“Acciones judiciales” contra el Gobierno por el desalojo de Policía en Vía Layetana (Cataluña)

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 23.04.2020. Vista del secretario general del sindicato mayoritario de Policía Nacional (JUPOL) en Cataluña, Marcos Veiras, hoy durante la denuncia pública que ha hecho su sindicato al saber las intenciones del Gobierno Pedro Sánchez-Pablo Iglesias sobre el futuro de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Vía Layetana de Barcelona (Cataluña) Centro Memorial y Documental de la Represión Franquista. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción – El secretario general del sindicato mayoritario de Policía Nacional (JUPOL) en Cataluña, Marcos Veiras, ha asegurado hoy que su organización sindical no descarta “acciones judiciales” contra el Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos si finalmente convierten el edificio que hasta ahora ha sido la sede más importante, jefatura de Policía Nacional, de todos los agentes de este Cuerpo en la Vía Layetana de Barcelona, quienes, ha subrayado Veiras, entraron a formar parte del Cuerpo Nacional de Policía en plena democracia, en un centro cultura de humillación separatista a la Policía Nacional y al pueblo español, que han estado sirviendo desde Cataluña toda la vida. Barcelona (España), jueves 23 de abril de 2020. 

VÍDEO. 23.04.2020.

El secretario general de Jupol Cataluña ha hecho esta denuncia en un vídeo el mismo día que su sindicato ha denunciado esta “nueva cesión del Gobierno” del presidente Pedro Sánchez y vicepresidente Pablo Iglesias “a los independentistas catalanes en pleno Estado de Alarma”, denunció JUPOL en un comunicado que ha avanzado el diario digital Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo).

El también portavoz de la Asociación Justicia Salarial Policial (JUSAPOL), entidad policía que integra a los guardias civiles y policías nacionales, asevera que esa apertura del Gobierno se ha hecho durante la respuesta del Gobierno a la pregunta de una diputada secesionista de ERC en el Congreso de los Diputados, Montserrat Bassa Coll, el martes 21 de abril de 2020 durante la sesión de control al Gobierno.

Los hechos, señala Jupol, remontan hasta el pasado 1 de junio de 2017 con la presentación y aprobación en el Congreso de una Proposición No de Ley de “reconversión nuestra Jefatura Superior de Policía Nacional en Cataluña en un Centro Memorial y Documental de la Represión Franquista”.

JUPOL entiende que el Gobierno de España tenga socios separatistas pero, no entiende que el Gobierno “entre en el juego separatista” abandonando a los agentes de Policía Nacional.

“Solicitamos al Gobierno cierta protección para nuestros centros de trabajo” en Cataluña, ha sentenciado el secretario general de JUPOL en Cataluña.

RESPUESTA DEL GOBIERNO SANCHEZ-IGLESIAS

“El Gobierno comparte la necesidad de una regulación de los Lugares de memoria democrática, como aquellos espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil española, la Dictadura franquista y la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”, Así manifiesta el Ejecuto socialcomunista Pedro Sánchez-Pablo Iglesias en la nota dirigida a ERC, que reproducimos íntegramente a continuación.

«RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/2441 y 2443

08/01/2020

4402 y 4404

AUTOR/A: BASSA COLL, Montserrat (GR); ROSIQUE I SALTOR, Marta (GR)

RESPUESTA:

En relación con las preguntas formuladas por Sus Señorías, se informa de que el pasado día 1 de junio de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición no de Ley sobre la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña.

En esa Proposición no de Ley se insta al Gobierno español a reconvertir dicha sede, situada en la Vía Laietana, 43, de Barcelona, y alojar “una exposición permanente de la represión, causas, protagonistas y consecuencias durante toda la dictadura de Franco, de la lucha por las libertades democráticas”. Asimismo se contemplaba en dicho acuerdo que “este traslado debería ejecutarse en caso de que se alcanzara un acuerdo con la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior en aras de garantizar a los efectivos ubicados allí actualmente unas instalaciones más modernas y adecuadas que garanticen la eficacia del servicio prestado por estos efectivos“, así como la creación de “un órgano participado y coordinado entre el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para la gestión de este museocentro memorial”. 

DOCUMENTO PDF

Con posterioridad a dicho acuerdo parlamentario, el Gobierno ha impulsado actuaciones de gran importancia en esta materia. Tras la investidura como presidente del Gobierno del Sr. Pedro Sánchez, se creó la Dirección General de Memoria Histórica, en el seno del Ministerio de Justicia, a la que se atribuyó entre otras funciones “la promoción, en colaboración con las entidades públicas y privadas correspondientes, de la Declaración de Lugares de la Memoria Histórica, como espacios que revelen interés por sus significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha por los derechos y libertades democráticas”. Asimismo, se tramitó un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que incluía una importante dotación presupuestaria para la implementación de políticas de memoria histórica, que fue rechazado al prosperar las enmiendas a la totalidad de devolución.

El Gobierno comparte la necesidad de una regulación de los Lugares de memoria democrática, como aquellos espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil española, la Dictadura franquista y la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Asimismo, el Gobierno es partidario de que la Administración General del Estado elaborare un censo de lugares de memoria en colaboración con las Comunidades Autónomas, y la creación del Inventario de Lugares de Memoria Histórica con el objeto de incluir en él aquellos espacios, inmuebles o parajes que reúnan las características definidas anteriormente. 

Madrid, 20 de febrero de 2020».

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