Agenda Cataluña 2021: Indultos de golpistas y los Pujol al banquillo por robar a los españoles

.Se abre paso un 2021 en el que, como viene sucediendo desde el golpe separatista del pasado 9 de noviembre de 2014 (9N), de hace más de seis años, la actividad política catalana es indisociable de las decisiones judiciales, en los múltiples frentes que el proceso de separación de la Comunidad autónoma de Cataluña del resto de España dejó abiertos en los tribunales y que han llevado a la prisión o a la huida de España a los principales líderes fanáticos secesionistas

FOTOGRAFÍA. PLAZA SAN JAIME DE BARCELONA (CATALUÑA) ESPAÑA, AÑO 2020. Imagen de una concentración en la Plaza San Jaime de Barcelona, convocada por la la organización separatista hispanófoba Asamblea Nacional catalana (ANC). Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El golpismo en la Comunidad autónoma de Cataluña, proceso de separación de Cataluña del resto de España, conocido como el Procés, y sus cuentas pendientes en los tribunales marcarán, otro año más, la actualidad jurídica de 2021 en Cataluña, con todas las miradas puestas sobre los indultos a los líderes golpistas de ese ataque a la democracia y las libertades de los catalanes (procés) y una agenda judicial presta a sentar en el banquillo a la familia Pujol y a la trama del 3 %. Barcelona (España), viernes 1 de enero de 2020.

Lastrada por los meses de parón que impuso la pandemia, que ha abocado a los juzgados al borde del colapso, la Justicia se despide de un 2020 que consumó la inhabilitación del delincuente expresidente catalán Joaquim Torra Pla, alias Quim Torra, y la de los golpistas miembros de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, que presidió la presa golpista Carme Forcadell Lluís, mientras propiciaba la restitución del absuelto renombrado a dedo jefe de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, frente a ese Cuerpo Policial autonómico, una vez absuelto de sedición por su papel en el golpe de estado separatista en esta región del Reino de España.

Y se abre paso un 2021 en el que, como viene sucediendo desde el golpe separatista del pasado 9 de noviembre de 2014 (9N), de hace más de seis años, la actividad política catalana es indisociable de las decisiones judiciales, en los múltiples frentes que el proceso de separación de la Comunidad autónoma de Cataluña del resto de España dejó abiertos en los tribunales y que han llevado a la prisión o a la huida de España a los principales líderes fanáticos secesionistas.

En ese contexto, el debate político del año próximo, tanto en la esta comunidad autónoma como en el resto del Reino de España, estará condicionado por los expedientes de indulto a los presos del golpismo en Cataluña, que el Gobierno socioseparatista y socioetarras del presidente Pedro Sánchez y vicepresidente Pablo Iglesias debe resolver en los próximos meses —aunque difícilmente antes de las elecciones catalanas del próximo domingo, 14 de febrero de 2021 (14F)—, con la más que probable oposición del Tribunal Supremo a esa medida claramente electoralista, partidista y de intercambio de favores entres las partes: PSOE, Podemos, ERC, JxCAT-PDECAT, Izquierda Unida, CUP, Más país, EH Bildu.

La Justicia, con el informe de la Fiscalía contraria a los indultos de esos individuos supremacistas amarillos, ya ha contestado al Gobierno Sánchez e Iglesias mientras la tercera fuerza política en España, VOX, que preside Santiago Abascal Conde, ya anunció recurso ante los Tribunales para impedir esa humillación del Gobierno Sánchez e Iglesias contra el pueblo español.

A Vox parece haberse sumado el PP que también dice que podría recurrir los indultos. Y es que también desde el PSOE, voces importantes como las del presidente de la Comunidad autónoma de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, han pedido a Sánchez que se meta los indultos “donde mejor le quepan” en vez de destruir completamente al PSOE.

No menos controversia suscitan la reforma del delito de sedición o la ley de “amnistía” que reclama el supremacismo separatista, discusiones que discurrirán en paralelo a la nueva clasificación de los políticos presos por parte del Departamento de Justicia, después de que el Supremo les haya cerrado la puerta tanto al tercer grado como a la flexibilización penitenciaria mediante el 100.2.

Mientras tanto, la sentencia del Procés está en manos del Tribunal Constitucional, que en las próximas semanas tiene previsto empezar a resolver los recursos de amparo presentados por los condenados -los de los exconsejeros Carles Mundó y Meritxell Borràs serán los primeros-, y despejarles así el camino hacia la Justicia europea.

El conflicto catalán llegará este año al seno del Parlamento Europeo, que tiene previsto reactivar en enero la tramitación del suplicatorio para levantar la inmunidad a los huidos golpistas: el expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, como le solicitó el Supremo para forzar su entrega a España.

Las derivas judiciales del Procés acechan asimismo a dirigentes de ERC: la Fiscalía ultima una investigación por desobediencia que podría desembocar en breve en una querella al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, por permitir la aprobación de resoluciones a favor de la autodeterminación, y los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó aguardan juicio tras ser procesados por su papel clave en el golpe de estado separatista del 1-O en Cataluña.

De hecho, tres años después del referéndum ilegal, las responsabilidades por el diseño y la logística del 1-O siguen dirimiéndose en los tribunales, con una treintena de cargos del Gobierno golpista de Puigdemont ya procesados e inhabilitados automáticamente —entre ellos directivos de medios públicos catalanes y técnicos de la Generalidad de Cataluña— y una quincena de alcaldes ante la Justicia, incluido el consejero de Acción Exterior, Bernat Solé, juzgado en diciembre y que ya espera sentencia.

También están a un paso del banquillo los cinco miembros de la efímera Sindicatura Electoral del 1-O y, al otro lado de la moneda, encara su recta final la investigación contra cerca de 60 policías nacionales por las cargas para impedir el referéndum en Barcelona.

Por otra parte, las movilizaciones contra la sentencia del Procés, que se saldaron con días de disturbios sin apenas precedentes en Cataluña, llevarán a juicio a numerosos manifestantes separatistas, a los que el Departamento de Interior ha prometido no acusar de atentado a la autoridad ni desórdenes, en un anuncio que sigue sin ponerse en práctica pero que ya ha indignado a los sindicatos policiales.

Atetados de Cataluña 17A

La Audiencia Nacional seguirá enfrascada en 2021 en el juicio contra los supervivientes de la célula que planeó los atentados del 17A en Cataluña.

Mientras tiene pendiente resolver los recursos de las defensas contra el procesamiento de la familia Pujol y de la red de empresarios y políticos investigados en el caso 3 % de presunta financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), en la actualidad disuelta y remplazada por Juntos por Cataluña (JxCAT), partido Demócrata de Cataluña (PDCAT) y Partido nacionalista de Cataluña (PNC); todos estas formaciones de «Convergencia madre» se presentan a las lecciones del 14F.

De confirmarse el procesamiento, dos de las principales tramas de supuesta corrupción que han removido los pilares de la política catalana en los últimos años quedarán a las puertas de la sala de vistas, tan solo a la espera de que la agenda de la Audiencia Nacional permita llevar a sus miembros al banquillo.

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