Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), jueves 5 de agosto de 2021. El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, ha cuestionado este jueves que deba pronunciarse sobre los avales con dinero público del «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT) que ha avalado el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) —organismo que depende del Gobierno de la Generalidad de Cataluña del presidente Pere Aragonés García (ERC) y cuyo Consejo de Gobierno es similar a los Consejo de Administraciones de los bancos, después de que todos los bancos rechazaran avalar la creación del FCRCAT con fondos públicos— para pagar las fianzas de un total de 5.422.411,10 euros de los 34 excargos de los Gobiernos del Procés (desde 2011 hasta 2017).
El Tribunal de Cuentas reclama a los 34 encausados un total de 5.422.411,10 euros por promocionar el Procés independentista en el extranjero con el dinero públicos durante los años del proceso de separación de la Comunidad autónoma de Cataluña del resto del Reino de España.
Frente a ello, el independentismo, como siempre, en lugar de pagar la multa, llevó el asunto en el campo de la agitación política y, después, intentó pagarlas con dinero público creando el FCRCAT con un total de 10.000.000 euros, advirtiendo de que a partir de ahora pagará todas las multas, fianzas y asesoramiento jurídicos de los encausados futuros y presentes del procés con ese FCRCAT, que no descartó aumentar el fondo más allá de los 10 millones de euros, a espera de que el Tribunal de Cuentas, el Gobierno de España, la Oposición en el Parlamento de Cataluña y el pueblo catalán (la Resistencia) chuparan esa maniobra.
La respuesta fue contundente: VOX, PP y Cs lo rechazaron y anunciaron que llevarán el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (VOX), el Tribunal Constitucional (VOX) y la Fiscalía del tribunal de Cuentas (Cs). La exvicepresidente de Gobierno de coalición de España, Carmen Calvo Poyato, adelantó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudiaba la maniobra separatista y que no descartaba recurso ante los Tribunales.
Abogacía del estado se lava las manos y devuelve la pelota al tejado del Tribunal de Cuentas
En su informe solicitado de urgencia por el Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado, que depende directamente del Ministerio de Justicia del Gobierno de coalición de España del presidente Pedro Sánchez ha dicho que constata «un conflicto de intereses» en el pago de las fianzas del Procés con dinero público y se ha lavado las manos, inhibiéndose totalmente de la causa y devolviendo, así mismo, la pelota en el tejado del Tribunal de Cuentas para que sea el Tribunal de Cuentas que decida si acepta las fianzas del procés, pagadas con dinero público, o activa el proceso automático de embargo de los bienes de los encausados, entre ellos los indultados políticos presos del procés, Oriol Junqueras Vies (ERC), Jordi Turull Negre (JxCat), Raúl Romeva Rueda (ERC), los presidentes separatistas de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró (Convergencia-PDECAT-JxCat) y el huido de la Justicia española cuya inmunidad parlamentaria ha sido suspendida, Carles Puigdemont Casamajor (JxCat); la Consejera de Presidencia, Neus Munté; y el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell.
Según recoge la Agencia Catalana de Noticia y varios medios nacionales, la Abogacía del Estado ha elevado una consulta a la directora del servicio jurídico del Estado, Consuelo Castro, sobre si debe emitir el informe que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, solicitó de urgencia ante la Abogacía del Estado por «las dudas de la legalidad de los avales» con dinero público del FCRCAT.
El abogado del Estado señala un «posible conflicto de intereses» para que la Abogacía del Estado es «también parte en el procedimiento en el marco del cual se ha planteado la petición de informe».
