Ceuta, jueves 17 de septiembre de 2026 (Efe).-Gobierno central de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Ceuta han elevado este jueves su enfrentamiento por la gestión de los alrededor de 3.000 Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que permanecen solos en la ciudad autónoma, en una escalada de reproches sobre quién debe actuar para resolver la situación. Mientras el Ejecutivo central defiende que existen vías para trasladar a parte de estos menores a otras comunidades y aliviar así el sistema de protección ceutí, el Gobierno de Ceuta sostiene que también corresponde al Estado asumir sus responsabilidades y reclama que se deje a un lado la confrontación.
La propuesta del Gobierno central pasa por trasladar a los menores a otras comunidades autónomas para descongestionar el sistema de protección de Ceuta y continuar allí con la tramitación de sus expedientes. Frente a esta opción, la posición del PP es oponerse a estos traslados y defender la repatriación a Marruecos de los chicos y chicas.
El Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que hace más de un mes abrió la posibilidad de trasladar a 500 niñas a la península mediante un acuerdo con entidades sociales y que esta vía únicamente depende de Ceuta, ya que no necesita la autorización del resto de comunidades autónomas.
El departamento también apunta a otras fórmulas, como los acuerdos directos con las propias comunidades. Navarra ya ha acogido a cinco niñas mediante este mecanismo, aunque para ampliar esta vía sí sería necesaria la colaboración de las autonomías gobernadas por el PP.
En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha denunciado la falta de colaboración de estas comunidades y ha diferenciado entre quienes, según sus palabras, «se ponen a remar y ayudar más allá de lo que les corresponda» y quienes «solo buscan poner palos en las ruedas».
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En la misma línea se situaron las palabras pronunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, al ser preguntado en los pasillos del Congreso por la presencia de entre 700 y 1.000 menores sin tutelar en las calles de Ceuta, pidió que esa cuestión se plantease al presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas.
La respuesta de Sánchez ha provocado el malestar de Vivas, que este jueves calificó esas palabras de «salida de tono» y recordó que la competencia para identificar a las personas que llegan a Ceuta, sean adultas o menores, corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno.
El presidente ceutí reclamó además al Ejecutivo central que deje de centrarse en los ataques y dedique «todas sus capacidades, sus energías, incluidas las políticas» a tratar de solucionar la crisis que vive la ciudad.
El Gobierno de Ceuta también ha negado haber recibido una propuesta formal del Ejecutivo para trasladar a 500 niñas a la península. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, lo que recibió fue un correo de la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia que no contenía ninguna propuesta formal dirigida al Gobierno ceutí, sino que informaba del ofrecimiento de la Fundación EN-GLOBA para poner en marcha una Unidad de Traslados a la península con el objetivo de facilitar la acogida en centros de la entidad.
Mientras continúa el enfrentamiento entre ambas administraciones, las comunidades gobernadas por el PP mantienen su rechazo a los traslados y responsabilizan al Gobierno central de la situación. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado que el Ejecutivo tiene capacidad legal para trasladar a los menores desde Ceuta a la península.
Moreno ha explicado además que el acuerdo de Gobierno de Andalucía con Vox establece que la comunidad no asumirá «voluntariamente» la acogida de más menores, aunque ha precisado que Andalucía cumple la ley en relación con el mecanismo obligatorio de reubicación de estos niños puesto en marcha por el Gobierno en 2025.
En Castilla y León, donde Vox tiene las competencias en Infancia, el Gobierno autonómico ha comunicado que explorará «al máximo» la posibilidad de alcanzar acuerdos con países extranjeros para agilizar la repatriación de los 164 menores que tutela y ha reiterado su oposición a «cualquier reparto».
Por su parte, el Gobierno de Murcia ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado en verano para prorrogar el sistema de acogida obligatoria de los menores llegados a zonas tensionadas entre las distintas comunidades autónomas, siguiendo el mismo camino que la Comunidad de Madrid, que presentó su recurso este miércoles.
La posición de las comunidades del PP ha sido cuestionada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que ha asegurado que su comunidad seguirá cumpliendo la ley y actuando con lealtad institucional, al tiempo que ha reclamado la misma actitud a estas autonomías.