Redacción – La Justicia investiga a siete violentos separatistas de la banda secesionista «Comité de Defensa de la República Catalana» (CDR) por «desórdenes públicos y Atentado a la Autoridad», delitos, con penas de prisión, cometidos durante los incidentes acaecidos el pasado 30 de enero de 2018 ante la cámara catalana durante el fracasado debate de «investidura telemática» (investidura a distancia), declarada ilegal por la los letrados del Parlamento de Cataluña y por Justicia española, del prófugo de la Justicia, el golpista expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò. Según avanzan los CDR este lunes, 29 de junio de 2020, «la Fiscal Pilar Marzán y el Letrado de la Generalidad de Cataluña, Josep Lluís Florensa, quienes comparten el relato y la acusación del caso, han pedido entre 3 y 2 años para cada acusado». Barcelona (España), viernes 3 de julio de 2020.
VÍDEO. Parque de la Ciutadella de Barcelona, 30.01.2018. La extrema izquierda separatista y extrema derecha separatista rompen el cordón policial de la Guardia Urbana y de los Mozos de Escuadra y avanzan hacia el Parlamento de Cataluña para asediar a la cámara catalana y, con ello, obligar a la mayoría separatista de JxCAT, CUP y ERC a investir al ultraderechista Carles Puigdemont a distancia (telemáticamente), saltando el Reglamento del Parlamento de Cataluña y desobedeciendo la sentencia de la Justicia.
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— CDRs de Lleida (@CDRsLleida) January 30, 2018
Los violentos separatistas: «valoramos como especialmente grave la posición de la Generalidad de Cataluña ya que no sólo hace un absoluto seguidismo de la fiscalía sino que además insiste en su política de criminalización y persecución de la protesta generalizada por parte del estado», amenazan los CDR
Los violentos separatistas: «exigimos la retirada inmediata de la acusación por parte de la Generalidad de Cataluña y la solicitud del archivo de esta causa, que supone una vulneración del derecho a la protesta y la movilización de la que la Generalidad de Cataluña no sólo es cómplice sino que con su papel de nuevo impulsa la represión contra el independentismo y la movilización».
El pasado 30 de enero de 2018 decenas de miles de separatistas se concentraron alrededores del Parque de la Ciutadella de Barcelona más tarde irrumpieron con fuerza en el Parque y acabaron al rededores del Parlamento de Cataluña para exigir que la sesión de investidura telemática, declarada ilegal por la Justicia, hiciera al golpista prófugo Carles Puigdemont nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña.
El golpista de extrema derecha separatista Carles Puigdemont se encontraba entonces en la llamada «Casa de la Republica Catalana» en Waterloo (Bélgica), desde donde, haciendo sus numeritos, financiados con fondos públicos y escoltado por los funcionarios de la Policía de la Generalidad de Cataluña Mozos de Escuadra, amenazaba con que había que saltarse el reglamento del Parlamento de Cataluña para hacerle presidente de la Generalidad de Cataluña mediante una llamada «investidura a distancia» (investidura telemática).
Como la Justicia prohibió dicho debate ilegal de investidura —lo que obligaba la presencia física del prófugo ultraderechista Carles Puigdemont en la cámara catalana, pero Carles Puigdemont no compareció en el Parlamento de Cataluña aunque tenía la mayoría parlamentaria ante la posibilidad de ser detenido y el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent (ERC), este último separatista ante el riesgo de cometer el delito de desobediencia a la Justicia y acaba entre rejas, anuló la convocatoria del Pleno de investidura del ultraderechista Puigdemont— los violentos CDR decidieron asediar al Parlamento de Cataluña para obligar que se hiciera igualmente la «investidura a distancia» de este individuo de extrema derecha separatista.
La estafa del separatismo a los separatistas
No obstante, durante horas, los mensajes confusos del mundo yupi separatista sobre la posibilidad de que se llevara a cabo la sesión de investidura aunque lo prohibiera la Justicia, dado que para este golpismo amarillo en Cataluña solo vale lo que opina ellos y deciden ellos, el plan B de la extrema derecha separatista y extrema izquierda separatista consistía en movilizar a miles de secesionistas para asediar al Parlamento de Cataluña, para presionar a la mayoría separatista de la Mesa del parlamento de Cataluña y para presionar a cada diputado autonómico de la mayoría separatista del Parlamento de Cataluña para que finalmente votarán la «investidura a distancia».
Se ve que varios mensajes de separatistas, desde sus foros cerrados y abiertos, dejaban entender que el prófugo ultraderechista Puigdemont «ya estaba a Cataluña» o «ya estaba entre los manifestantes» separatista del 30 de enero de 2018 esperando para acceder al Parlamento de Cataluña o bien que «Puigdemont estaba ya a Perpiñán (Francia)» y que con una fuerte movilización del separatismo alrededor del Parlamento de Cataluña, tal como ocurrió el pasado 20 de septiembre de 2017 alrededor de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña con los «Jordis» para impedir la operación policial de los agentes de la Policía Judicial y la secretaria judicial del tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Procés, llegaría hasta el Parlamento de Cataluña, haría la investidura y por la misma vía, desaparecería entre los varios miles de manifestantes, siendo ya presidente de la Generalidad de Cataluña.
Se trata de la estafa con la que la extrema derecha separatista y extrema izquierda separatista usaron para movilizar a varios miles de separatistas aquél 30 de enero de 2018.
Sin embargo, Carles Puigdemont se quedó en la «Casa de la Republica Catalana» de Waterloo (Bélgica) para reírse de unos CDR atrapados entre las porras de los Mozos de Escuadra.
Nada de eso ocurrió. No hubo investidura ni a distancia ni proclamación de Puigdemont como nuevo presidente.
Roger Torrent optó por el victimismo, que hace siempre el separatismo cuando esté contra las cuerdas.
A pesar de que los Mozos y la Guardia Urbana blindaran los accesos al Parque de la Ciutadella de Barcelona, para evitar la entrada de los violentos separatistas CDR, la presión popular de esos miles y miles de individuos adoctrinados y engañados desbordó el dispositivo policial, y el cordón policial cedió entre cargas policial y porrazos, lo que permitió a los invasores de la extrema derecha separatista y extrema izquierda separatista acercarse cada vez más hasta las puertas del Parlamento de Cataluña.
Tras varios meses de investigación policial y judicial, varios asaltantes, líderes de los CDR, «fueron detenidas por los Mozos, acusadas de desórdenes públicos y Atentado a la Autoridad; unos delitos que prosperaron gracias a la acusación del Ministerio Fiscal y de los Letrados de la Generalidad de Cataluña, que han empujado el procedimiento hasta el final», apuntan los CDR a través de su foro «Alerta Solidaria».
Prisión
Los CDR dicen que «como ya es habitual, el letrado de la Generalidad comparte de forma íntegra el relato de los hechos del Ministerio Fiscal y su calificación, y acusan a siete personas de desórdenes públicos y atentado en base a los informes y atestados de los Mozos, y piden 3 y 2 años de prisión para cada acusado respectivamente», han dicho.
«Una vez más, la tan repetida frase por Quim Torra cuando dice que «ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España» se olvida cuando se trata de personas movilizadas por el independentismo popular, a quien no se duda vez de acusar e intentar encarcelar como ya ha hecho con el caso de «los 9 de Lledoners»», se refieren a los presos golpistas del Procés, «o en Charaf e Ibrahim, en prisión preventiva desde las manifestaciones post-sentencia del Tribunal Supremo, y tantos otros casos», dicen los CDR.
Asimismo, añaden que «valoramos como especialmente grave la posición de la Generalidad de Cataluña ya que no sólo hace un absoluto seguidismo de la fiscalía sino que además insiste en su política de criminalización y persecución de la protesta generalizada por parte del estado», amenazan los CDR.
Los violentos separatistas zanjan que «exigimos la retirada inmediata de la acusación por parte de la Generalidad de Cataluña y la solicitud del archivo de esta causa, que supone una vulneración del derecho a la protesta y la movilización de la que la Generalidad de Cataluña no sólo es cómplice sino que con su papel de nuevo impulsa la represión contra el independentismo y la movilización», sentencian.
