Avilés, martes 27 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La formación política Vox ha interpuesto este martes una querella criminal ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés contra la hasta hace unos días delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Adriana Lastra Fernández, por la omisión del deber de protección frente al hostigamiento sufrido durante la celebración de un acto político de precampaña el pasado 21 de octubre en la Plaza de Camposagrado de Avilés. La acción judicial, formalizada por el procurador Wenceslao Pérez del Moral y dirigida procesalmente por la abogada Marta Castro Fuertes, se dirige también contra quienes asumieron las funciones de la Delegación tras el cese de Lastra, entre ellos Cecilia Pérez Sánchez, así como contra los promotores y ejecutores violentos de la contramanifestación vinculados a las plataformas Asturies Antifascista, Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria.
La querella presentada por la representación procesal de Vox detalla un conjunto de infracciones penales graves imputadas tanto a la representación institucional del Gobierno como a las organizaciones colectivas que encabezaron la contramanifestación. En concreto, el escrito atribuye a las autoridades de la Delegación del Gobierno «un delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP, en su modalidad omisiva y un delito de denegación de auxilio del art. 412.3 CP», además de un posible delito electoral del artículo 139.7° de la LOREG por haber causado un perjuicio directo al normal desarrollo de la actividad política en vísperas de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre de 2026 (29N).
Grave omisión del deber de protección e inacción institucional
Los hechos investigados se produjeron en el marco de la apertura del plazo formal para la presentación de candidaturas ante las Juntas Electorales. Vox había comunicado con antelación el acto político programado para el 21 de octubre a las 19:00 horas, el cual contaba con las intervenciones del presidente del partido, Santiago Abascal Conde, y los candidatos al Congreso por Asturias Carolina López Fernández y Javier Jové Sandoval. A pesar de que desde el 17 de octubre constaba públicamente la convocatoria de una concentración de rechazo en el mismo casco histórico y media hora antes, la Delegación del Gobierno no aplicó las facultades de restricción o modificación de itinerario previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión (LODR).
El escrito judicial hace especial hincapié en que la inacción resultó especialmente injustificada dado que esa misma mañana se habían producido graves altercados de idéntico origen en La Coruña contra otro acto de la misma formación. La querella resalta que «cuando a las 18:30 horas comenzó la concentración de Avilés, la autoridad responsable de la seguridad en Asturias no se enfrentaba a un riesgo hipotético, sino a uno que acababa de materializarse», constatándose que, pese a la advertencia previa, la Delegación dejó transcurrir el plazo legal de 72 horas sin resolver ni reforzar el operativo, abocando a las fuerzas policiales a actuar en «inferioridad numérica», hecho denunciado por los propios sindicatos policiales.
Violencia de la izquierda radical, lanzamientos y tres detenidos
La concentración promovida por los grupos de izquierda radical derivó en un hostigamiento directo hacia los asistentes al mitin, desplazándose desde la Plaza de España hacia las inmediaciones de la Plaza de Camposagrado. Los manifestantes trataron de rebasar las líneas policiales utilizando vías adyacentes, arrojando petardos y objetos contundentes, lo que obligó a los efectivos antidisturbios a efectuar varias intervenciones y saldándose con la detención de tres personas por parte de la Policía Nacional como responsables de desórdenes públicos. Quienes acudieron a escuchar las intervenciones tuvieron que atravesar pasillos con insultos y consignas amedrentadoras.
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El escrito de la acusación popular fundamenta que el propósito coordinado de las organizaciones convocantes consistía en menoscabar la difusión del mensaje político de la formación patriótica y la participación de sus simpatizantes. La querella explica que los actos denunciados propiciaron «una atmósfera de justificación y perpetración del delito, con la colectivización del rechazo a quienes tienen una ideología distinta, que por tal hecho deben abandonar «nuestros barrios» y «nuestras calles» y merecen ser presionados, incluso agredidos, para tal fin». Por todo ello, la representación jurídica solicita la citación de Lastra y Pérez Sánchez como investigadas, la incorporación del atestado policial completo, la preservación del material audiovisual de videovigilancia y redes sociales, así como las declaraciones testificales de los mandos policiales y de los representantes agredidos.