Acoso en Cataluña

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FOTOGRAFÍA. ALEMANIA NAZI, De 1941 A 1945. Niños, jóvenes, adultos y ancianos con la «Estrella amarilla», un símbolo derivado de la «Estrella de David» con el que los nazis señalaban a las razas inferiores, principalmente a los ciudadanos de Israel, en el Tercer Reich de su líder Adolfo Hitler. —Concretamente, la insignia amarilla o estrella amarilla es un trozo de tela concebido con fines segregacionistas y discriminatorios. Entre 1941 y 1945 presentó la apariencia de una estrella de David sobre un fondo amarillo y con la palabra «Jude» (judío) en Alemania nazi o «Juif» en la colaboracionista Francia de Vichy o Jood en la Holanda ocupada por los nazis. Algunas veces presenta solo una letra «J», otras llega a omitir tanto la palabra en cuestión como la letra con que la misma comienza—. Archivo de Holocausto. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Madrid (España), lunes 13 de diciembre de 2021. Congreso de los Diputados. Secretaría General. Registro General. 13 Dic. 2021. 11:51:18 horas. Competencia: Competencias de la Cámara. Subcompetencia: Control e información. Tipo Expediente: 162-Proposición no de Ley ante el Pleno. Fdo.: Inés Arrimadas García, Portavoz Titular. Fdo.: Edmundo Bal Francés, Portavoz adjunto. Ciudadanos (Cs) Congreso de los Diputados. A la Mesa del Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la convocatoria Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio para evaluar los señalamientos lingüísticos que se están produciendo en Cataluña, para su debate ante el Pleno. Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2021. Inés Arrimadas García, Presidenta y Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Edmundo Bal Francés Portavoz, Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez Giménez Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 23 de noviembre, el Tribunal Supremo ratificó el derecho de los estudiantes de Cataluña a recibir, al menos, un 25% de enseñanza en español, lengua oficial en todo el Estado y la mayoritaria entre la sociedad catalana. Con esta decisión, el Alto Tribunal ratificaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocida en diciembre de 2020, y desoída por el Gobierno de España, entonces inmerso en las negociaciones con los independentistas catalanes para aprobar su reforma de la Ley de Educación a cambio, entre otros asuntos, de eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación.

La decisión del Tribunal Supremo deja sin parapeto legal al mal llamado sistema de inmersión lingüística y, lo que es más grave, constata la vulneración de derechos sistemática a que se ha sometido, con la inacción de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, a generaciones enteras de alumnos catalanes, privados de una educación con el castellano también como lengua vehicular junto al catalán.

Tras conocerse la decisión del Supremo, las autoridades de la Generalitat de Cataluña no tardaron en afirmar que no acatarían, una vez más, las sentencias judiciales a este respecto. No sólo eso, sino que se apresuraron, a través del consejero de Educación, Josep González-Cambray, en hacer llegar a los responsables de los centros educativos una misiva instándoles a desobedecer la sentencia, en un acto de coacción esperable, pero no por ello menos repudiable.

Por si fuera poco, el mismo consejero comunicó que tenía ‘garantías’ del Ministerio de Educación para dejar sin efectos la sentencia del TSJC, motivo por el que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya solicitó de manera urgente la comparecencia de la Ministra de Educación, Pilar Alegría.

Preguntada por ello en sesión de control al Gobierno por Inés Arrimadas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la ministra Alegría se limitó a señalar el «respeto del Gobierno de España por las sentencias judiciales», sin aclarar qué medidas va a llevar a cabo para garantizar el derecho de los estudiantes de Cataluña a recibir su educación también en castellano.

La inacción del Gobierno de España, unida a la ofensiva de sus socios que gobiernan la Generalitat de Cataluña, no ha hecho sino empeorar el clima de hostigamiento y señalamiento que el nacionalismo lleva décadas imponiendo a quienes, amparados en las sentencias judiciales, solicitan que se respeten sus derechos y libertades en este sentido.

Por desgracia, en los últimos días ha trascendido el caso de un menor de 5 años en Canet de Mar (Barcelona), cuya familia, en ejercicio de sus derechos, ha solicitado al centro la aplicación de lo recogido en la sentencia para que pudiera recibir al menos el 25% de sus horas lectivas en castellano.

Las reacciones del nacionalismo más radical se han traducido en llamadas en redes sociales a ‘apedrear’ el domicilio del menor, así como a insultos que tildan de ‘colonos‘ a la familia del alumno.

Por su parte, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña de la Generalitat, lejos de prestar el apoyo necesario al menor y a sus padres para garantizar su protección y anonimato, sigue amparando el hostigamiento que reciben por parte de las organizaciones independentistas radicales y hace responsable de la situación que se está viviendo en esta ciudad a los tribunales de justicia «por romper la convivencia al imponer un 25% de las clases en castellano».

El último episodio de acoso infligido al menor y su familia se produjo el pasado viernes en una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes frente a la escuela del menor, en la que también participaron representantes políticos de los partidos independentistas. Durante la concentración, varios de los asistentes calificaron la sentencia como un «ataque al modelo de escuela» catalana e instaron a las autoridades públicas y docentes del centro educativo a desobedecerla.

Todos estos hechos, como recientemente y a fecha de hoy lunes 13 de diciembre ha dado a conocer la familia a través de una carta pública, están causando sufrimiento a los padres y al propio menor, sencillamente por el hecho de que están reivindicando el ejercicio de sus derechos. No deja de ser sorprendente a este respecto la inhibición del Gobierno de España, teniendo en cuenta que señalamiento separatista ha llevado el odio a las puertas de un colegio y al negocio familiar, un supuesto de extrema gravedad ante al que hasta la fecha el Ejecutivo no ha considerado llevar ninguna acción para combatir este episodio de odio y hostigamiento.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a convocar de manera inmediata la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio a raíz de las situaciones de acoso que sufren las familias que reclaman el derecho de sus hijos a recibir 25% de las clases en castellano.

13 DIC. 2021 11:51:18 Entrada: 176173