Redacción.- Barcelona (España), martes 29 de marzo de 2022. Los once diputados del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Cataluña han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia, donde solicitan la «ejecución forzosa de la de la sentencia» por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por el Abogado del Estado declarando la obligación de la Generalidad de Cataluña de adoptar las medidas necesarias para que todos los alumnos puedan utilizar de forma vehicular cualquieras de las lenguas cooficiales de la región, y que, en ningún caso puede estar por debajo del 25%, precisamente, 6 horas semanales de clase en español/castellano.
«Ante la dejación de funciones del Gobierno de España», ha explicado el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga Vaz de Condiciones, en rueda de prensa, y «asumiendo nuestra responsabilidad con los catalanes, hemos ejercido de verdaderos líderes de la oposición»
Garriga ha asegurado que «iremos a por todos los responsables de vulnerar los derechos legítimos para que nuestros hijos puedan ser escolarizados en español en Cataluña».
Por ello, ha explicado que, además de exigir el cumplimiento forzoso, la formación solicitará el requerimiento personal de aquellos directores de los centros que no den cumplimiento, la imposición de multas coercitivas del Conseller de Educación si persiste en el incumplimiento de la sentencia, y se reserva la posibilidad de acabar interponiendo una querella.
«Con esto», ha insistido Ignacio Garriga, «demostramos una vez más que la impunidad del separatismo con VOX se ha acabado.
«No hemos venido a hacer los mismo que el resto de formaciones políticas», ha puntualizado, «hemos venido a defender a los catalanes de un separatismo que además de despreciar a los tribunales es capaz de acosar a un menor de edad con tal de llevar a término su imposición del catalán en las aulas», ha manifestado refiriéndose al caso de Canet.
En este punto, ha cargado duramente contra el dirigente del PSC, Salvador Illa, por su colaboración con el separatismo catalán. «Ni es alternativa, ni es esperanza, ni es oposición», ha dicho.
En su escrito, los once diputados recuerdan al TSJC que ha transcurrido el plazo de dos meses fijado en el artículo 104 de la Ley Jurisdiccional «sin que se haya adoptado medida alguna por parte de la Administración tendente al cumplimiento de la sentencia».
Precisamente, el escrito lo formulan los diputados de VOX porque ostentan la consideración de personas afectadas por el fallo de la sentencia, de acuerdo con el artículo 104.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
Así, los representantes de VOX en el Parlamento de Cataluña actúan, recuerdan la vicesecretaria Jurídica Nacional, Marta Castro, en su condición de padres con hijos en edad escolar, así como en representación de todos aquellos ciudadanos de Cataluña que votaron a la formación en las últimas elecciones autonómicas. En concreto, 217.000 votantes en la región.
