Redacción.- Madrid (España), martes 22 de febrero de 2022. La diputada y portavoz de VOX en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Georgina Trías, ha defendido la Proposición no de Ley sobre el fortalecimiento de la Alta Inspección educativa presentada por su grupo parlamentario.
La intervención de Trías ha sido la siguiente:
«Hoy proponemos a debate una asignatura pendiente en la legislación educativa en España: la Alta Inspección Educativa. Ese órgano regulador que hoy en día es del todo ineficiente a la luz de la situación lingüística que se vive en las Comunidades Autónomas (CCAA) donde hay lengua cooficial.
Desde 1978 hay un vacío normativo respecto de la Alta Inspección. Un vacío consecuencia de no haber desarrollado adecuadamente el artículo 149 y 3 de la Constitución Española según el cual el castellano es la lengua oficial del Estado, que los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar.
En contrapartida, las autonomías nacionalistas sí han ido introduciendo en sus estatutos prerrogativas en favor de las lenguas cooficiales, siempre en detrimento del castellano, y vulnerando los derechos de los ciudadanos, tal como atestiguan las demandas de las familias y que finalmente el Tribunal Supremo (TS) ha resuelto sentenciando que debe impartirse un mínimo del 25% en español en las lenguas donde conviven dos lenguas oficiales. Los partidos nacionalistas, a lo largo de 40 años han propiciado esta parálisis, pues sus votos eran necesarios para la alternancia en el poder del PSOE y PP.
Así, los sucesivos gobiernos de España, han motivado esta vulneración de los derechos lingüísticos de los españoles al no regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales entre los cuales se encuentra el de conocer la lengua del Estado, el español.
Y ahí es donde el papel de la Alta Inspección Educativa debe cobrar un papel relevante, con una función específica y eficiente, además de convertirse en referente de la inspección educativa ordinaria, demasiado atomizada por autonomías y con estrategias cambiantes.
Las autonomías han aprovechado esta dejación legislativa, y ellos sí, como hemos dicho, han legislado excluyendo el carácter oficial, propio y vehicular del español de la enseñanza y de las administraciones, y hasta de las relaciones cotidianas e incluso en el ámbito empresarial.
Los nacionalistas han elaborado una serie de leyes y reglamentos que discriminan el español en favor de la que ahora llaman ‘lengua propia’, como si el español no lo fuera. Y así, han colonizado los medios de comunicación, las instituciones autonómicas y la educación.
La exclusión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje afecta a más del 40% de la población española, que es el porcentaje que vive en regiones donde hay lengua cooficial. Se están vulnerando los derechos de las familias, que ven cómo esta situación afecta al desarrollo académico y profesional de sus hijos.
Lo denuncian asociaciones, familias y estudios que acreditan los daños y perjuicios en el aprendizaje de alumnos castellanohablantes por la imposición lingüística
Pero el Gobierno catalán se empeña en afirmar que el ‘monolingüismo en catalán’, excluyendo al español, es un modelo de éxito. Cuando no es así.
Lo que hacen los supremacistas catalanes, y sus compañeros podemitas, peneuvistas y filoterroristas es promover la imposición lingüística como herramienta al servicio del separatismo, y la disfrazan hablando de ‘inmersión lingüística’, cuando ésta sólo funciona si es voluntaria, y cuando el hablante tiene consolidada su primera lengua familiar o habitual.
Y es que los datos objetivos de evaluación muestran el notable fracaso educativo de los alumnos de habla española: los alumnos que usan el castellano en el hogar, al estar educados en un régimen de inmersión lingüística en catalán, alcanzan un rendimiento inferior en las competencias evaluadas en PISA al de sus compañeros y compañeras cuya lengua usada en el hogar es el catalán, a igualdad del resto de características personales, socioculturales y económicas.
Y en cuanto al fracaso escolar, el de los castellanohablantes que no aprenden en su lengua materna es del 30% frente al 17,5% de los catalanohablantes que aprenden en su lengua materna.
El alumnado en cuyos hogares se habla castellano obtienen 10,85 puntos menos en la evaluación de la competencia de ciencias que los alumnos de hogares donde se habla catalán, a igualdad del resto de variables. En competencia lectora, también 10,30 puntos menos.
En Cataluña, se ha llegado al punto de que el consejero de educación catalán ha declarado deliberadamente que no va a acatar la sentencia de mínimos, y precisamente por eso, nuestra propuesta contribuye a acabar con este tipo de situaciones donde las autonomías se arrogan unos papeles de gobierno que no les corresponden, y venden ideas falaces y engañosas.
Por ello, tal como proponemos, resulta absolutamente necesario que la Alta Inspección disponga de los medios materiales y humanos adecuados para garantizar la observancia de los principios y normas constitucionales en los sistemas educativos de todas las regiones españolas».
