Redacción – La secretaria general del Grupo Parlamentario de VOX, Macarena Olona, ha denunciado la «segregación lingüística» que supone el «decreto 179/2019» aprobado el pasado mes de noviembre de 2019 y ha anunciado la presentación de una batería de preguntas escritas al Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE. Para la formación que preside Santiag Abascal conde, «siguiendo los postulados racistas que comparten el PNV y EH BILDU», con esta norma el Gobierno vasco crea «un sistema de segregación lingüística de los vecinos castellanoparlantes que permitirá que sean señalados por las Administraciones públicas y que pasen a formar parte de un censo de euskaldunes y no euskaldunes, vascos de primera y segunda categoría, según el idioma que empleen», ha apuntado la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona. Madrid (España), miércoles 22 de enero de 2020.
VÍDEO. Madrid, 22.01.2020. VOX recurre el decreto del euskera ante TSJ del País Vasco por «segregación lingüística»
La secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona, y el portavoz de la formación Iván Espinosa de los Monteros, han notificado la presentación, el martes 22 de enero, de un recurso ante el TSJ del País Vasco contra el «decreto 179/2019» aprobado el pasado mes de noviembre de 2019. Una norma que, a juicio de VOX, comporta un «auténtico atropello lingüístico para los castellanoparlantes».
Una norma que, a juicio de VOX, comporta un «auténtico atropello lingüístico para los castellanoparlantes» de la Comunidad Autónoma Vasca toda vez que, con él, los Ayuntamientos vascos podrán comunicarse con sus vecinos «exclusivamente en euskera».
«Si bien los ciudadanos afectados podrán elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quieren relacionarse con la Administración, ese derecho se ejercerá únicamente a posteriori, es decir, si son los propios vecinos los que solicitan el cambio de idioma. Esto significa que en la práctica se da carta blanca para eliminar el castellano de las comunicaciones entre Ayuntamientos y ciudadanos», ha denunciado Olona.
Para la formación que preside Santiag Abascal conde, «siguiendo los postulados racistas que comparten el PNV y EH BILDU», con esta norma el Gobierno vasco crea «un sistema de segregación lingüística de los vecinos castellanoparlantes que permitirá que sean señalados por las Administraciones públicas y que pasen a formar parte de un censo de euskaldunes y no euskaldunes, vascos de primera y segunda categoría, según el idioma que empleen», ha apuntado la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona.
Dado que entre los fines de VOX se encuentra «garantizar el derecho de usar y el deber de conocer el español en todo el territorio nacional, sin perjuicio del resto de lenguas cooficiales de España, VOX presenta este recurso para, no sólo pedir la anulación del Decreto recurrido, sino también para plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley que le sirve de cobertura, es decir, la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones locales de Euskadi.
«Una ley aprobada en el Parlamento vasco gracias al acuerdo del PNV y EH BILDU y que supuso introducir un régimen de absoluta excepcionalidad respecto del resto de Municipios de España. Vulnerando la Constitución española y llegando incluso a reconocer a los Ayuntamientos una autonomía política, lo que es –señala Macarena Olona- una auténtica barbaridad constitucional», ha dicho.
Preguntas escritas al Gobierno
Tras denunciar la «abierta dejación de funciones del Ejecutivo actual», que a juicio del GP VOX tiene su reflejo en la actividad de los Delegados del Gobierno, Olona ha anunciado la presentación de preguntas por escrito al Gobierno para que responda a las siguientes cuestiones referidas al trabajo del Delegado del Gobierno en el País Vasco.
1.- ¿Cuántos recursos ha ordenado interponer a la Abogacía del Estado desde que tomó posesión?
2.- ¿De cuántos recursos le ha ordenado desistir y sobre qué materias?
3.- ¿Cuáles son los motivos por los que ha decidido mirar hacia otro lado pese al atropello lingüístico que ha aprobado el Gobierno vasco?
4.-¿Ha sido esa decisión de no defender los derechos de los castellanoparlantes avalada por algún informe jurídico?
Les anunciamos que a la vista de la información que obtengamos vamos a exigir la responsabilidad del Delegado del Gobierno en Vascongadas y no solo la política. La prevaricación administrativa admite dos modalidades, por acción, pero también por omisión. Y vamos a llegar hasta el final para combatir el asalto a las Instituciones que está cometiendo el Ejecutivo de Sánchez.
