Redacción.- Tarragona (España), miércoles 7 de diciembre de 2022. El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha registrado en la comisión de Hacienda y Función Pública seis enmiendas a la totalidad contra el Proyecto-Ley de reforma de la ley del régimen de cesión de tributos del Estado, que tiene por objeto ceder a las regiones de Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Baleares y Canarias el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero de 2023.
De conformidad con Io previsto en el artículo 93.2 de la ley de residuos, la región podrá incrementar los tipos impositivos respecto de los residuos depositados, incinerados o coincinerados en su territorio. Este precepto da lugar a la aplicación de tipos de gravamen diferenciados a Io largo y ancho de nuestra nación.
De esta manera, esta nueva cesión plena de un tributo estatal a las administraciones regionales no hace sino ahondar en las profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre los españoles como consecuencia del Estado de las autonomías.
Frente a ello, ‘Los 52 de VOX’ ofrecen una alternativa de unidad nacional en el que no haya diferencias entre regiones ni entre españoles, independientemente del lugar en el que residan, en el que trabajen o en el que desempeñen su actividad.
Los de Abascal entienden que «de ninguna manera deben existir 17 ordenamientos jurídicos distintos».
A pesar de que el impuesto de residuos se configura como un tributo estatal, que pretendía tener además un carácter homogeneizador (pues deja sin efecto los tributos regiones propios que gravaban ya hechos imponibles coincidentes con los del Impuesto de Residuos en algunas regiones), la vocación manifiesta de que este sea un impuesto plenamente cedido a las administraciones territoriales frustra de raíz esa finalidad armonizadora, así como toda posibilidad de alcanzar un sistema fiscal homogéneo que sea operativo, en condiciones de igualdad, en todo el territorio nacional.
De esta manera, se ve malogrado el artículo 31 de la Constitución, que preceptúa que todos los españoles «contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».
Por otro lado, VOX denuncia que el impuesto de residuos es una de las medidas tributarias en materia medioambiental, pues se define como un impuesto especial que grava (para desincentivarlas) las operaciones de depósito de residuos en vertedero y de entrega de residuos para su incineración o coincineración.
La razón es que estas se consideran las opciones de gestión de residuos menos favorables desde el punto de vista del principio de la jerarquía de residuos y del impacto medioambiental (por su contribución a las emisiones de CO2).
Este impuesto es, por tanto, un impuesto indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertederos autorizados o en instalaciones de incineración o coincineración autorizadas para su eliminación o valorización energética, sean de titularidad pública o privada, y siempre que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto.
De esta manera, el impuesto de residuos impacta directamente sobre nuestro tejido empresarial e industrial y Io hará, además, de forma distinta en las diversas regiones de nuestra nación, según la normativa autonómica que sea aplicable en cada caso.
En consecuencia, el impuesto de residuos, además de perjudicar a la competitividad de nuestras empresas y de introducir nuevas barreras a la unidad de mercado, provocará no pocas ineficiencias en la gestión de los residuos y en las decisiones de los contribuyentes que, a la vista de los impuestos autonómicos aplicables, podrán comprometer, incluso, alguna de las aspiraciones de dicha norma, como el principio de proximidad.
VOX sostiene que España no puede tener 17 regímenes fiscales diferentes que perpetúen las desigualdades entre españoles y desvirtúen la unidad nacional. Se hace necesario, por tanto, oponerse a esta nueva cesión de competencias que, frente a la pretendida armonización de criterio, no logra sino fragmentar aún más el mercado y ahondar en la desigualdad entre los españoles.
Todo ello, agrava la confusión y la inseguridad jurídica, profundiza en la ruptura de la unidad de mercado e incrementa la presión fiscal y el esfuerzo fiscal inasumibles que ya soportamos.
