Redacción – Ha sido Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario, el encargado de presentar ante el Registro de la Cámara este escrito en un acto en el que ha estado acompañado de la secretaria general del GPVOX, Macarena Olona, y del senador de VOX Francisco José Alcaraz, que presentará ante el Senado la misma petición en referencia, esta vez, al senador golpista Raúl Romeva. Madrid (España), jueves 30 de mayo de 2019.
De no tenerse en cuenta esta petición, cada preso golpista recibirá casi 5.000 euros de todos los españoles.
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) ha presentado este jueves un escrito a la Mesa del Congreso en el que pide que no se pague salario alguno a los cuatro diputados en prisión preventiva suspendidos por el Supremo. ¿El objetivo? Evitar que casi 20.000 euros de todos los españoles acaben en manos de quienes han atentado contra el orden constitucional.
Ha sido Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario, el encargado de presentar ante el Registro de la Cámara este escrito en un acto en el que ha estado acompañado de la secretaria general del GPVOX, Macarena Olona, y del senador de VOX Francisco José Alcaraz, que presentará ante el Senado la misma petición en referencia, esta vez, al senador golpista Raúl Romeva.
El escrito presentado recuerda que «la condición de Diputado lleva aneja una serie de derechos y deberes parlamentarios» entre los que figuran derechos económicos que, salvo circunstancias particulares, se devengan con carácter retroactivo desde la fecha de celebración de las Elecciones (28 de abril).
En este sentido, y de acuerdo a la información publicada en la Intranet del Congreso, estas retribuciones e indemnizaciones serían, desde el pasado 28 de abril hasta la fecha de abono (finales de mayo), las siguientes: asignación mensual para los diputados -2.981,86- e indemnización por residencia distinta a Madrid -1.921,20-, lo que suma un total de 4.903,06 euros para cada diputado al mes.
Una vez determinada la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull, VOX solicita que los efectos de esa suspensión se contemplen desde 28 de abril y no desde el 21 de mayo, como señaló la Mesa tras el anuncio de la suspensión de los presos.
Cabe señalar, en este sentido, que la resolución judicial que acordó la situación de prisión preventiva de los diputados electos suspendidos es muy anterior a la fecha en la que resultaron elegidos y, por tanto, muy anterior también a la del mencionado 21 de mayo de 2019.
Por otro lado, y referido ya a la cuestión de la residencia fuera de Madrid, el escrito presentado por el GPVOX recuerda que los diputados electos Junqueras, Rull, Sánchez y Turull «se encuentran residiendo temporalmente en el Centro Penitenciario SOTO DEL REAL en Madrid», por lo que la indemnización de 1.921,20 que corresponde por no residir en Madrid «carece de causa y fundamento, y, por ende, en modo alguno procede su abono, teniendo en cuenta que el día de la Sesión Constitutiva los diputados se desplazaron al Congreso a costa del Estado, en vehículos policiales oficiales».
Así, el pago de indemnización por desplazamiento supondría que el Estado asumiera «un doble pago por un mismo concepto».
Además de solicitar que no reciban sueldo alguno, el escrito del Grupo Parlamentario reclama, también, que los diputados electos presos devuelvan todos los recursos materiales que el Congreso les haya entregado para el ejercicio de su función parlamentaria «iphone, maletín de cuero y cualesquiera otros elementos materiales entregados».
