE 2023. El Partido Socialista se deja ver por primera vez junto al golpista prófugo de la Justicia española, en marco de las negociaciones de investidura de su candidato Pedro Sánchez Pérez Castejón. A la Reunión han asistido el secretario general de la derecha separatista Junts per Catalunya (JxCat) e indultado preso del golpe de 2017, Jordi Turull Negre (d); la presidente del Grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez (2i); y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez (i); el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán León (3d) y el golpista antiespañol fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont Casamajò (2d). Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Madrid, jueves 19 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La formación política Vox, representada por la procuradora Pilar Hidalgo López y bajo la dirección letrada de Marta Asunción Castro Fuertes, ha presentado este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal Supremo tras analizar la «notitia criminis» derivada de las declaraciones públicas del prófugo y presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont Casamajó, quien reconoció haber negociado contrapartidas con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y emisarios de Pedro Sánchez Pérez-Castejón a cambio de su apoyo parlamentario en noviembre de 2023.

​En el encabezamiento y exposición inicial del escrito, Vox subraya que Puigdemont «reconoce» públicamente haber pactado contraprestaciones con emisarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para garantizar su investidura. Ante la gravedad de estas revelaciones, la denuncia reclama una investigación exhaustiva para identificar a todos los participantes y el alcance de lo ofrecido, señalando que los hechos descritos podrían constituir hasta ocho tipos penales distintos: «delito de cohecho», «tráfico de influencias», «malversación», «prevaricación», «coacciones», «obstrucción a la justicia», «organización criminal» e incluso «un posible delito de traición», solicitando por ello la incoación de diligencias preprocesales al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

​Las confesiones en Waterloo sobre la ambición de Sánchez

​En el primer apartado de los hechos, el escrito sitúa el origen de la denuncia en la entrevista concedida por Carles Puigdemont al periodista Esteban Urreiztieta en su residencia de Waterloo (Bélgica), publicada en edición digital el 18 de noviembre y en papel este 19 de noviembre, acompañada de una grabación en vídeo de 40 minutos y 4 segundos. Vox destaca que la versión escrita resalta en su entradilla la afirmación «Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos» y titula con la sentencia «Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España», motivo por el cual solicita que se requiera al periódico la entrega de la grabación íntegra y en bruto.

​Al desgranar el hecho segundo, relativo al reconocimiento expreso de contraprestaciones, la denuncia recoge los minutos exactos en los que el dirigente separatista detalla la estrategia de su partido frente al Ejecutivo socialista. Puigdemont afirma que decidieron probar «donde llega su ambición por el poder y su cinismo» con el objetivo de «intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles». Asimismo, explica que impusieron la ley de amnistía como condición previa al afirmar que «no podíamos abordar un diálogo con la amenaza de tener que ir a la prisión, de ser extraditados […] y de ahí tenía que venir la amnistía», a lo que los socialistas «dijeron que sí».

​En esa misma secuencia de declaraciones, el líder secesionista describe a Pedro Sánchez como «una persona amoral y con una ambición desmedida» y presume de haberse aprovechado de esa circunstancia «para infligir algunas derrotas a España, que no habríamos podido llevar a cabo». Además, aclara que cuando el Gobierno reclamó mayor colaboración parlamentaria tras aprobarse la norma, Junts respondió tajante que «ya pagamos el precio que es la investidura» y «de esto no se habla más». Puigdemont confiesa igualmente su intervención directa en la redacción de la norma de la que era beneficiario, asegurando que «tenemos una parte importante de la autoría, no solo narrativa, sino técnica legislativa» y que «los puntos más críticos de la ley son nuestros», mostrando incluso su sorpresa por la facilidad con la que el PSOE asumió la medida al señalar que «yo pensaba que iban a lucharlo un poco más».

Dos cestas de exigencias, reuniones en Suiza y el papel de Zapatero y Cerdán

​En el hecho tercero, Vox analiza las materias concretas objeto de negociación relatadas por el entrevistado, quien las divide en «dos cestas»: una coyuntural sobre «competencias, financiación, decretos o leyes que son invasivas de competencias, un déficit estructural, los trenes» y otra de fondo centrada en «soberanía, reconocimiento internacional, lengua catalana y el reconocimiento nacional de Cataluña». Para desarrollar estas conversaciones, Puigdemont confirma que exigió un espacio neutral, «por tanto, Suiza», junto a «una tercera parte en la negociación que fuera independiente». Respecto a la cesión de competencias en inmigración, relata que el Gobierno cedió en el último instante «con la ruptura asegurada en la mesa, claudicaron, que fue el tema de los Mossos de Escuadra en los controles fronterizos, el tema del NIE», mientras que en materia económica denuncia que «nos ofrecieron de todo, incluso el chantaje narrativo, ¿cómo vais a renunciar a tanto dinero?». Aunque niega un ofrecimiento directo para manipular a los tribunales («jamás hubo ese tipo de aproximación»), apostilla sobre el Ministerio Público que «yo me creí lo que Pedro Sánchez dijo un día, públicamente, de quién depende la Fiscalía».

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​El hecho cuarto se centra en la identidad de los negociadores socialistas tras el veto de Junts al ministro Félix Bolaños. Según el testimonio recogido en la denuncia, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero «forma parte de prácticamente todas las reuniones que hicimos en Suiza, y algunas aquí en Bruselas», actuando siempre en representación oficial porque «cuando el presidente Zapatero hablaba, […] lo hablaba en nombre del PSOE». Junto a él, Puigdemont señala que «el encargado de hacer el enlace era Santos [Cerdán]», de quien destaca que «había demostrado mucha solvencia y diligencia en su cometido» a lo largo de las aproximadamente veinte reuniones celebradas en territorio suizo.

​En el hecho quinto, el escrito aborda las revelaciones sobre un emisario socialista cuya identidad Puigdemont oculta, quien le visitó en tres ocasiones en el contexto de los indultos de 2021. El prófugo sostiene que «me vino a ver tres veces, primero cuando aún había situación de prisión, después en plena negociación de los indultos y después con la concesión de los indultos», detallando que «se me dibujó una senda de indultos […] que esto sí que estaba en la mano del gobierno, a lo que yo no acepté», tras ofrecérsele «soluciones personales» por parte de un emisario que «no es muy conocido, pero era un cargo, sí. Pero no lo voy a revelar».

​El cerco judicial al entorno familiar y político de Pedro Sánchez

​El hecho sexto contextualiza estas confesiones dentro de la batería de procedimientos penales que cercan al entorno más próximo del presidente del Gobierno. El documento recuerda la condena impuesta el 22 de junio de 2026 por el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos a «24 años y 3 meses de prisión», junto a Koldo García y Víctor de Aldama, por «organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias», así como la situación procesal de Santos Cerdán, investigado en el Supremo —donde estuvo en prisión provisional en 2025— e imputado en 2026 en la Audiencia Nacional por el «caso Leire».
​También recoge la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero el 19 de mayo de 2026 en el «caso Plus Ultra» por «presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental», donde se intervinieron en su caja fuerte joyas tasadas en «1.023.320 euros», además de las causas abiertas en la Audiencia Nacional por el «caso hidrocarburos» —con un fraude de «182,5 millones de euros en IVA»— y las piezas secretas sobre la presunta financiación irregular del PSOE vinculadas a pagos en metálico y a un contrato de «15 millones de euros vinculado a Venezuela».

​Asimismo, el texto enumera la condena de nueve años de inhabilitación por «prevaricación administrativa» dictada el 14 de julio de 2026 contra el hermano del presidente, David Sánchez; la inhabilitación de dos años impuesta en noviembre de 2025 al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por «revelación de datos reservados»; las diligencias de la Audiencia Nacional por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en julio de 2026 con presencia de «32 agentes marroquíes» y una denuncia incorporada por «traición»; la apertura de juicio oral ante tribunal del jurado acordada en septiembre de 2026 contra la esposa del presidente, Begoña Gómez; y la investigación por las presiones sufridas por la juez Beatriz Biedma en el «caso Leire», personada como perjudicada por delitos de «obstrucción a la justicia» y «organización o grupo criminal».

Fundamentación jurídica y batería de diligencias solicitadas

​En los fundamentos jurídicos, el apartado primero sobre competencia justifica la presentación ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al afectar los hechos a personas aforadas conforme al «artículo 102.1 de la Constitución», precisando que respecto al delito de traición rige la iniciativa del Congreso prevista en el «artículo 102.2 de la Constitución» para miembros del Ejecutivo, aunque no para implicados no aforados. Vox recalca que la denuncia no parte de un rumor, sino de una «notitia criminis que merece una comprobación mínima, seria y urgente» al estar dos de los intermediarios señalados ya investigados por corrupción.

​En el segundo fundamento, relativo al análisis de las declaraciones, el escrito sistematiza seis claves probatorias: el reconocimiento de un intercambio donde la investidura fue el «precio»; la confesión de la «autoría» técnica de la ley de amnistía por su propio beneficiario; la intervención de interlocutores hoy investigados como Zapatero y Cerdán; la oferta de «soluciones personales» por un cargo oculto; los elementos exculpatorios alegados por el propio prófugo al calificar la amnistía de «exigencia política»; y las discrepancias entre el titular publicado y el vídeo difundido, que obligan a reclamar la cinta sin cortes.

​El tercer fundamento detalla la tipicidad penal de cada delito imputado y rebate de antemano cualquier intento de archivo basado en la inadmisión de una querella anterior en 2024. La formación argumenta que aquellos hechos se analizaron entonces como un mero pacto político, mientras que ahora concurren «trascendentales revelaciones de noviembre de 2026 sobre contenidos no publicados del acuerdo» y datos inéditos sobre la autoría de la ley y la intervención de imputados por organización criminal.
​Finalmente, en el apartado cuarto y en el suplico, Vox interesa una batería urgente de diligencias que incluye tomar declaración al propio Carles Puigdemont para que entregue «documentos de la negociación, borradores intercambiados de la ley de amnistía, actas o informes del mecanismo internacional de verificación, mensajes y correos electrónicos»; oficiar a la editora de El Mundo para que aporte la «grabación íntegra y en bruto de la entrevista»; y citar a declarar a «Pedro Sánchez Pérez-Castejón», «José Luis Rodríguez Zapatero», «José Luis Ábalos Meco» y «Santos Cerdán».