Abogados del Gobierno de Pedro Sánchez rechazan el delito de rebelión en el ‘Procés’

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID) ESPAÑA, 27.10.2016. El secretario general del PSOE contra las cuerdas; Pedro Sánchez debe decidir entre votar no y nunca más presentarse a la secretaria general del PSOE o dejar el acta de diputado socialista sin participar a la votación del debate de investidura de Mariano Rajoy Brey, dimitir de secretario general del PSOE y permitir que se cumpla la decisión del Comité Federal del PSOE que es facilitar el Gobierno del PP de Mariano Rajoy Brey con abstención de al menos 15 diputados 'progrés' para evitar nuevas elecciones generales en España. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Los abogados del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez (PSOE), han rechazado hoy acusar a los líderes del proceso independnetista (caso Procés) en Cataluña de un delito de rebelión en el desafío secesionista en la región catalana. La Abogacía del Estado que depende directamente del Ministerio de Justicia del actual gobierno de España del presidente Sánchez solo ha pedido la mitad de las penas que ha exigido el Ministerio Público del Pueblo Español, la Fiscalía General del Estado. Madrid (España), viernes 2 de noviembre de 2018. Fotografía: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID) ESPAÑA, 27.10.2016. El secretario general del PSOE contra las cuerdas; Pedro Sánchez debe decidir entre votar no y nunca más presentarse a la secretaria general del PSOE o dejar el acta de diputado socialista sin participar a la votación del debate de investidura de Mariano Rajoy Brey, dimitir de secretario general del PSOE y permitir que se cumpla la decisión del Comité Federal del PSOE que es facilitar el Gobierno del PP de Mariano Rajoy Brey con abstención de al menos 15 diputados ‘progrés’ para evitar nuevas elecciones generales en España. Efe

Y es que mientras el Ejecutivo ‘progres’ de Sánchez lo hacía la Fiscalía general del Estado agravaba en su escrito ante el Tribunal del Caso ‘Procés’ la calificación de la magistrada instructora Carmen Lamela contra la cúpula de los Mozos y el ex mayor de este Cuerpo autonómico de policía, Josep Lluís Trapero, que será juzgado ahora por el delito de rebelión en lugar del delito de sedición tal como fue procesado por la magistrada Lamela. Excepto la ex intendente de los Mozos, Terresa Laplana, que será juzgada por el delito de sedición con una inhabilitación especial de sueldo y empleo público como moza de Escuadra.

Pedro Sánchez no ve ningún delito de rebelión en el ‘Procés’

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña Oriol Junqueras Vies (ERC); 11 años y medio para 5 exconsejeros separatista; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos acusados de un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.

A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.

Aún así, en su escrito de conclusiones provisionales, entregado hoy en el Tribunal Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsejeras que se encuentran en prisión dado su estatus de “autoridad” al haber “inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña”.

La Fiscalía pide 25 años de prisión y máxima inhabilitación

Unas condenas que, sin embargo, difieren en gran medida a las solicitadas por la Fiscalía, 25 años en el caso de Junqueras y 16 años en el de los exmiembros del Gobierno.

La Abogacía les atribuye sendos delitos de sedición y malversación y pide para ellos los mismos años de cárcel que de inhabilitación absoluta.

Para el resto de exmiembros del Gobierno separatista que se encuentran a disposición de la Justicia (Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila) la Abogacía pide 7 años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta.

Todos ellos constituirían un primer grupo de responsabilidad en los hechos debido a que jugaron “el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias para realizar” el referéndum ilegal y no autorizado del pasado 1 de octubre de 2017 en Cataluña (1-O).

El Gobierno de Sánchez pide a sus abogado exigir solo 8 años de prisión para los ‘Jordis’

Un escalón más abajo estarían los llamados “Jordis”: exlíder de la entidad independnetista Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el preso actual presidente de la entidad independnetista Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Aunque considera que los “Jordis” fueron responsables de un delito de sedición, no les atribuye el estatus de autoridad que sí tenían los entonces miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña ahora encarcelados, y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social “como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales” que exige el delito de sedición.

Los abogados de Sánchez y PSOE piden 10 años de prisión para Forcadell y compañías

El tercer núcleo de esta actuación presuntamente delictiva, dice la Abogacía de Pedro Sánchez y el PSOE, estuvo formado por los antiguos cargos del Parlamento de Cataluña, encabezados por Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición puesto que, como los antiguos miembros del Gobierno de la Generalidad, tenía condición de autoridad.

Por debajo estarían los entonces miembros de la Mesa del parlamento de Cataluña, Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anná Simó y Ramona Barrufet, que se enfrentan a una petición de multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para cargo público de un año y ocho meses por desobediencia grave.

El mismo delito que achaca a Joan Josep Nuet y a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya, para quienes las condenas reclamadas se reducen a 24.000 euros de multa y un año y cuatro meses de inhabilitación.

Los entonces miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, a juicio de la Abogacía de Pedro Sánchez, “debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional” y, a pesar de “las múltiples advertencias” del TC para que no tramitasen las denominadas “leyes de desconexión”, “votaron sistemáticamente a favor de su admisión”.

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