Agencias – La iniciativa recibe el apoyo de BComú, PSOE catalán (PSC), ERC y la CUP, el voto contrario de la federación separatista de Jordi Pujol y Artur Mas disuelta el pasado mes de julio de 2015, Convergencia y Unión (CIU), y la abstención de Ciudadanos C’s y PP catalán (PPC). El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto la puerta este viernes 25 de noviembre de 2016 a la municipalización del servicio de agua en la ciudad. Barcelona (España), sábado 26 de noviembre de 2016. Fotografía: Una persona abre el grifón en una casa, en una captura de un vídeo facilitado por la agencia de noticias del Ayuntamiento de Barcelona. Lasvocesdelpueblo.
Una proposición al respecto, presentada por Barcelona en Común y el PSC en el pleno, ha conseguido aprobarse apoyo de BComú, PSC, ERC y la CUP, el voto contrario de CiU, y la abstención de PPC y Ciutadans.
El texto aprobado, concretamente, habla «de abrir una línea de trabajo en el marco del Ayuntamiento hacia la gestión pública directa e integral del ciclo del agua, incluido el suministro domiciliario, valorando siempre su oportunidad, pertinencia y viabilidad técnica, económica, social y ambiental».
Del mismo modo, se ha acordado dotar presupuestariamente los trabajos para «elaborar los informes técnicos y/o jurídicos necesarios» y poder «incluir un plan de trabajo y un análisis específico para promover nuevas formas de funcionamiento» en este proceso de posible municipalización del agua.
Al mismo pleno de este viernes también se ha aprobado una proposición de la CUP en un sentido muy parecido. En este caso, el texto aprobado habla de abrir «mecanismos de participación, y en su caso un grupo de estudio, en el plazo de un mes para la gestión totalmente pública y directa del servicio de suministro domiciliario del agua«.
La iniciativa de los anticapitalistas también habla de «fijar un calendario para desarrollar el proceso de recuperación de la gestión del agua, asumiendo la gestión municipal, mancomunada o metropolitana».
Esta proposición ha recibido el apoyo también de BComú, de ERC y la CUP. CiU, PPC y Ciutadans se han opuesto, y el PSC se ha abstenido asegurando que el texto de la CUP «presupone el resultado de un estudio que aún no se ha hecho».
En el turno de los posicionamientos, Barcelona en Común, autora de la iniciativa, aseguró, por boca del concejal Eloi Badia, que la proposición pretende «acabar con las sombras que impregnan la gestión del agua», porque según estudios a los que ha apelado el edil, «la gestión privada es un 25% más cara, tiene más pérdidas e invierte menos en la red».
Para Badia, con la municipalización del servicio, se podría «bajar un 10% el recibo y se ahorrarían 38,7 millones a los ciudadanos».
«La mejor tarifa social es la que no incorpora gastos innecesarios», dijo, recordando que otros municipios catalanes y grandes ciudades como París o Berlín «ya han seguido el mismo camino».
Desde la CUP, se ha defendido también encarnizadamente el retorno del agua a la gestión «100% pública y directa».
En palabras de la concejala María José Lecha, sólo «se puede garantizar un servicio de calidad, un control popular de la gestión del agua» y un mejor servicio, si se hace desde las instituciones públicas.
La concejal de CiU Francina Vila ha protagonizado una de las intervenciones más beligerantes contra la propuesta de remunicipalización del agua. Y es que según CiU, el gobierno municipal «sólo quiere implementar sus dogmas y apriorismos» con esta propuesta.
«Está claro que modelo tiene el gobierno municipal y la falta de voluntad para llegar a consensos», ha denunciado, considerando que la iniciativa del agua «es puramente una declaración de principios, sin obligación jurídica y sin vinculación» porque cree que Bcomú «sólo se busca titulares».
Desde Ciudadanos, el concejal Santiago Alonso, ha acusado al gobierno municipal y la CUP de llevar al pleno «un debate demagógico con premisas engañosas».
«Nos quieren hacer escoger entre dos modelos que no llevan a ninguna parte: uno donde las administraciones no cumplen y hay conflicto de empresas y judicialización; y el modelo idealista, sin base más allá del convencimiento de que las empresas privadas hacen todo mal y son malas porque ganan dinero», denunció.
El líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, ha reclamado que» impere el sentido común «y se ‘ha mostrado favorable a la municipalización porque «los ciudadanos quieren agua, buena, que se garantice y si puede ser barata.
Como el agua es un bien común, debe ser asegurada y garantizada por parte del sector público. Lo que no podemos hacer nunca es renunciar al control público del agua», ha sentenciado.
Des del PPC, el presidente del grupo, Alberto Fernández Díaz, ha criticado la iniciativa y ha acusado Bcomú y la CUP de estar compitiendo entre ellos con temas como éste.
«Agua era el grito de los trillero de la Rambla cuando venía la policía. Ahora es el particular grito de la guerra que mantienen CUP y Bcomú. Una gesticulación más de las que nos tiene acostumbrados», ha denunciado.
Desde el PSC, formación del Gobierno municipal con B Comú de Ada Colau, la concejala Carmen Andrés ha alabado la iniciativa porque ayuda a que el Ayuntamiento sea «capaz de tener un sistema de acceso universal, Tarifa adecuada a un bien básico y no de lujo».
«Pensamos que es bueno abrir líneas de trabajo en este sentido. Hay un control público del agua en formas diferentes, pero tenemos que avanzar mucho más explorando una gestión más eficiente y que responda a los retos que tenemos por delante», sentenció.
La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
Del mismo modo, el Pleno de este viernes también ha aprobado otra proposición de ERC sobre servicios de la ciudad y la posibilidad de municipalizar los mismos.
En este caso, la iniciativa habla de «realizar una auditoría de la gestión del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos en años anteriores, esto como otros servicios municipales gestionados por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)».
La cuestión llega al pleno después de que Fiscalía haya planteado dudas sobre la gestión de los residuos y del trato a su personal que ha estado haciendo la empresa en Barcelona.
Es por ello que el pleno también ha aprobado en este punto que pide «emprender acciones para esclarecer los hechos y, en caso de que se confirmen las sospechas, depurar responsabilidades, resarcir el importe estafado al consistorio y encontrar los mecanismos para limitar el acceso de la empresa a la adjudicación de servicios municipales».
Del mismo modo, la proposición aprobada habla «de introducir cambios en el sistema de inspección y control municipal de este servicio, así como mecanismos correctores a los topes que se aplican a los tramos de residuos».
Derivada de esta polémica, la iniciativa también plantea encargar un informe que estudie la viabilidad «de municipalizar total o parcialmente el servicio de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos», y en caso de que se vea posible, «poner en marcha el procedimiento de internalización del servicio».
Esta iniciativa ha recibido el apoyo de ERC, que la han presentado, y de la CUP, y el único voto en contra de Ciudadanos.
Pero la abstención masiva de Barcelona en Común, CiU, PSC y PPC han permitido que la proposición haya salido adelante para tener más apoyos que votos de rechazo.
