Redacción – VOX solicita en el Congreso de los Diputados el informe de la «Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado español, conocida como Abogacía del Estado, —un órgano de la Administración General del Estado integrado en el Ministerio de Justicia de España— «sobre los políticos separatistas». La formación que preside Santiago Abascal Conde pide que el Congreso de los Diputados «solicite los escritos al Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes». VOX recuerda al Congreso que «el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que el Gobierno tiene obligación de presentar dichos documentos en un plazo máximo de 30 días a través de los órganos a los que han sido solicitados por parte del Grupo Parlamentario presidido por Santiago Abascal». Madrid (España), viernes 27 de diciembre de 2019.
Además, VOX ha requerido también «todos los borradores de dicho escrito remitidos entre la Abogacía del Estado y el Gobierno —cualquiera de sus Departamentos ministeriales y/o miembros y/o personal dependiente del mismo—, con indicación expresa, en relación con cada borrador, del nombre y cargo de la persona remitente, el nombre y cargo de la persona receptora, el día y hora de remisión y el día y hora de recepción», informan fuentes de la Ejecutiva nacional de VOX al digital español Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo), este viernes, 27 de diciembre de 2019.
El Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados ha registrado en la cámara tres solicitudes de datos, informes o documentos para que le sea entregado el escrito que la Abogacía del Estado «tiene obligación» de presentar antes del 2 de enero ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre «el alcance temporal de la inmunidad de los miembros electos del Parlamento Europeo».
Las solicitudes, que están firmadas por Santiago Abascal, Presidente del Grupo Parlamentario de VOX; y Macarena Olona, Portavoz Adjunto del mismo, se dirigen, a través del Congreso, al Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes y se fundamentan en la necesidad de tener dicha información para desarrollar correctamente sus funciones en la cámara.
El escrito al que se refieren es el que la Abogacía del Estado debe presentar sobre la posibilidad de que no se cumpla la sentencia del juicio del Procés que establece la inhabilitación de varios dirigentes separatistas en Cataluña que concurrieron en las listas de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo.
El Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados ha solicitado el «escrito definitivo de alegaciones» que está obligado a presentar la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo, con indicación del día y hora de registro.
Además, VOX ha requerido también «todos los borradores de dicho escrito remitidos entre la Abogacía del Estado y el Gobierno —cualquiera de sus Departamentos ministeriales y/o miembros y/o personal dependiente del mismo—, con indicación expresa, en relación con cada borrador, del nombre y cargo de la persona remitente, el nombre y cargo de la persona receptora, el día y hora de remisión y el día y hora de recepción», informan fuentes de la Ejecutiva nacional de VOX al digital español Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo), este viernes, 27 de diciembre de 2019.
VOX recuerda que «el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que el Gobierno tiene obligación de presentar dichos documentos en un plazo máximo de 30 días a través de los órganos a los que han sido solicitados por parte del Grupo Parlamentario presidido por Santiago Abascal».
VOX ejerció la Acusación Popular «en el Juicio contra los golpistas» en Cataluña —subrayan las mismas fuentes nacionales de VOX— «que acabó con una sentencia del Tribunal Supremo que imponía, entre otras, penas de inhabilitación a los políticos separatistas condenados».
Asimismo, los de Abascal garantizan a Lasvocesdelpueblo que «VOX no va a consentir que la intromisión de la Unión Europea en su soberanía obligue a España a incumplir esta sentencia» —puntualizan y remachan que— «menos aún cuando el incumplimiento de la misma podría estar siendo utilizada en las negociaciones de Pedro Sánchez con los golpistas para la formación de Gobierno en España».
