VOX se querella contra Sánchez por “tráfico de influencias” en el caso Junqueras

FOTOGRAFÍA. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID) ESPAÑA, CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO DE LA XIII LEGISLATURA. en la imagen, el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez Pérez-Castejón (i), saluda al máximo preso del Procés, enemigo de la democracia española y de España, quien ha salido de prisión preventiva con un permiso extraordinario del Tribunal del Procés para recoger su acto de diputado en el Congreso de los Diputados, Oriol Junqueras Vies (ERC). Según reglamento del Congreso, el delincuente será expulsado del Congreso tras su constitución al ser procesado por la Justicia. Efe

Redacción – En las próximas horas, se ampliará la querella por el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado. En su querella criminal contta el presidente de Gobierno Pedro Sánchez, el partido de Santiago Abascal Conde recuerda al Alto Tribunal los hechos acaecidos “para lograr el apoyo suficiente para que Sánchez formara Gobierno, para lo que resultaba imprescindible la abstención del partido separatista ERC, del que es líder el condenado Oriol Junqueras”. Madrid (España), 13 de enero de 2020.

VOX ha presentado una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra de Justicia, actual diputada y próximamente fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por “Tráfico de Influencias”.

En la querella, esta formación recuerda al Alto Tribunal los hechos acaecidos “para lograr el apoyo suficiente para que Sánchez formara Gobierno, para lo que resultaba imprescindible la abstención del partido separatista ERC, del que es líder el condenado Oriol Junqueras”.

VOX denuncia, en su escrito, que “tanto Sánchez como Delgado actuaron de manera deliberada las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés, como superiores jerárquicos de los mismos”.

El objetivo de esta actuación fue “cumplir las expectativas y mandatos políticos trasladados por el Gobierno de España, por conducto de Delgado, en la expectativa de una recompensa futura, o por temor a un hipotético cese”.

Entre el 20 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020, periodo en el que se negociaba la formación del nuevo Gobierno, por parte de los miembros del Ejecutivo en funciones y de la entonces ministra de Justicia se dieron instrucciones políticas a la Abogacía General del Estado, para que el escrito de alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se adaptara a las exigencias de ERC para que Sánchez formara Gobierno.

VOX recuerda en la querella que estas directrices se han cumplido, tal y como han denunciado los propios abogados del Estado.

También argumenta VOX en su denuncia que ERC tuvo conocimiento del escrito realizado por la Abogacía del Estado antes de que se hiciera público.

Por ello, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la confección del escrito definitivo. Peticiones que aún no han sido respondidas.

Este partido recuerda en su querella que el 30 de diciembre los abogados del Estado, Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey remitieron al Tribunal Supremo el escrito de alegaciones, el cual contenía las indicaciones políticas dadas por la entonces ministra de Justicia, que satisfacían las exigencias de ERC.
Debido a estas circunstancias, VOX también ha presentado, ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, una querella contra los tres abogados del Estado que remitieron las alegaciones al Alto Tribunal dictadas por Delgado, por los delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.

VOX también denuncia que la Abogacía del Estado continúe intentando que se cancelen las órdenes de detención de otros encausados por Rebelión que se encuentran, en este momento, fugados de la Justicia y fuera del territorio español.

Esta actitud, que explica la querella, contraviene los intereses de España, chocan, de hecho, con las posteriores resoluciones dictadas por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, donde se pone de manifiesto la inconsistencia de la posición mantenida por la Abogacía del Estado, al no responder a criterios técnico-jurídicos, sino a instrucciones políticas recibidas

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