Redacción.- Barcelona (España), jueves 26 de diciembre de 2019. El PSOE y su Gobierno en funciones del presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón estarían doblegando a los Abogados del Estado español con un escrito político, de «difícil encaje jurídico» para exigir al Tribunal Supremo «la libertad» del preso Oriol Junqueras Vies (ERC)—denuncian fuentes jurídicas—, sobre las alegaciones que la «Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado», conocida como Abogacía del Estado, —un órgano de la Administración General del Estado integrado en el Ministerio de Justicia del Gobierno del Reino España— debe presentar ante el Tribunal Supremo, en un plazo de 5 días, desde el pasado viernes 20 de diciembre al próximo 2 de enero de 2020, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado jueves 19 de diciembre de 2019, falló a favor de la inmunidad parlamentaria del preso del Procés Oriol Junqueras Vies (ERC), desde la noche electoral de las elecciones europeas de mayo de 2019 hasta el lunes, 14 de octubre de 2019, coincidiendo con la sentencia firme del Juicio del Procés, que condenó al delincuente Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación. «Nadie quiere firmar el escrito» que Dolores Delgado, la ministra de Justicia del gobierno en funciones del candidato a la investidura Sánchez ha entregado a la Abogacía.
Así han confirmado hoy fuentes jurídicas al digital «Libertad Digital». Según las fuentes jurídicas consultadas, «nadie quiere firmar el escrito» en el que supuestamente se pediría la excarcelación de Junqueras para acreditarse como eurodiputado por su «difícil encaje jurídico». La abogada general del Estado es Consuelo Castro, mientras Rosa María Seoane representó a la Abogacía en el juicio sobre el 1-O, tras el cese de Edmundo Bal.
cabe recordar que tanto la Fiscalía como la Acusación Popular, ejercida por el partido político VOX, ya han presentado alegaciones ante el Tribunal del Procés, sobre la continuidad del preso Junqueras en prisión y su inhabilitación en cumplimiento de la sentencia del Juicio Procés, y al Juez instructor del caso Procés, sobre la activación de las órdenes nacionales, internacionales y europeas (euroórdenes) de busca, captura y entrega a España de los huidos del Procés.
LOS PLAZOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo da cinco días a las partes para que hagan alegaciones sobre la sentencia del TJUE en relación con Oriol Junqueras.
Tal y como avanzó el digital Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo) el pasado jueves, El tribunal va a estudiar en profundidad el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contestación a las preguntas planteadas por la propia Sala II en auto del pasado 1 de julio sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras, cuando dicha persona se encontraba en prisión provisional.
«Ha acordado dar un traslado para alegaciones al Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, acusación popular y a la defensa de Oriol Junqueras por término de 5 días», puntualizó el Tribunal del Procés en su nota.
«Con su resultado se acordará lo procedente», aseguraron fuentes del Tribunal del Procés en un comunicado el jueves 19 de diciembre.
LA ORDEN DE BUSCA, CAPTURA Y ENTREGA A ESPAÑA
Hasta la fecha de hoy, tampoco la Abogacía del Estado se ha pronunciado sobre las euroórdenes de los huidos del Procés: los delincuentes golpistas Carles Puigdemont Casamajò (JxCAT), Toni Comins (ERC) y Clara Ponsatí (JxCAT), y estaría fuera del plazo de 5 días a partir del próximo jueves 2 de nero de 2019, un plazo que el Supremo podría prorrogar hasta el viernes 3 de enero de 2020.
El instructor de la causa del procés da un plazo de alegaciones a las partes sobre la incidencia de la sentencia del TJUE en los casos de Carles Puigdemont y Antoni Comin: probablemente, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo tanto del Parlamento Europeo, con el reparte de asientos, la delincuente huida de la Justicia Clara Ponsatí se convertirá en eurodiputada.
Aunque por el momento, el Supremo solo quiere solicita la suspensión de inmunidad parlamentaria para los delincuentes «diputados electos»: Puigdemont y Comins, a la espera de que se produzca el Brexit.
Asimismo, el pasado jueves, 19 de diciembre de 2019, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha dado hoy un plazo de 5 días a la Fiscalía, acusaciones particular y popular, y a las defensas de Carles Puigdemont y Antoni Comin, para que formulen las alegaciones que a su derecho convengan tras la sentencia dictada aquél jueves por el Tribunal de Justicia de Unión Europea en relación a la inmunidad de Oriol Junqueras, al poder tener la misma incidencia en relación a dichos procesados rebeldes.
PRESIONES DEL PSOE Y ERC
Según recoge Libertad digital, la propia ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, habría transmitido internamente su intención de que el escrito de la Abogacía del Estado fuese remitido al Supremo el pasado lunes 23 de diciembre.
Sin embargo, el difícil encaje jurídico de lo que supondría un «gesto» del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes para acordar la investidura, ha provocado este retraso y que los integrantes de la Abogacía se muestren reticentes a firmar el escrito para «no quedar marcados profesionalmente» con dicha decisión.
Las mismas fuentes jurídicas sostienen que la hipotética libertad de Junqueras para acreditarse como diputado del Parlamento Europeo sólo podría solicitarse por la Abogacía atendiendo a dos supuestos.
En el primero, solicitando permiso penitenciario para acreditarse como eurodiputado, que ya no tiene fundamento porque Junqueras ha incurrido en una «causa de inegibilidad» tras ser condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación por sedición y malversación en el golpe del 1-O.
El Supremo tendría la última palabra en dicho permiso al ser tribunal sentenciador y obviamente lo rechazaría.
