Lasvocesdelpueblo y Agencias – «El Gobierno de Cataluña tenía la principal función de controlar la fuerza» que suponían los 17.000 agentes armados de los Mozos de Escuadra y organizar el referéndum ilegal no autorizado por la Justicia; el Parlamento de Cataluña tenía el cometido de crear un «marco legal» que diera «apariencia» de legalidad al ‘Procés’; y por último ANC y Òmnium Cultural de los ‘Jordis’ eran las encargadas, según Vox, de «provocar el rechazo a las instituciones legítimas del Estado, coordinar la votación a través de los Comités de Defensa de la República Catalana (CDR) y «agredir, presionar y coaccionar» a la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el golpe de estado en la región catalana. En ese sentido, para acabar su lectura final en el Juicio del Procés, de unas 45 minutos, VOX (Acusación Popular) ha pedido que las penas cumplan la «doble finalidad punitiva» de castigo por un lado y de «finalidad disuasoria», por otra, «para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento jurídico». Si es así, habrá «triunfado» la justicia, la democracia, la soberanía nacional y la «nación española». Madrid (España), martes 4 de junio de 2019.
Pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal para el expresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; 62 años por rebelión y organización criminal para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el expresidente de ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; 24 años por malversación, organización criminal y desobediencia para los exconsejeros Carles Mundó y Meritxell Borràs; y multa por desobediencia para Santi Vila.
«PRETENDIERON CULMIONAR EL MÁS NOVEDOSO PROCESO GOLPISTA CONTRA UN ESTADO DE DERECHO»
La Acusación Popular ejercida por Vox en el juicio del ‘procés’ ha sostenido su acusación de «organización criminal» contra los líderes independentistas que se sientan en el banquillo porque considera que cometieron un delito de rebelión de «manera concertada y coordinada» con el reparto de distintas funciones y ha pedido al tribunal que les condene con penas «disuasorias» para que nunca nadie más intente dar lo que han calificado de «golpe de Estado».
El número dos del equipo jurídico del partido de la llamada ‘España Viva’ en el Juicio Procés, Pedro Fernández, ha sostenido que los acusados «pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista contra un Estado de Derecho que nunca antes se ha producido en una sociedad moderna» usando para ello la movilización popular como «elemento sustancial» y que lo intentaron «enmascarar de proceso democrático».
Los abogados ‘voxes’ consideran acreditado fue un «alzamiento violento» en el que «hubo ostentación de una fuerza y la determinación de usarla» y ha puesto como ejemplo las «murallas» humanas y el lanzamiento de piedras contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el pasado 1 de octubre de 2017 en Cataluña (1-O) o los escraches en hoteles y cuarteles.
El objetivo, ha sostenido Fernández, era «transmitir la amenaza de que esa movilización popular podría devenir en incontrolable» y forzar así al Estado a negociar la independencia.
UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON FUNCIONES DISTINTAS
Por su parte, el portavoz del equipo jurídico de VOX en el Juicio Procés, secretario general del partido ‘verde’ del Reino de España y actual diputado al Congreso y concejal electo en el ayuntamiento de la capital de España, Javier Ortega Smith-Molina, se ha centrado en argumentar por qué consideran que cometieron «organización criminal» además de rebelión, malversación y desobediencia. El letrado ha recordado que el Código Penal considera que es una «organización criminal» aquella agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
Respecto a este último requisito Ortega Smith ha señalado que hubo un reparto de funciones entre el gobierno d ela Generalidad de Cataluña, el Parlamento autonómico de Cataluña y las asociaciones separatistas de los presos ‘Jordis’: Asamblea Nacional Catalana (ANC) de Jordi Sánchez y Ómnium Cultural de Jordi Cuixart.
«El Gobierno de Cataluña tenía la principal función de controlar la fuerza» que suponían los 17.000 agentes armados de los Mossos y organizar el referéndum; el Parlamento de Cataluña tenía el cometido de crear un «marco legal» que diera «apariencia» de legalidad al ‘Procés’; y por último ANC y Òmnium Cultural de los ‘Jordis’ eran las encargadas, según Vox, de «provocar el rechazo a las instituciones legítimas del Estado, coordinar la votación a través de los Comités de Defensa de la República Catalana (CDR) y «agredir, presionar y coaccionar» a la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el golpe de estado en la región catalana.
El letrado ha acabado su intervención asegurando que «no podrá haber justicia» si no se dicta una sentencia con unas penas «acordes a la gravedad de los delitos».
En ese sentido, ha pedido que las penas cumplan la «doble finalidad punitiva» de castigo por un lado y de «finalidad disuasoria», por otra, «para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento jurídico». Si es así, habrá «triunfado» la justicia, la democracia, la soberanía nacional y la «nación española».
Vox es la Acusación que pide las penas más altas para las acusados.
Pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal para el expresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; 62 años por rebelión y organización criminal para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el expresidente de ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; 24 años por malversación, organización criminal y desobediencia para los exconsejeros Carles Mundó y Meritxell Borràs; y multa por desobediencia para Santi Vila.
