Madrid, lunes 14 de septiembre de 2026. Vox ha exigido hoy a la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrir el tercer grado del terrorista Henri Parot Navarro para evitar su «impunidad». El partido político patriota de Santiago Abascal Conde solicita la suspensión inmediata de la semilibertad del etarra al considerar que el Gobierno Vasco incumple la legalidad penal y humilla a las víctimas del terrorismo.
El partido político Vox, bajo la representación jurídica de la letrada Marta Asunción Castro Fuertes, ha registrado una solicitud formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según el escrito al que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso este lunes. En ella, insta al Ministerio Fiscal a interponer un recurso urgente contra la resolución del Gobierno Vasco del pasado 9 de septiembre, mediante la cual se concedió el tercer grado penitenciario al histórico miembro de ETA, Henri Parot Navarro. La formación solicita, además, la suspensión inmediata de esta medida para que el preso reingrese en prisión.
Henri Parot, exintegrante del «Comando Argala», acumula 26 sentencias firmes y penas que suman cerca de 4.797 años de cárcel por múltiples delitos de terrorismo. Entre sus acciones criminales más atroces destaca el brutal atentado con coche bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que se cobró la vida de once personas, incluidos varios menores de edad, y dejó 88 heridos.
Un régimen abierto «desproporcionado» e incompatible
La formación verde denuncia que la aplicación del tercer grado permitiría a Parot disfrutar de un régimen abierto en semilibertad, con ausencia total del centro penitenciario durante todo el día y bajo el único control de una pulsera telemática.
Vox califica esta situación de «manifiestamente desproporcionada e incompatible» con la extrema gravedad de sus crímenes (39 asesinatos consumados y decenas de tentativas).
En su escrito, recuerdan que Parot ya se encuentra sometido desde julio de 2025 a un régimen flexible bajo el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el cual le permite salir diariamente a realizar actividades laborales o de voluntariado. Sin embargo, el paso al tercer grado se considera un salto inaceptable que elude las normas de rango orgánico.
Antecedentes: El origen de la «doctrina Parot»
El propio historial penal de este terrorista dio nombre a una de las herramientas jurídicas más relevantes en la lucha contra la impunidad en España. La conocida como «doctrina Parot» se originó a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 197/2006, dictada precisamente en el caso de Henri Parot.
Esta doctrina establecía que los beneficios penitenciarios y las reducciones de condena debían aplicarse de forma individual sobre cada una de las penas impuestas, y no sobre el límite máximo de 30 años de permanencia en prisión que fijaba el Código Penal de 1970.
Aunque esta doctrina fue posteriormente anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013, el documento de Vox subraya que dicha resolución no afecta a la vigencia ni a la aplicabilidad de los requisitos reforzados introducidos por la Ley Orgánica 7/2003.
Esta normativa posterior exige un control riguroso e integral para el cumplimiento efectivo de las penas en delitos de terrorismo, blindando las exigencias de reinserción frente a atajos reglamentarios.
Incumplimiento de la legalidad penal y humillación a las víctimas
El núcleo del recurso de Vox se basa en el incumplimiento flagrante del artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). Según la normativa vigente, la progresión al tercer grado de un condenado por terrorismo exige requisitos cumulativos estrictos que, según la formación, no se han acreditado:
1.- Satisfacción de la responsabilidad civil con su patrimonio presente y futuro.
2.- Signos inequívocos de abandono de los fines y medios terroristas.
3.- Colaboración activa con las autoridades para impedir delitos o identificar a otros responsables.
4. -Petición expresa de perdón a las víctimas y repudio explícito de la violencia.
Asimismo, Vox alerta de que la decisión del Ejecutivo autonómico vasco supone un «menosprecio y humillación» flagrante a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, vulnerando el artículo 61 de la Ley 29/2011, que obliga al Estado a prevenir actos de descrédito o ensalzamiento de los criminales.
El «efecto suspensivo» como freno inmediato
La solicitud de Vox apela al artículo 124.1 de la Constitución Española para que la Fiscalía actúe en defensa de la legalidad. El partido destaca un elemento procesal clave: conforme a la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la mera interposición del recurso por parte del Ministerio Fiscal tendrá efecto suspensivo automático.
Esto paralizaría de inmediato la aplicación del régimen abierto y obligaría a Henri Parot a retornar al establecimiento penitenciario de manera fulminante hasta que los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional dictaminen una resolución definitiva.
La inquebrantable batalla de Vox por la dignidad de las víctimas
Con esta nueva ofensiva jurídica, Vox vuelve a posicionarse como la única fuerza política que planta cara de manera sistemática a las cesiones institucionales frente al entorno de ETA.
Frente a la inacción de otras formaciones, en particular el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, y el amparo que los sucesivos gobiernos autonómicos y centrales han brindado a la flexibilización de las penas de los terroristas, el partido liderado por Santiago Abascal Conde demuestra que su compromiso con la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo no es meramente retórico, sino una batalla activa y constante en los tribunales.
Esta firme defensa judicial se alza como el último dique de contención contra el blanqueamiento criminal y la humillación que sufren los damnificados por el terrorismo en España.
Al personarse y exigir el cumplimiento estricto de la ley frente a las transferencias de competencias penitenciarias —utilizadas a menudo como moneda de cambio político—, Vox reafirma su papel indispensable en la fiscalización del Estado de Derecho, garantizando que quienes tiñeron de sangre la historia del país cumplan íntegramente con sus deudas ante la justicia y la sociedad.