26 entidades rechazan que los funcionarios de Prisiones sean considerados «Agentes de la Autoridad»

.Aseguran que la enmienda propuesta por Podemos, Izquierda Unida (Unidas Podemos) y PSOE «abre las puertas a la policialización de los funcionarios de Prisiones», así como a un «aumento de la arbitrariedad en las decisiones que afectan a los prisioneros»

FOTOGRAFÍA. MUNDO, AÑO 2021. Detalle de un preso en su celda de un centro penitenciario. Imagen creada por Freepik. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Madrid (España), martes 30 de noviembre de 2021. En un comunicado publicado la mañana de este martes un total de 26 organizaciones han manifestado su «absoluto rechazo» a la enmienda formulada por los Grupos Parlamentario socios de coalición de Gobierno de España, PSOE, Podemos e Izquierda Unida (Unidas Podemos), a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que reconoce a los funcionarios de Prisiones como «Agentes de la Autoridad».

Por tal motivo, los colectivos han registrado una petición dirigida a las portavocías de los Grupos Parlamentarios que componen la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, con la finalidad de «frenar una modificación legislativa que implicaría una nueva regresión democrática».

Según fuentes de las organizaciones cívicas a Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo), esta Propuesta de las formaciones socios del Gobierno del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE) «implica romper con el consenso establecido en la Ley General Penitenciaria aprobada en el año 1979».

Esa norma, tal y como aclaran los colectivos, «supuso un salto democrático, ya que creó un cuerpo civil para la gestión de los centros penitenciarios, en contra de lo que sucedía durante el régimen franquista».

En este sentido, la enmienda del PSOE, Podemos e Izquierda Unida, subrayan a Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo), «abre las puertas a la policialización de los funcionarios de prisión», ya que -alegan- de conformidad con los principios constitucionales, «los criterios que han de guiar su actuación son de índole tratamental y no de régimen ni orden público».

En opinión de las 26 entidades firmantes, esta reforma constituye «el abandono del paradigma rehabilitador que teóricamente debe guiar el funcionamiento del sistema penitenciario».

En su lugar, afirman que esta enmienda implanta un modelo en el que «las personas privadas de libertad podrán ser sancionadas por hechos leves tanto por la vía administrativa-penitenciaria, como también en la vía penal, generando un aumento de los casos en los que se acuse y condene por atentado, resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad».

Además, esta reforma también supondrá «un incremento de las dificultades para denunciar situaciones de maltrato en contexto de privación de libertad», han dicho a Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo).

De esta manera, la presunción de veracidad de los funcionarios de cárcel, que pretende introducir la reforma, «actuará como un elemento disuasorio a la hora de presentar denuncias e iniciar procedimientos ante una eventual contradenuncia por parte de los funcionarios».

Asimismo, señalan, «aumenta el margen de arbitrariedad en los expedientes sancionadores, incluidos aquellos que afectan gravemente a derechos fundamentales, como los aislamientos en celda».

Las organizaciones cívicas firmantes han puesto de manifiesto su desconcierto respecto a esta enmienda, dado que esta propuesta se presenta poco tiempo después de haber publicado el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa su informe tras su última visita al Estado español.

Respecto a la situación de los Centros Penitenciarios, el CPT ha afirmado que «sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos».

Según la delegación del CPT, las denuncias efectuadas por las personas privadas de libertad no pueden ser tratadas como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios, «sino que representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles».

Por todo ello, las 26 entidades han solicitado este martes a los Grupos Parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos que «den marcha atrás» en esta reforma que supondría «un paso atrás en la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y un paso adelante en la consolidación de la cultura de abuso de poder e impunidad denunciada por el Consejo de Europa».

Organizaciones firmantes

1.- Asamblea de la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera

2.- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

3.- Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA)

4.- Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ)

5.- Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia (ASDEPRES)

6.- Asociación Salhaketa-Araba

7.- Asociación Salhaketa-Nafarroa

8.- Asociación Catalana por a la Defensa de los Derechos Humanos

9.- Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (CAMPA)

10.- Organismo Popular Antirepressivo (Ceivar)

11.- Colectivo de Abogacía de Orense

12.- Comisión Legal Sol

13.- CNT-AIT Tarragona

14.- Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona

15.- EsCulCa

16.- Familias de Presos a Cataluña

17.- Federación Andaluza Enlace

18.- Federación Provincial de Drogodependencias Liberación

19.- Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza

20.- Cooperativa de Abogados (IACTA)

21.- Instituto de Derechos Humanos de Cataluña

22.- Irídia-Centro por a la Defensa de los Derechos Humanos

23.- La Corda-Grupo Anticarcerario de Reus

24.- Observatorio para la defensa de los derechos y libertades (OTEANDO)

25.- SODePAz Balamil

26.- Zambra Málaga

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