Madrid, jueves 22 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- Acciona Construcción ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional la totalidad de las facturas emitidas por la sociedad Servinabar —empresa directamente vinculada al secretario de Organización de la formación ultraizquierdista PSOE, Santos Cerdán León— a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de las obras de la ronda sur de Logroño. La documentación entregada al juez Ismael Moreno, que acredita pagos por un total de 1.957.000 euros (IVA incluido), consolida los indicios sobre la trama de corrupción, amaños de obra pública y cobro de comisiones que acorrala al entorno más íntimo del presidente del Gobierno socialcomunista Pedro Sánchez Pérez-Castejón, tras las revelaciones previas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la intermediación de Cerdán León para repartir mordidas entre el exministro José Luis Ábalos Meco y el asesor Koldo García Izaguirre.
Las facturas del pelotazo del PSOE llegan a la Audiencia Nacional
El magistrado instructor Ismael Moreno, que investiga el presunto amaño sistemático de contratos de obra pública en el marco del denominado caso Koldo, requirió formalmente a la constructora Acciona la aportación en un dispositivo de almacenamiento digital de la totalidad de los comprobantes fiscales abonados por la UTE Variante de Logroño a Servinabar.
Junto a las facturas que suman un montante exacto de 1.957.000 euros con los impuestos incluidos, la compañía ha tenido que entregar albaranes, controles laborales de acceso y partes diarios de trabajo detallados sobre las supuestas horas realizadas por el personal de la firma ligada a Santos Cerdán León. Toda esta documentación pasa a engrosar la causa abierta para comprobar si estos servicios respondieron a trabajos efectivamente prestados o si constituían la tapadera legal para el pago de comisiones irregulares a la cúpula directiva del PSOE.
Un pacto secreto previo a la licitación oficial
Los hechos investigados se remontan a las actuaciones para la adjudicación de los trabajos de la ronda sur de Logroño en la autovía A-68, en el tramo comprendido entre Arrúbal y Navarrete (La Rioja). Según los atestados elaborados por los investigadores de la UCO, Acciona Construcción y Servinabar suscribieron un documento privado denominado memorándum de entendimiento el 19 de diciembre de 2018 para concurrir asociadas al proyecto, mucho antes de que se adjudicase la obra pública de forma oficial.
Aquel pacto opaco se formalizó apenas cuatro días después de que el Ministerio de Transportes autorizase públicamente la licitación del proyecto. En dicho borrador se estipuló que Acciona asumiría la condición de contratista principal mientras que la firma vinculada a Santos Cerdán León figuraría como «consultora», asignándole una jugosa propuesta presupuestaria inicial de 2,02 millones de euros bajo la cobertura de tareas de prevención de riesgos laborales.
«Bingo!!! en Logroño»: las presiones de Santos Cerdán León
El análisis policial de las intervenciones telefónicas revela que entre el 4 y el 9 de abril de 2019 se produjeron intensas conversaciones cruzadas entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos Meco, su lugarteniente Koldo García Izaguirre y el propio secretario de Organización socialista, Santos Cerdán León. Las pesquisas judiciales confirman la insistencia continuada del dirigente del PSOE para presionar y garantizar que la adjudicación millonaria saliera favorable a sus intereses.
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El 22 de abril de 2019, tras la apertura de los sobres con las ofertas económicas, el entonces director general de Carreteras del Ministerio, Javier Herreros, envió de inmediato un mensaje efusivo a Koldo García Izaguirre que decía textualmente: «Bingo!!! en Logroño». El asesor de Ábalos rebotó al instante dicho mensaje a Cerdán León para certificar el éxito de la maniobra.
Posteriormente, el 11 de septiembre de 2019, la Dirección General de Carreteras otorgó la adjudicación definitiva a la UTE compuesta por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras por un importe de 92,4 millones de euros. Poco después, el 22 de octubre de 2019, la UTE formalizó el contrato con Servinabar por un total de 2,02 millones de euros, cifra que equivalía exactamente al 2,19 % del importe total adjudicado por la Dirección General de Carreteras.