«La Ley electoral impide elegir directamente a quienes deben gobernar», explica Ana Maria Torrijos, en su nuevo artículo a ‘Lasvocesdelpueblo’. «Si hubiéramos tenido conciencia de lo que representa la Ley y de lo imprescindible que es respetarla, hacerla cumplir y aplicarla al que la burla, muchos problemas actuales no pesarían sobre nosotros», apunta Torrijos.
Se abren los colegios electorales, ya están a punto las mesas, las urnas, las papeletas, todo dispuesto para que el pueblo soberano se acerque a emitir su voto, y en él sus aspiraciones, sus deseos pero también su enfado y fustraciones. El sistema democrático es comicios, partidos políticos, mítines, programas electorales y un ecétera de ingredientes que conforman la pluralidad social.
El escrutinio se incorpora a la solemnidad del día y después de la espera, los resultados, el cómputo definitivo de lo que tendría que ser la decisión de los ciudadanos, sufragio que se transformará en unos instantes en una plataforma privilegiada para algunos políticos poco consistentes. Éstos como aprendices de brujo diseñan estrategias, no en interés de sus ciudadanos , sino sólo por ansias de poder o por revanchas ideológicas o por la desestabilización del Estado.
La Ley electoral impide elegir directamente a quienes deben gobernar desde los Ayuntamientos y Parlamentos, lo que provoca un escenario post-electoral lleno de exclusiones sectarias y de pactos esquizofrénicos. El balance final se coloca en las antípodas de lo que dijo el sufragio –de todos los españoles que están en pleno uso de sus derechos políticos- (artículo 68.5, Constitución) y luego a esperar cuatro años a no ser que alguien considere ventajoso adelantar elecciones. Los depositarios de la soberanía no pueden hacer nada aunque, en el período desde legislatura a legislatura, comprendan que el gobierno no está dispuesto a reformar lo que necesita ser modificado para el buen funcionamiento de la democracia.
La participación de más partidos en el reparto electoral, por ahora, no responde a lo que exige el sistema parlamentario, que son principios y respeto a lo que dice el pueblo a través del voto. Esta situación adulterada es una derivada de la ineficacia de la clase política que no se ha dignado a trabajar por España pues unicamante ha puesto énfasis en perpetuarse y facilitar la corrupción. Las cámaras legislativas y las salas de pleno más que lugares donde se juega la cohesión de la sociedad y la continuidad de la Nación y del Estado, son espacios acotados a modo de dehesas para el pastoreo de quienes están allí, alimentados con buenos emolumentos , interrumpido su plácido sesteo por los gritos de los portavoces, gritos llenos de improperios, faltos de sensatez y seriedad.
Las fuerzas políticas que han sustentado las instituciones, han traicionado la legalidad vigente, cada una a su manera; el PSOE sin sentido de Estado, apuntándose a los nacionalistas, sin respetar los límites de la Constitución; el PP cabizbajo, no utilizando las leyes redactadas y aprobadas para atajar cualquier acción en contra del Estado, mientras reparte el dinero público para afianzar a los desleales a la normalidad democràtica y algunos de sus líderes huyen en estampida frente al panorama que se avecina después de las elecciones; los nuevos partidos políticos , Ciudadanos con un alarde de «incoherencia» en algunos de sus apoyos , y Podemos disfrazándose de camaleón con el único propósito de estar en las estructuras del Estado.
Nuestra sociedad posee aún los ingredientes imprescindibles para que la democracia se desarrolle con toda plenitud ya que existe una amplia clase media que a pesar de haber sido maltratada durante los años de crisis y golpeada por las bofetadas tributarias del ministro Montoro, tiene capacidad de reacción para aplicar cordura e iniciativas.
El voto es el medio ordenado para incidir en la vida pública, pero no impide implicarse en otros procesos más inmediatos: concentraciones, manifestaciones… Durante muchos años se ha dejado en exclusividad este recurso legal en manos de reivindicaciones sectoriales, sindicatos, movimientos de partido o marcas violentas, extremistas , pero ha llegado el momento de que, ante cualquier situación grave que atente a la estabilidad de los principios comunes, todos (no importa dónde vivamos, jóvenes o no, mujeres, hombres, trabajadores, intelectuales, de derecha e izquierda) seamos capaces de unirnos para defender el futuro.
Si hubiéramos tenido conciencia de lo que representa la Ley y de lo imprescindible que es respetarla, hacerla cumplir y aplicarla al que la burla, muchos problemas actuales no pesarían sobre nosotros.
La inmersión lingüística obligatoria en la enseñanza, la dificultad de traslado para los funcionarios por motivo de lengua, la ocultación de los símbolos nacionales, la quema de banderas, los pitidos al himno de España, las multas lingüísticas por rotular sólo en castellano cuando no se multa a los que rotulan sólo en inglés, pseudo referendum secesionista, la quiebra social, el recibir como insulto el término «españolista» por ser o decir que eres español… todos estos síntomas de precariedad de nuestro Estado de Derecho se hubieran atajado si, cuando el primer niño, la primera escuela, el primer colectivo de docentes fueron privados de sus derechos constitucionales, todos nos hubiéramos unido a pedir a los dirigentes políticos el cumplimiento de la Ley.
Tengamos muy presente que han sido elegidos concejales, alcaldes, parlamentarios autonómicos para ser «garantes de la Ley, sus primeros cumplidores» no para que acaten el puesto por «imperativo legal» o por «la futura república catalana» o por otra frase más o menos ingeniosa. La Democracia requiere respeto».
