El Gobierno de Sánchez no pedirá la ejecución de la sentencia sobre el 25% de clase en español en Cataluña

.Para el Gobierno de coalición socialcomunista del PSOE con los comunistas de Podemos e Izquierda unida, apoyado en el separatismo y EH Bildu del asesino terrorista de la ETA, Arnaldo Otegui: “La política lingüística en la escuela no es competencia del Estado sino de las administraciones educativas”, dice la respuesta de la ministra de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Alegría Continente, que sostiene que “la constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas tienen presencia “y que todo el mundo” alcance el dominio pleno y equivalente en ambas”

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 29.07.2021. El presidente del Gobierno de coalición socialcomunista de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, este jueves en rueda de prensa , donde el jefe de Ejecutivo ha hecho el balance de su Gobierno, el de coalición de PSOE con Podemos e Izquierda Unida (Unidas Podemos), apoyado en partidos separatista y brazo político de la banda terrorista ETA (EH Bildu del asesino terrorista Arnaldo Otegui). Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias-. Barcelona, martes 3 de agosto de 2021. El ministerio de Educación del gobierno de coalición socialcomunista de España del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE) ha confirmado este martes que no va a solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un mínimo del 25% de clases en idioma español, el español o castellano, en la escuela pública en la Comunidad autónoma de Cataluña.

Fuentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, encabezado por la nueva ministra María del Pilar Alegría Continente (Pilar Alegría) —nombrada recientemente en la crisis del Gobierno—, defienden que implicaría una “invasión de las competencias del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y que regular qué porcentaje de clases se hacen en cada idioma corresponde al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, ya que la competencia sobre la materia es autonómica”.

Así lo trasladó el Ministerio de Educación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo presidida por la eurodiputada del PP Dolors Montserrat Montserrat en una carta que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticia (ACN) este martes, 3 de agosto de 2021.

“La política lingüística en la escuela no es competencia del Estado sino de las administraciones educativas”, dice la respuesta de la ministra de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Alegría Continente, que sostiene que “la constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas tienen presencia “y que todo el mundo” alcance el dominio pleno y equivalente en ambas”.

Esto, “sin que el Estado pueda intervenir en la definición de las políticas autonómicas que regulen este deber, según la Constitución y la consolidada doctrina constitucional”.

Las mismas fuentes defienden que si el Ministerio de Educación del presidente Pedro Sánchez actuara para solicitar la ejecución de la sentencia, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña podría recurrir al Tribunal Constitucional que podría sentenciar que el “Estado está invadiendo competencias autonómicas”.

La misiva, en respuesta a la petición hecha por la Comisión para la queja de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, remarca que la sentencia del TSJC aún no es firme, ya que el Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña la recurrió al Tribunal Supremo.

El ministerio de Educación también argumenta que la nueva redacción de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) “se garantiza el derecho a recibir enseñanza en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial”; una clara manipulación de este Gobierno socialcomunista debido a que llamada Ley Celaá hace todo lo contrario: prohíbe el idioma español en todas las comunidades autónomas con dialecto regional, que es el caso de la Comunidad autónoma de Cataluña.

El ministerio de educación del presidente Pedro Sánchez también sostiene que el 25% que estableció la sentencia de 2015 del Tribunal Supremo sobre cuál sería un porcentaje “razonable” de horas lectivas que se debían impartir en español, “no es un porcentaje que pueda ser trasladado a cualquier situación”.

En caso de que se detectara una vulneración del equilibrio entre ambas lenguas, “sólo los tribunales de justicia son competentes para determinarlo” y no el Estado, dice la carta.

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