Valladolid, miércoles 30 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La formación patriota Vox, presidida a nivel nacional por Santiago Abascal Conde, mantiene una firme y decidida batalla legal en la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra el reparto masivo y descontrolado de inmigrantes ilegales Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). El vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox, Carlos Pollán Fernández, ha anunciado este miércoles la interposición de dos nuevos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo, defendiendo el uso de «todos los mecanismos políticos, administrativos y judiciales» frente a las políticas de fronteras abiertas impuestas de manera unilateral por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
Esta ofensiva jurídica responde a la estrategia del gobierno de coalición socialcomunista del PSOE y la ultraizquierda de Sumar, que busca utilizar la crisis migratoria para quebrar las coaliciones autonómicas. Vox ya abandonó los gobiernos regionales en una etapa anterior de la legislatura ante las concesiones del Partido Popular (PP) hacia el sanchismo en materia de acogida migratoria. Actualmente, aunque se observa una unidad en la acción judicial, el silencio de las filas populares suscita preocupación en el entorno patriota, puesto que es Vox quien abandera en solitario la iniciativa política para impedir el traslado forzoso de inmigrantes ilegales hacia la región. La resistencia legal ya cosecha un rotundo éxito en los tribunales, donde la Justicia ha estimado nueve recursos interpuestos por la Junta, declarando la invalidez absoluta de los expedientes del Gobierno.
El vicepresidente Carlos Pollán ha detallado que las nuevas acciones judiciales van dirigidas contra el reciente decreto de regularización extraordinaria de extranjeros y contra el Real Decreto 556/2026, una norma que el Ejecutivo de la Moncloa utiliza para elevar unilateralmente las cuotas y techos de acogida en los territorios autonómicos. El dirigente de Vox ha calificado la política estatal de «nefasta y negligente», apuntando a la dramática situación que padece la Ciudad Autónoma de Ceuta desde hace dos meses como el claro reflejo del colapso institucional y civil que generan las fronteras desprotegidas. Pollán ha sentenciado que el interés superior de los menores pasa de forma ineludible por que «vuelvan con sus familias» o por que las autoridades marroquíes asuman su tutela inmediata, en lugar de trasladar el problema de forma forzosa a las comunidades autónomas.
El rodillo de Moncloa: La imposición del reparto forzoso
Para forzar a los gobiernos regionales a asumir los contingentes de inmigración ilegal, el Ejecutivo de Pedro Sánchez diseñó una controvertida reforma legal a través del Consejo de Ministros que modificó de forma estructural el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Mediante esta modificación normativa, el Gobierno central eliminó la necesidad de alcanzar un consenso bilateral con los territorios en las conferencias sectoriales.
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En su lugar, instauró un mecanismo de obligado cumplimiento basado en criterios puramente poblacionales y de presión demográfica, restando soberanía a las administraciones autonómicas en la gestión de sus propios servicios de protección a la infancia.
De forma paralela, el sanchismo aprobó el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, publicado formalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de julio de 2026. Esta norma establece los límites máximos y la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados para cada región, imponiendo cuotas obligatorias por encima del nivel de saturación de los centros locales.
Las administraciones autonómicas gobernadas por Vox han denunciado que este decreto no solo invade competencias exclusivas consagradas en los Estatutos de Autonomía, sino que además elude el rango de Ley Orgánica exigido para regular materias vinculadas directamente con derechos y libertades fundamentales.
Finalmente, desde la formación de la resistencia destacan que la nueva legislación estatal infringe de forma flagrante los acuerdos diplomáticos bilaterales suscritos entre España y Marruecos en el año 2007. Aquel convenio internacional obliga formalmente al Estado receptor a tramitar la devolución de urgencia de los menores que crucen la frontera de forma irregular para ser entregados de inmediato a sus familias o a los servicios públicos de tutela de su país de origen. Con la elusión sistemática de este tratado, el Ministerio de Juventud e Infancia y la Presidencia del Gobierno operan mediante decretazos de urgencia que son tachados por la oposición de «coartadas fraudulentas» concebidas única y exclusivamente para beneficiar el negocio de las mafias del tráfico de personas.
Vox cumple su palabra con los electores desde el Gobierno
La firmeza jurídica exhibida en los despachos de Valladolid constata el escrupuloso cumplimiento de las promesas electorales que Vox adquirió con sus votantes. La formación patriota ha demostrado de manera inequívoca que su permanencia en las instituciones de gobierno está condicionada al estricto respeto del mandato popular: la defensa de los barrios seguros, el blindaje de la legalidad frente a la delincuencia y el combate frontal contra el efecto llamada que desborda las arcas públicas.
Con la interposición sistemática de estos recursos y la fiscalización directa de los presupuestos destinados a las entidades que promueven la inmigración irregular, Vox cumple la palabra dada y levanta un dique de contención legal.
Frente a las tibiezas o los pactos encubiertos de los partidos tradicionales, la alternativa patriota consolida su posición como la única fuerza política capaz de usar el aparato administrativo para defender la soberanía, salvaguardar los derechos de las familias españolas y garantizar que la ley se aplique por igual a todos, sin excepciones políticas dictadas desde la Moncloa.