Efe – El ritmo acelerado de destrucción de empleo en la industria catalana ha activado todas las alarmas, ya que más de 5.000 trabajadores se han visto afectados por expedientes colectivos en lo que va de año, su peor registro en 4 años, mientras que se han disparado las causas por despidos en los juzgados. Barcelona (España), lunes 25 de noviembre de 2019.
El goteo de anuncios de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectan a la industria se ha hecho casi continuo en los últimos meses: Prysmian (300 despidos), TE Connectivity (94), Luxiona (52), Amplifon-GAES, Bayer Hispania (75), el matadero SADA, Huayi Compressor (164), Amplifon-Gaes (82) y Calsonic Kansei (63) son algunos de estos casos.
En la primera mitad del año, destacó el ajuste presentado por la automovilística Nissan, que supone la salida de 600 personas de sus centros de Zona Franca y Montcada i Reixac, en Barcelona, mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.
A estos anuncios habría que sumar la decisión de la multinacional alemana Continental, que fabrica componentes para la automoción, de dejar en el aire el futuro de la planta que tiene en Rubí (Barcelona), con lo que corren peligro otros 760 empleos.
La firma ha comunicado que se replantea sus planes para la planta, especializada en componentes para coches de combustión, en el marco de su estrategia global de apuesta por el vehículo eléctrico, lo que la llevará a recortar unos 5.000 empleos en todo el mundo.
El sector de la automoción y el químico son los que están recibiendo el mayor impacto, extremo que preocupa especialmente a las administraciones y los sindicatos, ya que son ámbitos de alto valor añadido, que exportan y con aceptables niveles salariales.
Las estadísticas de la Generalitat hablan de un repunte de los ERE hasta septiembre, de manera que los expedientes aprobados eran ya 311, 9 más que en todo el 2018, antes de producirse el último goteo.
Un estudio reciente de la Cambra de Barcelona sobre los 8 primeros meses del año apuntaba también a un crecimiento del 124 % de los trabajadores afectados por ERE. Este organismo calcula que el año se podría cerrar con unos 5.000 despidos, un 51 % más que en 2018 y el peor registro en cuatro años.
Esta cifra es la que barajan también, a la baja, los sindicatos CCOO y UGT, según las fuentes consultadas por EFE.
En paralelo a la evolución de los ERE, las causas por despidos en los juzgados de lo social de Cataluña también se han incrementado y en los tres primeros trimestres se han disparado un 13,76 %, frente al 3,75 % que subieron en 2018.
La cifra fue facilitada esta semana en comisión parlamentaria por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que alertó también de que los concursos de acreedores ascienden ya este 2019 a 1.543, con lo que el año se cerrará con un aumento cercano al 50 %.
Por último, los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA) señalan que la industria catalana destruyó 15.200 empleos de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, de los que 14.200 habían desaparecido en el tercer trimestre de este año.
La inestabilidad política por los extensos períodos electorales en España y la falta de presupuestos, tanto del Govern como del Gobierno central, dificulta la búsqueda de soluciones para frenar la tendencia a la destrucción de empleo, según denuncian los sindicatos.
El secretario de Política Sectorial y Sostenibilidad de CCOO en Cataluña, Carlos del Barrio, ha asegurado a Efe que España ofrece a las multinacionales un «entorno favorable» para desinvertir después de que las últimas reformas laborales hayan facilitado los despidos por causas ajenas a la marcha económica de la empresa.
«El panorama es perfecto para que las empresas lleven a cabo despidos preventivos en España», ha señalado Del Barrio, dado que es posible destruir empleo por causas organizativas o productivas, lo que aprovechan las multinacionales que reestructuran su actividad mundial en el actual contexto de desaceleración económica.
«La gran mayoría de los ERE no tienen causas económicas. Son expedientes preventivos y especulativos de empresas que aprovechan la legislación tan laxa de España», ha dicho Núria Gilgado, secretaria de políticas sindicales de la UGT de Cataluña.
Los dos principales sindicatos catalanes exigen a los ejecutivos catalán y español que «asuman la gestión política» de la actividad económica para contrarrestar estos procesos.
El secretario general del departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta, denunció hace unos días también que «en España es demasiado fácil cerrar una fábrica», lo que cree deja el tejido productivo español en una situación de «desventaja» con relación al resto de Europa.
