Madrid, sábado 24 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen sanchista se ha visto obligado a activar un plan de emergencia, suspendiendo libranzas y reforzando a toda prisa el personal consular, acorralado por el ultimátum del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha dado de plazo estricto hasta el 28 de octubre a los ministros de la autocracia socialista, Félix Bolaños y José Manuel Albares, para remitir la filiación completa de las 163.020 personas salpicadas por la paralización del derecho a voto en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), bajo amenaza explícita de sanciones e imputaciones penales. La resolución del Supremo constata el gigantesco fraude censal perpetrado con la «Ley de Nietos» de la extrema izquierda, puesto que, tras auditarse 31.390 expedientes, solo 91 solicitantes —un pírrico 0,28 %— han logrado certificar que realmente descienden de exiliados, desvelando una colosal red de «falsos españoles» fabricada por el sanchismo para alterar de forma ilegítima las urnas del 29N.
El Supremo frena las maniobras de la extrema izquierda en el censo del 29N
El Tribunal Supremo ha propinado un duro revés a las pretensiones de la extrema izquierda de alterar las reglas del juego democrático en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Tras la denuncia de las fuerzas patriotas, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han mantenido la paralización cautelar de los derechos electorales de 163.020 personas dadas de alta masivamente a través de la controvertida disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «Ley de Nietos».
Frente al intento del Ejecutivo sanchista y sus socios separatistas de dilatar la entrega de la información censal, el Alto Tribunal ha mostrado un contundente malestar por las evasivas institucionales. Los magistrados calificaron de «incomprensible» que la Administración General del Estado no haya aportado los nombres requeridos desde el pasado mes de septiembre, advirtiendo a Félix Bolaños y José Manuel Albares de que, si el martes 28 de octubre a las 15:00 horas no entregan la documentación requerida, la Sala impondrá multas coercitivas de hasta 1.000 euros e incoará testimonio a la Fiscalía para exigir las oportunas responsabilidades penales contra los altos cargos implicados.
Escandaloso coladero: Solo un 0,28 % acredita ser verdaderamente descendiente de exiliados
El balance de las revisiones consulares aportado al propio expediente judicial pone al descubierto la dimensión del fraude ideado por los zurdos. De los 31.390 expedientes analizados minuciosamente hasta la fecha, apenas 91 personas han podido documentar de forma fidedigna los requisitos exigidos por el tribunal para demostrar que son verdaderos descendientes de exiliados españoles.
El resto, 31.299 supuestos electores —el 99,72 % de la muestra revisada—, carecen de la acreditación requerida y quedarán excluidos de los censos de votación para la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre. Esta demoledora proporción certifica la creación de un verdadero censo ficticio de «falsos españoles» instrumentalizado por el sanchismo para contrarrestar la inminente victoria del cambio patriota que reflejan la totalidad de los sondeos.
Nerviosismo en el Ministerio de Exteriores ante las posibles consecuencias penales
La contundencia de las medidas cautelares adoptadas por la alta magistratura y el rechazo en cascada de los recursos presentados por la Abogacía del Estado —incluyendo los intentos desestimados por el Tribunal Constitucional de amparar este censo irregular— han desatado el pánico en el Palacio de Santa Cruz. Fuentes del propio Ministerio de Asuntos Exteriores han admitido este sábado que el departamento de Albares ha tenido que movilizar con carácter de urgencia a todo el personal diplomático y administrativo.
Exteriores ha ordenado suspender de forma fulminante los permisos y vacaciones de los trabajadores consulares, autorizando refuerzos presupuestarios e imponiendo turnos maratonianos de trabajo durante este fin de semana (sábado y domingo) con el único fin de evitar la imputación penal de los ministros del régimen antes de la hora límite fijada por el Supremo.