La formación que lidera Santiago Abascal, VOX, ha presentado este lunes, 27 de abril 2015, por la tarde su proyecto de ponencia política en materia de Justicia para España con el título: ‘Un Poder Judicial independiente, profesional y con medios suficientes’; en el que han trabajado decenas de especialistas en materia de Justicia, entre los que se encuentran una gran cantidad de afiliados de VOX. Entre otras cuestiones, Vox promoverá la Supresión del indulto por ser una figura trasnochada, propia de otros tiempos y contraria a un Estado de Derecho con un sistema judicial con todas las garantías. Más abajo, reproducimos íntegramente la ponencia política de Vox en materia de Justicia.
En el programa presentado en un céntrico hotel de Madrid, ayer, el responsable del área de Justicia de VOX, Javier Ortega Smith, candidato a la alcaldía de Madrid, -acompañado por el Presidente del Partido y candidato a la Asamblea de Madrid, Santiago Abascal, el Secretario General, Iván Espinosa y dos vocales del Comité de Garantías y abogados, Gema Herrero y Rodrigo Álvarez de León- aseguró que VOX defenderá un Poder Judicial de ámbito nacional, independiente, profesional y con medios suficientes, como acción prioritaria de su política al servicio de la Justicia.
Para ello, explicó que uno de los pilares fundamentales será dotar de independencia del cuerpo de jueces nacionales, sin injerencias de los partidos políticos, con los recursos necesarios para impartir justicia de manera eficaz y profesional. Por otro lado, Vox propondrá la desaparición del Tribunal Constitucional, órgano político, para sustituirlo por una Sala Sexta de lo Constitucional del Tribunal Supremo, al que elevará el rango a »máximo órgano jurisprudencial».
También, VOX promoverá un Consejo de la Justicia (CG) que sea realmente el órgano máximo del Poder Judicial, en una primera fase de conformidad a lo establecido en la Constitución para el CGPJ y hasta lograr posteriormente una reforma de la misma que impida cualquier injerencia de los otros dos Poderes, Legislativo y Ejecutivo.
Así mismo VOX promoverá un Estatuto de la Fiscalía que garantice realmente su independencia del resto de Poderes del Estado, desde el Fiscal General del Estado hasta el último de los fiscales, con medios suficientes para una acción eficaz en defensa de la legalidad; accediendo a los distintos puestos mediante los concursos de conocimientos y experiencia que garanticen que llegan los mejores y no los que más influencia política o económica puedan conseguir, conformando un Consejo de la Fiscalía que elegirá al que habrá de ostentar la condición Fiscalía General del Estado. Así mismo tendrá representación en el citado Consejo de Justicia.
De igual manera VOX promoverá la Supresión del indulto por ser una figura trasnochada, propia de otros tiempos y contraria a un Estado de Derecho con un sistema judicial con todas las garantías, ya que ampara salidas políticas contrarias a la Ley y a una Justicia igual para todos, y ello sin perjuicio de los pertinentes recursos extraordinarios de revisión que subsanen cualquier error grave que puedan cometer los órganos de Justicia en sus resoluciones o ante la aparición posterior de pruebas exculpatorias del condenado.
La recentralización de la Administración de Justicia es otra de las prioridades de VOX. «Una única Administración de Justicia de ámbito nacional gestionada por el Ministerio de Justicia recuperando las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas», sostienen en la ponencia. Los Tribunales Superiores de Justicia serían suprimidos y las Audiencias Provinciales rediseñadas.
Es por ello que VOX promoverá como una de sus prioritarias acciones de gobierno, con el esfuerzo legislativo, presupuestario y la voluntad política necesaria, una reforma profunda de la Administración de Justicia, con aplicación de las nuevas tecnologías en todos sus procesos.
Ponencia de Justicia de Vox año 2015
Ponencia sobre el poder Judicial en España: «Un Poder Judicial independiente, profesional y con medios suficientes».
Estado de derecho
La Justicia en España solo es posible si quienes tienen encomendada en la Nación la responsabilidad profesional de juzgar a sus semejantes, lo hacen desde la más absoluta independencia en sus resoluciones, con los medios humanos y materiales necesarios y con una legislación que ampare procedimientos eficaces que garanticen de manera real, y no solo formal, el respeto al Estado de Derecho. Porque precisamente el Estado de Derecho solo existe realmente, si las normas emanadas de su Poder Legislativo y las acciones de gobierno ejercidas por el Poder Ejecutivo, tienen la garantía y el control de un Poder Judicial que vele eficazmente por su posterior cumplimiento, que resuelva objetivamente los conflictos de intereses que se generan, protegiendo al más débil frente a los abusos del poder político o económico, o de la delincuencia, que unifique la interpretación jurisprudencial que resulte para casos similares, y en suma, que haga que el supuesto de hecho previsto en la Ley se convierta en realidad. Por ello, VOX defenderá como principio irrenunciable de su acción política, la división de Poderes en el Estado, como condición necesaria para que exista un verdadero Estado de Derecho, donde la libertad y la democracia dejen de ser meras formulas retoricas, para convertirse en realidad. El Poder Judicial no es un poder político, por lo tanto, es un poder del Estado ejercido por profesionales expertos en Derecho, no por candidatos elegidos por los ciudadanos.
PRINCIPIOS
VOX defenderá un Poder Judicial de ámbito nacional, independiente, profesional y con medios suficientes, como acción prioritaria de su política al servicio de la JUSTICIA.
1.- PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE.
VOX por tanto, defenderá un Poder Judicial independiente de las injerencias de los partidos políticos o los grupos de presión, con recursos suficientes para cumplir con eficacia y profesionalidad la alta tarea encomendada, con retribuciones dignas para sus miembros, capaz de combatir con rapidez y eficacia el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción política y económica, sin olvidar que los asuntos particulares de los ciudadanos y de las empresas requieren una respuesta rápida a la vez que bien fundamentada, en la que los justiciables puedan defender sus derechos frente a las Administraciones Públicas con igualdad ante la Ley, donde las resoluciones judiciales dejen de ser en muchos casos incumplidas y se garantice su ejecución efectiva, juzgando y haciendo cumplir lo juzgado en tiempos breves para que no deje de ser Justicia, donde los españoles sean realmente iguales ante la Ley y por tanto ante la Justicia, con independencia de su poder político, económico o social, donde hasta el más humilde de los ciudadanos pueda hacer valer su derecho ante la Justicia, y solo prevalezca el imperio de la Ley.
Para ello, VOX promoverá un Consejo de la Justicia (CG) que sea realmente el órgano máximo del Poder Judicial, en una primera fase de conformidad a lo establecido en la Constitución para el CGPJ y hasta lograr posteriormente una reforma de la misma que impida cualquier injerencia de los otros dos Poderes, Legislativo y Ejecutivo.
Sus miembros serán elegidos por los representantes democráticamente elegidos por la «comunidad judicial», esto es, entre Jueces y Magistrados, Secretarios judiciales, Fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia, Abogados, Procuradores, y Peritos, etc. que cuente con una Policía Judicial especializada y autónoma del Ministerio del Interior, que actué al servicio de la investigación judicial, aunque en coordinación con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Así mismo, defenderá la jerarquía a nivel nacional de los órganos judiciales, siendo el Tribunal Supremo el máximo órgano de resolución e interpretación jurisprudencial, promoviendo a su vez la reforma de la Constitución para la supresión del Tribunal Constitucional, a todas luces un órgano político desde su misma concepción, para sustituirlo por una Sala Sexta de lo Constitucional en el propio Tribunal Supremo.
El Consejo General del Poder Judicial pasará a denominarse Consejo de Justicia cuyos 20 miembros se elegirán por los citados operadores jurídicos. Solo podrán ser elegidos profesionales con un mínimo de 20 años de experiencia en la judicatura. El Presidente del Tribunal Supremo será el Presidente del Consejo de la Justicia. La partida para Justicia de los Presupuestos Generales del Estado se asignará anualmente al Poder Judicial y será gestionada por el Consejo de la Justicia, garantizándose así su financiación autónoma. Es decir, el Ministerio de Justicia como parte del Poder Ejecutivo no gestionará el presupuesto para Justicia. La funciones del Consejo de Justicia serán principalmente las de renovar las presidencias de las Salas y Audiencias, nombrar a todos los miembros del Tribunal Supremo, elaborar los escalafones y la ejecución del presupuesto anual para la Administración de Justicia, resolver los expedientes de destino, los disciplinarios y las quejas o denuncias de los justiciables.
Así mismo VOX promoverá un Estatuto de la Fiscalía que garantice realmente su independencia del resto de Poderes del Estado, desde el Fiscal General del Estado hasta el último de los fiscales, con medios suficientes para una acción eficaz en defensa de la legalidad; accediendo a los distintos puestos mediante los concursos de conocimientos y experiencia que garanticen que llegan los mejores y no los que más influencia política o económica puedan conseguir, conformando un Consejo de la Fiscalía que elegirá al que habrá de ostentar la condición Fiscalía General del Estado. Así mismo tendrá representación en el citado Consejo de Justicia.
De igual manera promoverá la SIMPLIFICACIÓN Y UNIFICACIÓN NORMATIVA en general, terminando con la sobre legislación que provoca el desconocimiento, incumplimiento, duplicidad y contradicción de la infinidad de normas estatales, autonómicas, locales y de la U.E., y especialmente se promoverá la reforma de las normas procesales y sustantivas básicas que sean necesarias para que los procedimientos judiciales eviten la actual burocratización, lentitud inaceptable e ineficacia en la ejecución de las resoluciones dictadas.
De igual manera VOX promoverá la SUPRESION DEL INDULTO por ser una figura trasnochada, propia de otros tiempos y contraria a un Estado de Derecho con un sistema judicial con todas las garantías, ya que ampara salidas políticas contrarias a la Ley y a una Justicia igual para todos, y ello sin perjuicio de los pertinentes recursos extraordinarios de revisión que subsanen cualquier error grave que puedan cometer los órganos de Justicia en sus resoluciones o ante la aparición posterior de pruebas exculpatorias del condenado.
Es por ello que VOX promoverá como una de sus prioritarias acciones de gobierno, con el esfuerzo legislativo, presupuestario y la voluntad política necesaria, una reforma profunda de la Administración de Justicia, con aplicación de las nuevas tecnologías en todos sus procesos.
2.- RECUPERACION DE LAS COMPETENCIAS DE JUSTICIA.
UNA UNICA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de ámbito nacional gestionada en sus recursos materiales por el Ministerio de Justicia, y en su personal por el Consejo de la Justicia, recuperando las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas.
Se aprobará un nueva Ley de planta judicial en consonancia con la reforma de la organización territorial del Estado; por tanto, se suprimirán los actuales Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA, y se rediseñaran las Audiencias Provinciales.
Corresponderá al Consejo de Justicia la convocatoria y resolución de los concursos de mérito y oposición necesarios para el nombramiento de los miembros al servicio de la Justicia, la elaboración de su Presupuesto autónomo, y el régimen disciplinario de los mismos, contando con su propia y especializada Policía Judicial.
Aumentando sus recursos públicos hasta los niveles que sean necesarios para garantizar su funcionamiento eficaz de acuerdo a las exigencias y recomendaciones de la U.E. y de los países de nuestro entorno.
3.- ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA.
VOX promoverá una organización de la Administración de Justicia que optimice sus recursos, concentrando sus sedes, estableciendo la oficina de compras única para todo el territorio nacional y estableciendo sistemas informáticos únicos de comunicación y procedimientos judiciales, oficinas centrales de notificaciones, ejecuciones, archivo y documentación que eviten las actuales disfunciones, duplicidades y sobrecostes en el ejercicio de la acción de la Justicia.
VOX promoverá la inversión presupuestaria necesaria para lograr el nivel óptimo del número y composición de órganos judiciales, en relación a la carga procesal y número de habitantes, de acuerdo a las recomendaciones de la U.E. y de los países de nuestro entorno, muy alejadas en la actualidad.
De igual manera VOX defenderá el acceso a la Justicia para todos los españoles aunque carezcan de los recursos económicos necesarios, garantizando el derecho a la justicia gratuita con los mecanismos necesarios que eviten su abuso o derroche de recursos públicos y la retribución justa para los profesionales que intervienen en la misma, en el Turno de Oficio y en la Asistencia Letrada al detenido, así como en los Servicios de Orientación Jurídica, de igual forma derogará cualquier imposición económica que suponga una obstrucción real al acceso a la Justicia, estableciendo un sistema de tasas judiciales, que atendiendo siempre al principio de capacidad económica del justiciable y vencimiento objetivo del pleito, con la consiguiente condena en las costas judiciales, disuada así del derroche de recursos públicos de la Administración de Justicia y ayude a su sostenimiento.
Y entre otras, como principales medidas defenderá:
1.- UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE, de cualquier injerencia de los otros Poderes del Estado o de cualquier grupo de presión política o económica. En el que el acceso a sus distintos puestos lo sea siempre por concurso público de méritos, con el mayor nivel de exigencia formativa y experiencia profesional.
- i) CON UNA FISCALIA INDEPENDIENTE, desde el Fiscal General del Estado, nombrado por el Consejo de la Fiscalía hasta el último de sus miembros, sometida únicamente al principio de jerarquía interna y legalidad, y nunca a directrices políticas o económicas ajenas.
- ii) UN TRIBUNAL SUPREMO COMO ULTIMA INSTANCIA, tanto en materia de recursos como de interpretación jurisprudencial, con la promoción de la reforma Constitucional necesaria para la supresión del Tribunal Constitucional y la creación de una Sala Sexta de lo Constitucional en el Tribunal Supremo.
iii) UNA POLICIA JUDICIAL, especializada y al servicio de Poder Judicial independiente, con medios suficientes y en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como instrumento para la más eficaz acción de la Justicia.
- iv) SUPRESION DE LA FIGURA DEL INDULTO.
- UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ÚNICA PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
- i) DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS DE JUSTICIA AL ESTADO.
- ii) Creación del CONSEJO DE JUSTICIA, elegido democráticamente por los operadores jurídicos, en sustitución del actual CGPJ politizado.
iii) REFORMA DE LA NORMATIVA PROCESAL, que evite la sobre legislación, la duplicidad y contradicción actuales, con unas Leyes procesales que faciliten procesos ágiles con todas las garantías, incluida la de tener una Justicia eficaz. Suprimiendo cualquier tasa o medida que suponga una obstrucción al acceso real a la Justicia en igualdad de condiciones para todos los españoles. Apoyando los procedimientos alternativos a la Administración de Justicia como la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria.
- UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE Y EFICAZ.
- i) UNOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES, y actualizados que garanticen una Justicia con resoluciones, breves en el tiempo y eficaces en su ejecución. Unificando organismos, sedes, sistemas informáticos y compra de material que optimicen los recursos públicos evitando derroches y duplicidades innecesarias.
- ii) RETRIBUCIONES DIGNAS, para los miembros de la Administración de Justicia de acuerdo al alto nivel de exigencia profesional, responsabilidad y régimen de incompatibilidades que se les exigirá en su tarea de impartir Justicia, incluyendo a los profesionales que hacen posible el ejercicio del derecho a la Justicia gratuita.
