Redacción – El letrado de VOX y actual Secretario General de esta formación, Javier Ortega, ha estado presente en el interrogatorio realizado hoy al exvicepresidente del Gobierno d ela Generalidad de Cataluña y exconsejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras (ERC), el resto de exconsejeros sediciosos, un total de 8 con Junqueras; y los rebeldes sediciosos llamados los ‘Jordis’ (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart), los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, respectivamente, como Acusación Popular durante la vista celebrada ante el Tribunal Supremo, este viernes 1 de diciembre de 2017. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 1.12.2017. El letrado de VOX y actual Secretario General de esta formación, Javier Ortega, contesta a las preguntas d ela prensa tras los interrogatorios de los rebeldes sediciosos presos separatistas. Lasvocesdelpueblo
Vídeo. Madrid (España), 1.12.2017. Secretario General de VOX y abogado de esta formación, Javier Ortega, hoy tras los interrogatorios de los golpistas sediciosos separatistas en Cataluña.
El Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha aceptado la personación de VOX en la causa que instruye contra los exmiembros del Gobierno catalán y del Parlamento de Cataluña y contra los líderes de las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural por delitos de rebelión, secesión y malversación de fondos públicos cometidos durante el ‘procés’ que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.
Javier Ortega ha declarado a los medios que en su intervención en la vista ha exigido la prisión provisional sin fianza para Oriol Junqueras, el resto de exconsejeros y los ‘Jordis’ al entender que existe posibilidad de fuga, reiteración delictiva y posibilidad de destrucción de pruebas o manipulación de las mismas.
También ha manifestado a los periodistas que «desde VOX continuaremos toda la acusación popular hasta ver a todos los golpistas del Gobierno y de los miembros de la Mesa condenados por rebelión, sedición y por delitos de malversación de caudales públicos».
