Redacción.- Barcelona (España), jueves 17 de marzo de 2022. El Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Cataluña ha registrado este jueves varias solicitudes de comparecencia para aclarar si la Consejería de Interior de los Gobiernos de coalición separatista de la Generalidad de Cataluña, que presidió y preside Joaquim Torra Pla (JxCat) y Pere Aragonés García (ERC) -respectivamente- dejó de tramitar los expedientes sancionadores por actas que los Mozos de Escuadra habrían confeccionado por infracciones y altercados graves respecto de los cortes de la Avenida Meridiana de Barcelona u otras manifestaciones separatistas, como, por ejemplo, a raíz de la sentencia del Procés o de la detención del delincuente rapero rapero Pablo Rivadulla Duró (Pablo Hasel).
El diputado de VOX por Tarragona al Parlamento de Cataluña y portavoz de la Comisión de Interior, Sergio Macián de Greef, ha manifestado que se trata de «un nuevo escándalo que afecta otra vez a los Mozos de Escuadra, un descrédito de su trabajo que pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos y que transmite la idea de que si eres separatista infringir la ley sale gratis. Desde VOX llegaremos a las últimas consecuencias».
VOX ha presentado esta iniciativa tras las últimas declaraciones del terrorista de la banda terrorista catalana Tierra Libre (Terra Lliure), Frederic Bentanachs Chalaux, afirmando que las identificaciones y actas levantadas en Meridiana iban directamente a la basura porque la presidente del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs Castaña, anularía las multas y conocerse, a través de la prensa, que muchas de las actas levantadas por los Mozos por infracciones graves, no fueron tramitadas y no se impusieron las correspondientes sanciones que establece la Ley de Seguridad Ciudadana.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario catalán que preside Ignacio Garriga Vaz de Concicao solicita la comparecencia del actual Consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y de los exconsejeros Miquel Buch y Miquel Sàmper, así como del director general de la Policía y la directora general de Administració de Seguretat (DGAS) para que respondan en sede parlamentaria catalana por este «nuevo caso de corrupción».
