Puigdemont pide a España anular su detención: «No he cometido ningún delito»

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FOTOGRAFÍA. PARLAMENTO EUROPEO (BRUSELAS) BÉLGICA, 20.12.2019. El delincuente fugado de la Justicia, expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò, el pasado viernes, con su acreditación provisional de eurodiputado, a espera que complete su condición de eurodiputado con la jura de la Constitución Española de 1978 en el Congreso de los Diputados del Reino de España(Madrid) España. Una situación que vuelva a poner al delincuente golpista amarillo contra las cuerdas porque la Fiscalía y VOX han alegado al Tribunal supremo mantener las orden nacional, europea e internacional de busca, captura, detención y entrega a España contra todos los huidos procesados del Procés: Carles Puigdemont (JxCAT), Toni Comins (ERC) y Clara Ponsatí (JxCAT) porque la "inmunidad" ni "es impunidad" ni es un "refugio protector" ni está por encima del delito. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El abogado del delincuente fugado de la Justicia, expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò, ha pedido al Tribunal Supremo (Tribunal del Procés) que anule la orden, nacional, internacional y europea (Euroorden) de busca, captura y entrega a España de detención que pesa sobre su cliente, dado que el delincuente Puigdemont «está protegido por la inmunidad parlamentaria europea». Además, exige que el Tribunal del Procés archive su Causa Puigdemont al considerar que «no ha cometido ningún delito» y que ese tribunal español «aparte al juez instructor de la Causa Procés, Pablo Llarena, por falta de imparcialidad» en toda la instrucción del Caso y desde de la sentencia del Juicio Procés «Sentencia 459_2019» del pasado lunes, 14 de octubre de 2019, hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce la inmunidad parlamentaria del delincuente Puigdemont porque que el huido no ha sido condenado a sentencia firme por ningún Tribunal a diferencia del preso del Procés, Oriol Junqueras Vies (ERC). El Parlamento europeo reconoció el pasado jueves, 19 de diciembre de 2019, esa inmunidad y acreditó a Puigdemont y otro delincuente fugo de la Justicia, Toni Comins (ERC) a espera que vayan a España para jurar la Constitución española en el Congreso de los Diputados para poder disfrutar de su condición de eurodiputado pero con la euroorden contra esos delincuentes, al pisar el suelo español, serán detenidos en encarcelados porque se presentaron en las listas de JxCAT y ERC a las elecciones europeas siendo ya procesados y, desde entonces, tienen euroórdenes activadas contra ellos. La Fiscalía y la Acusación Popular (VOX) han pedido al Tribunal Supremo que mantenga las euroórdenes contra los huidos del Procés: Carles Puigdemont (JxCAT), Toni Comins (ERC) y Clara Ponsatí (JxCAT) porque la «inmunidad» ni «es impunidad» ni es un «refugio protector» ni está por encima del delito. Madrid (España), jueves 26 de diciembre de 2019. 

También pide indirectamente que se archive la Causa Procés. Asimismo. el delincuente huido del Procés reclama  al Tribunal Supremo que se anulen «cualesquiera otras medidas cautelares que subsistan» contra él, incluso las acordadas con anterioridad a la adquisición de su condición de diputado al Parlamento Europeo, «por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición».

Alude el delincuente Puigdemont al «vínculo» entre el eurodiputado y sus representados, una unión «absolutamente incompatible con la detención e ingreso en prisión de un diputado».

Por ello, el abogado del delincuente separatista pide que se declare por el Supremo que «no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad» del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont Casamajò y, finalmente, «que se decrete el sobreseimiento libre de la causa, por no resultar los hechos por los que viene perseguido mi defendido constitutivos de delito alguno».

Puigdemont pide a España no solicitar al Parlamento Europeo la anulación de su inmunidad

La defensa de ese delincuente separatista ha remitido un escrito de 63 páginas al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que resalta que, tras el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el exdirigente catalán «ha adquirido plenamente» la condición de eurodiputado desde que se proclamaron los resultados el pasado 13 de junio.

Y como tal, prosigue, está protegido por la inmunidad parlamentaria, lo que hace a juicio del delincuente Puigdemont necesario el levantamiento de la orden nacional e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, y el resto de medidas cautelares «en tanto no se obtenga la correspondiente autorización del Parlamento Europeo».

«No hay más caminos» -indica el abogado del delincuente golpista huido- cualquier otro será «un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español».

Pero además indica que, como no hay «motivo» que justifique la orden de detención, «resulta improcedente solicitar la autorización para ello del Parlamento Europeo», dice el abogado del huido en referencia a la misma vía que el Tribunal de Justicia Europeo (TSJE) aconsejó a España para poder detener a los delincuente huidos o mantener a los preso en «prisión preventiva» pendientes de Juicio del Procés, durante el Juicio y pendientes de la sentencia.

El prófugo Puigdemont, que sabe que solo es eurodiputado electo y no eurodiputado con todos los derecho al no haber completado su tramitación que pasa sí o sí por el Congreso de los Diputados de Madrid (España) por lo tanto no puede ejercer su actividad parlamentaria, es consciente que en el Parlamento europeo tiene muy poca suerte al tener varios grupos parlamentarios en contra del Procés y de su presencia en la Eurocámara y que cualquiera petición del Supremo de anulación de su inmunidad sera tramitada y volverá a quedarse fuera como hasta ahora. De allí su petición a España de archivar el Caso Procés (Caso Puigdemont) y anular la euroorden.

La defensa del delincuente Puigdemont recuerda en cualquier caso que «la mera solicitud» de la autorización no permite «eludir» el levantamiento de la prisión y sostiene que tampoco procede «la adopción de medida alguna privativa de libertad».

Para el prófugo de la Justicia, la pretensión de la Fiscalía, que cree que su inmunidad no impide mantener las euroórdenes y que solicitó al Supremo que pidiese la suspensión de su inmunidad, «no solo es extravagante sino que es grosera, manifiesta y palmariamente ilegal, con todo lo que ello implica».

También pide indirectamente que se archive la Causa Procés. Asimismo. el delincuente huido del Procés reclama  al Tribunal Supremo que se anulen «cualesquiera otras medidas cautelares que subsistan» contra él, incluso las acordadas con anterioridad a la adquisición de su condición de diputado al Parlamento Europeo, «por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición».

Alude el delincuente Puigdemont al «vínculo» entre el eurodiputado y sus representados, una unión «absolutamente incompatible con la detención e ingreso en prisión de un diputado».

Por ello, el abogado del delincuente separatista pide que se declare por el Supremo que «no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad» del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont Casamajò y, finalmente, «que se decrete el sobreseimiento libre de la causa, por no resultar los hechos por los que viene perseguido mi defendido constitutivos de delito alguno».

El letrado del separatista que continúa haciendo daño contra España y cada familia española, incluso huido, resalta también que la sentencia del TJUE muestra que «siempre» tuvieron razón y que su posición «dista mucho» de la hasta ahora expuesta por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, por el juez instructor y por la sala segunda del Tribunal Supremo, que se negaron a reconocer «por diversos motivos, obviamente no jurídicos» que Puigdemont pudiera adquirir la condición de eurodiputado como consecuencia de la proclamación de los resultados.

Además de la reciente sentencia del TJUE, también menciona la resolución en la que pedía al Tribunal General que examinase de nuevo la petición de Puigdemont y Toni Comín de reconocerles cautelarmente eurodiputados al considerar que su rechazo no estuvo bien motivado.

Pide que se aparte al juez Llarena de la Causa Procés

Sostiene que la euroorden contra él fue dictada «sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo», por lo que pide que se aparte al juez instructor del «procés», Pablo Llarena, «por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad».