Redacción – José Manuel Marín advierte de que, a partir de septiembre, se colapsará la Justicia. El senador de VOX por Murcia, José Manuel Marín, ha denunciado hoy que a la Administración de «olvidadas» en los decretos del Estado de Alarma, pese a que el Coronavirus «afecta en todos los ámbitos y en todos los niveles». Y en la Justicia, ha explicado el senador, «no sólo en cuestiones de fondo, sin Justicia ha sido una de las o también en cuestiones organizativas, que tienen trascendencia en la actividad diaria, y tienen reflejo directo en los ciudadanos». Madrid (España), lunes 7 de septiembre de 2020.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia que se ha celebrado hoy en el Senado, Marín ha reclamado medidas sanitarias urgentes porque, ha explicado, «es de vital importancia definir las situaciones y las consecuencias de cada escenario, previstas en nuestra legislación, porque la ruina que se nos viene encima afectarán a muchas personas y empresas».
En este sentido, ha enumerado los expedientes que se van a acumular para la Justicia española: «se prevé que crezcan las solicitudes de concurso tanto de personas físicas como jurídicas, en donde los principales acreedores son organismos públicos como el Fondo de Garantía Salarial, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la seguridad Social».
Es por ello, ha anunciado, «VOX ha propuesto en sus enmiendas al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, la introducción, en la disposición adicional quinta, la creación del órgano colegiado de gestión de créditos públicos en procesos concursales, de composición interministerial y mixta para dotar de seguridad jurídica a la venta de unidad productiva, una de las salidas que permite conservar la actividad de nuestro tejido empresarial, y mantener el equilibro entre la salvaguarda de los recursos públicos, el empleo, y los intereses generales».
Marín ha explicado que las enmiendas de esta formación están encaminadas a «aclarar cuestiones, definir situaciones y delimitar consecuencias, para reforzar la seguridad jurídica en la hecatombe económica que tendremos, a no pasar muchos días».
La reforma, a la espera
No obstante, el senador ha denunciado que la «Administración de Justicia ya estaba pendiente, antes de la pandemia, de una gran reforma, siempre demorada, porque no da votos».
Y ha hecho especial mención a la necesidad de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, y trabajar para dar solución al problema con los «okupas» y proteger de una vez por todas a los propietarios frente a usurpadores de la propiedad.
«Como siempre, el Gobierno llega con retraso, y además de forma incompleta, inexacta, en una especie de improvisación que más que ayudar a avanzar crea una maraña de confusión, como la implementación de la habilitación del mes de agosto, que como se ha demostrado, para nada ha ayudado a agilizar el trabajo, por el contrario, ha suscitado las críticas entre jueces, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores». ha dicho.
Abandono de los funcionarios
El senador Marín ha reprochado al Ejecutivo el abandono de los funcionarios por parte de la Administración, porque «no tuvieron ninguna previsión para evitar contagios», pero «tampoco ahora» y ha recordado que «esta formación ha puesto de manifiesto que se debería tener especial cuidado en salvaguardar los derechos de los funcionarios de la Administración de Justicia».
En este sentido, se ha referido a la «flexibilidad en la asignación de personal, eliminando el sistema forzoso de cambio temporal de destino, y aplicando el criterio de voluntariedad, con la subsiguiente retribución, también al implementar planes de refuerzo y sustitución».
Marín ha advertido de que, a partir de septiembre, «iremos viendo una Administración de Justicia absolutamente colapsada, en la que, a la acumulación de los expedientes antiguos se unirán los nuevos».
«Sus medidas son anuncios publicitarios, buscan el titular rimbombante que a todos nos gusta escuchar: apostar con fuerza por el avance de la transformación digital», ha criticado el senador, quien ha recordado que la transformación digital de la Justicia debería haberse implementado desde el 2011″, sin embargo, «ha tenido que existir una pandemia para que el Ministerio de Justicia interiorice la necesidad de adaptación a las formas de trabajo del siglo XXI».
En la misma línea, el senador se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno «es incapaz de aprobar», y en los que amplían los presupuestos «destinados a chiringuitos ideológicos y a ampliar los cargos y asesores en el Gobierno, en vez de aumentar los medios de la asistencia jurídica gratuita, agilizar los procedimientos, y dotar de medios a una administración de justicia obsoleta y colapsada».
Propuestas de VOX al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia:
– La ampliación de la tramitación preferente en supuestos necesarios, (enmienda al art. 2 y 9).– La posibilidad de modificación del convenio concursal y los acuerdos de refinanciación, acreditando la influencia del COVID como causa de riesgo de incumplimiento del mismo y simplificando los trámites (enmienda al art. 3 y 5).
– La ampliación de plazos para la solicitud del preconcurso y concursos y sobre todo facilitar la vía de negociación en aras a estimular la continuidad de las empresas a través del apoyo de sus acreedores y la reducción de costes. (enmienda al art. 6).
– La consideración de crédito contra la masa, los créditos e ingresos de tesorería realizados por personas especialmente relacionadas con el deudor, para favorecer la liquidez (enmienda al artículo 7).
– Impulso de medios de ejecución extrajudicial, preferiblemente notarial (enmienda al art. 10), y agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos (enmienda art. 12).
– Suspensión del acuerdo de liquidación de la Sociedad durante el año posterior a la declaración del estado de alarma, en casos en los que no se acredite el valor de la liquidación de la Sociedad superior al acuerdo a refinanciación. (enmienda al art. 13).
– Reforma del régimen de costas del art. 394 que penalice la litigación no responsable. (disposición adicional novena).
– Habilitación de medios seguros, tanto sanitarios como de sistema de seguridad de identificación personales para la interlocución con la administración de la justicia (enmienda art.18).
