Barcelona, miércoles 30 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El Grupo Parlamentario de Vox en el Parlament de Cataluña ha registrado formalmente un paquete global de 22 propuestas de resolución en el marco del Debate de Política General (DPG) 2026. La iniciativa, firmada por el portavoz Joan Garriga Domènech y el portavoz adjunto Sergio Macián de Greef, constituye una enmienda a la totalidad a las políticas del presidente socialista Salvador Illa y plantea un modelo alternativo basado de forma inequívoca en la seguridad, la reducción drástica del gasto político y la aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y la vivienda.
En el eje de seguridad e inmigración, la formación de la resistencia insta al Govern a poner fin al efecto llamada y constituir una unidad especializada en los Mossos d’Esquadra dedicada en exclusiva a ejecutar la deportación de todos los extranjeros que tengan una orden de expulsión.
Vox desvela que desde el año 2021 casi el 90 % de estas órdenes han quedado sin ejecutar en España. Asimismo, el partido exige rechazar de forma tajante el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENA) procedentes de la reciente invasión de Ceuta, exigir su repatriación urgente con sus familias y obligar a los Mossos a volver a publicar la nacionalidad de los delincuentes en sus balances oficiales para garantizar la transparencia informativa.
Combate al islamismo y blindaje de la vivienda para los nacionales
Una de las propuestas más contundentes del texto es la resolución para frenar el avance del islamismo en Cataluña. Vox reclama el cierre inmediato de mezquitas y centros vinculados al salafismo, la supresión del Programa de Lengua Árabe en las escuelas y la prohibición del uso del velo islámico en espacios públicos —incluyendo centros educativos y sanitarios— así como del burkini en las playas y piscinas municipales. Paralelamente, en materia fiscal y habitacional, la formación exige la bonificación al 100 % de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la compra de vivienda habitual, fijando un arraigo mínimo de 10 años de residencia para que los nacionales tengan prioridad absoluta en la adjudicación de pisos protegidos.
El paquete normativo incluye medidas de desregulación económica como la regla «3×1″ —derogar tres normas viejas por cada una nueva aprobada— para combatir las más de 35.000 leyes que ahogan la región, y una Ley de Mercado Abierto para reconocer licencias de otras autonomías. En educación, Vox exige revertir el fracaso escolar evidenciado en el informe PISA mediante la recuperación de una enseñanza basada en conocimientos, mérito y esfuerzo, eliminando la promoción automática de alumnos suspendidos y garantizando el carácter vehicular del castellano frente al desacato judicial de la administración catalana. En sanidad, reclama derogar la sanidad universal gratuita para inmigrantes ilegales para frenar el colapso del sistema asistencial.
Cierre de TV3, fin de las «embajadas» y defensa de la energía nuclear
El documento de la formación patriota asesta un golpe estructural al entramado de gasto superfluo e ideológico del separatismo y del PSC. Vox exige de forma explícita el cierre o privatización de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovísuals (TV3), la supresión de las subvenciones discrecionales a medios de comunicación sirvientes del poder, la disolución del Departamento de Igualdad y Feminismo y el desmantelamiento total de las «embajadas» autonómicas y de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El texto pide además suprimir los sueldos y asignaciones vitalicias de los expresidentes de la Generalitat condenados por los tribunales.
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Finalmente, de cara al modelo productivo y de infraestructuras, el partido patriota se erige como el único defensor del tejido industrial y del sector agrario frente al «fanatismo climático» de la Agenda 2030. Vox insta a la Generalitat a suspender de inmediato la implantación de la «financiación singular», defender la unidad fiscal de España y exigir la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós como activos estratégicos esenciales para garantizar un suministro eléctrico seguro, estable y a precios asequibles para las familias catalanas.