VOX pide 2 años de inhabilitación para acusados de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 2017

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 21.07.2020. Los acusados separatistas miembros de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña de la pasada legislatura del golpe de estado separatista en Cataluña, año 2017, Lluis Corominas (d), Anna Simó (2d), Ramona Barrufet (c), y Lluís Guinó (2i), junto a la exdiputada de la CUP, Mireia Boya (i), durante el comienzo del juicio procés a la Mesa del Parlamento regional de Cataluña. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – VOX pide prisión, dos años de inhabilitación y multa para los acusados golpistas separatistas de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan 1 año y ocho meses de inhabilitación, así como 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia grave. la formación de Santiago Abascal Conde Vox comunicó su decisión de retirar la acusación de “organización criminal”, con la que los verdes pedían una pena de 12 años de prisión para los acusados. Asimismo, la tercera fuerza política en nuestro país mantiene el delito de desobediencia grave con 2 años de inhabilitación. El juez Jesús María Barrientos, el presidente del Tribunal del «juicio procés» a los acusados separatistas, miembros de la Mesa del parlamento regional catalán, aceptó retirar la acusación de organización criminal. Barcelona (España), viernes 24 de julio de 2020. 

Las defensas de los excompañeros de la golpista presa, expresidente de la cámara regional catalana, Carme Forcadell Lluís (ERC), en la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña han pedido al final de su juicio por desobediencia que no se los condene por ejercer su trabajo como parlamentarios al considerar que estaban amparados por ley como “legítimos representantes” de la ciudadanía en Cataluña.

Así lo han esgrimido los letrados Judit Gené y Raimon Tomàs en sus informes finales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que juzga desde el martes a los exmiembros de JxSí, alianza separatista de ERC y Convergencia-PDECAT, en la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya en la pasada legislatura por la tramitación en 2017 de las llamadas leyes de desconexión del Procés golpista: La ley del referéndum ilegal del 1-O de 2017, la Ley de declaración de independencia de Cataluña, con los resultados del golpe del 1-O, y la Ley de Transitoriedad Jurídica, una herramienta con la que el golpismo negociaría la separación de Cataluña con el resto de España durante en las negociaciones con el Gobierno del Reino de España.

“Que no se convierta en la primera sentencia que condena a parlamentarios por hacer su trabajo parlamentario”, ha subrayado Gené, que representa a Corominas, Barrufet y Guinó (del PDeCAT), para quienes, al igual que para el resto de acusados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan 1 año y ocho meses de inhabilitación, así como 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia grave, mientras VOX pide dos años de inhabilitación.

De acuerdo con la abogada, cuando los miembros de la Mesa permitieron la tramitación de las leyes del ‘procés’, estaban amparados por la ley gracias a su inviolabilidad parlamentaria, por lo que ha exigido al poder judicial que sea “respetuoso”: “Que reconozca que es la ley la que nos ampara cuando defendemos que actuamos en legítima representación”.

La defensa de Corominas, Barrufet y Guinó ha aseverado también que sus clientes están siendo juzgados por no haber interpretado las resoluciones del Tribunal Constitucional como éste “quería”, lo que ha tachado de “diabólico”, y ha recalcado que condenarlos “significará reprocharles no haber censurado previamente” un debate parlamentario que, ha dicho, “consideraban un derecho fundamental”.

“Están sentados (en el banquillo de los acusados) por un delito de desobediencia porque no interpretaron como la Abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional consideraban que se tenía que interpretar. Tal cual”, ha denunciado.

Ha negado, por tanto, que incurrieran en una “desobediencia clara, contumaz y reiterada”, y ha recriminado a las acusaciones que hayan “tergiversado el papel de la Mesa” y que traten de “cambiar su naturaleza” al atribuirle un rol meramente administrativo como si de una “ventanilla de la Seguridad Social” se tratara.

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