Alfonso Guerra denuncia «el golpe de Estado» de Artur Mas; carta abierta

Lasvocesdelpueblo

Alfonso Guerra González (Sevilla, 31 de mayo de 1940), el ex-vicepresidente del Gobierno de España desde 1982 hasta 1991 y exdiputado por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados desde 1977 hasta 2015, ha denunciado este martes 1 de septiembre 2015, en una carta abierta emitida en la revista española ‘Tiempo’ «el golpe de Estado» que prepara el presidente separatista catalán, Artur Mas Gavarró con su candidatura Juntos Por El Sí después de la elecciones «plebiscitarias», lamenta Guerra, del domingo 27 de septiembre 2015. Con el título «Elecciones Trucadas», en referencia al 27-S, el dirigente del Partido Socialista Español reflexiona: «¿Podemos imaginar que el presidente de un länd alemán anunciara que proclamará la independencia, o el presidente de una región francesa?», dice Guerra y lamenta «la cobardía» del gobierno del Partido Popular (PP) ante el desafío separatista. Además, Guerra denuncia la complicidad de «partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y la patronal y hasta de alguna entidad deportiva -FC Barcelona-», firma Alfonso Guerra en su carta que reproducimos íntegramente, a continuación. <Fotografía: Foto 1: El ex-vicepresidente del gobierno de la nación, Alfonso Guerra González. Foto 2: El presidente autonómico de Cataluña, Artur Mas Gavarró. Foto archivo>.

«Elecciones trucadas

¿Podemos imaginar que el presidente de un länd alemán anunciara que proclamará la independencia, o el presidente de una región francesa?El ex-vicepresidente del gobierno de la nación, Alfonso Guerra González, Foto archivo

Estamos a las puertas de unas elecciones parlamentarias en Cataluña. Hasta aquí todo responde a la normalidad, pero los dirigentes del Gobierno autonómico han insistido en el carácter plebiscitario de la consulta, y han anunciado que si la lista confeccionada por ellos obtiene un número suficiente de diputados (68), proclamarán la independencia de Cataluña.

Lo más preocupante de la situación creada es la ausencia de la correspondiente respuesta de la sociedad. ¿Podemos imaginar que el presidente de un länd alemán anunciara que proclamará la independencia, o el presidente de una región francesa? Sabemos que ese presidente no podría mantenerse en el puesto mas allá de 24 o 48 horas. ¿Cuál es la respuesta que se da en España a una violación extrema de los preceptos constitucionales por quien ha jurado cumplirlos y hacerlos cumplir?

Es preciso distinguir en las posiciones que mantienen los representantes políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general. Y entre las actitudes de dos ámbitos geográficos: Cataluña y el resto de España.

Los partidos políticos en Cataluña participan del desafío soberanista haciendo caso omiso a la carga antidemocrática de tal violación de las leyes. Los partidarios de la ruptura de las reglas democráticas se ven más o menos acompañados por los demás que, sin participar de su programa, les reconocen de alguna manera que les asiste la razón porque el derecho a decidir no debería ser negado por los demás.

Los medios de comunicación de Cataluña se posicionan militantemente a favor de la secesión o, cuando menos, la contemplan con benevolencia o complicidad.

La responsabilidad del proceso de desnaturalización de la democracia recae, claro está, en los nacionalistas y sus adláteres, pero la izquierda tiene también su responsabilidad, pues no se ha atrevido a parar un programa que representa el viejo proyecto de la burguesía catalana, lo que hubiera hecho aún más evidente la ilegitimidad del proyecto. Sobrecoge observar cómo los sindicatos bailan el agua a Artur Mas y sus monjas coadyuvantes. ¡Cuántos siglos marcha atrás!

En el conjunto de España, la respuesta más repetida es la de advertir de la posible reacción de las autoridades nacionales. ¡Cuidado con la reacción que pueda tener el Gobierno de España! ¡No vaya a deslizarse por un frentismo indeseado! Es decir, que estamos ante el anuncio de un verdadero golpe de Estado que desgajaría a una parte de la nación, y nuestros políticos e intelectuales están preocupados porque el Gobierno pueda reaccionar a un acto de secesión.

Mi inquietud es la contraria, la que se deriva de la falta de respuesta del Gobierno.

La sin razón de los asustados por la reacción, no por la violación constitucional, alcanza límites de tal despropósito como el de llegar a negar, como un acto impropio, que se pueda aplicar los preceptos de la Constitución a quien pretende romperla.

Ya sabe usted, los pusilánimes advierten de que no se vaya a aplicar el artículo 155 de la Constitución, pues eso les parece poco democrático. Asustados porque se puede aplicar un artículo de la Constitución que fue aprobado por unanimidad cuando se debatió en la Comisión Constitucional. Pues ahora, para algunos parece ser una norma represiva de un régimen no democrático. He llegado a leer, con firma de catedrático, que ese artículo fue incluido para que no se aplicara. Incluso el máximo representante del tribunal que garantiza la constitucionalidad de todos los actos declaró que “no le gustaría que se aplicara el artículo 155”. Como si la cosa fuera cuestión de gustos. Si una autoridad, máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma, viola la Constitución, la respuesta ¿es cuestión de gustos

El artículo 155 se incorporó al proyecto de Constitución como una traducción casi literal de un precepto de la Constitución de la República Federal alemana; se trata de una cautela típica del modelo de Estado federal, para cuya aplicación se exige, tras la decisión del Gobierno, la aprobación por mayoría absoluta del Senado, la Cámara de representación territorial.

Según el denostado artículo 155, no se puede suspender la autonomía de una comunidad (en Reino Unido), no se puede disolver un Parlamento autonómico (en Austria), ni destituir al Gobierno de la comunidad autónoma (en Italia). Lo que permite la aplicación del artículo 155 es una cautela legal que no justifica ninguno de los miedos que algunos declaran. ¿Qué dice el texto?

“Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”.

Una disposición sensata, garantizadora del cumplimiento de las leyes.

Frente a esta normativa constitucional, las autoridades de la comunidad vienen practicando una suerte de golpe de estado a cámara lenta, con la complacencia de los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y la patronal y hasta de alguna entidad deportiva. Un verdadero monumento a la cobardía.

Su protagonista, el presidente de la Generalitat, evita así rendir cuenta de su pésima gestión como gobernante. En una época marcada por la crisis económica que ha agravado la pobreza de muchos y ha dificultado la vida de muchos más, el dirigente nacionalista, rota la leyenda con el caso Pujol, embargadas todas las sedes de su partido por la corrupción, da un salto en el vacío con la imperdonable consecuencia de lanzar por el precipicio a todo el pueblo catalán. Huir hacia adelante es la más execrable forma de cobardía».

Alfonso Guerra González

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