Sevilla (Andalucía) Reino de España, miércoles 8 de octubre de 2024 (Efe).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo Jesús del Río Fernández (Lorenzo del Río), elevará una consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación de excedencia voluntaria de una de las magistradas que juzgó el caso de los ERE para determinar si puede dictar la nueva sentencia requerida por el Tribunal Constitucional.
Del Río, en una entrevista en Canal Sur Radio, ha explicado que la «regla general» es que esa nueva sentencia la dictaran los mismos jueces que han intervenido en la causa, y que se exceptúan solamente quienes pasan a una situación de excedencia voluntaria para ocupar «cargos políticos».
Después de que El Diario de Sevilla haya publicado que la excedencia de la magistrada Encarnación Gómez Caselles deja «en el aire» la nueva sentencia ordenada por la corte de garantías española para algunos condenados en la pieza política de los ERE, Del Río ha dicho que tendrá que ser el CGPJ el que haga «una interpretación» sobre si puede o no formar parte del tribunal.
«Hay que hacer una interpretación de los preceptos legales y se va a elevar una consulta al Consejo», ha indicado el presidente del TSJA tras tener comunicación «oficial» de que esta magistrada estaba en situación de «excedencia voluntaria» para «cuidado familiar».
Del Río ha reconocido que se trata de un «contratiempo importante» sobre este caso, dado que puede hacer que se «dilate» o «demore».
Nuevo juicio
En el caso de que la magistrada no pudiera trabajar en la nueva sentencia, incluso ha planteado como «hipótesis» la posibilidad de que tuviera incluso que celebrarse una nueva vista, un juicio con un tribunal distinto.
«Habría que ver en qué condiciones, si sería un juicio idéntico con repetición… Prefiero no aventurar, vamos a ir paso a paso porque es verdad que se están produciendo unos contratiempos que no se esperaban», ha indicado.
Del Río también ha admitido que el pronunciamiento del Constitucional sobre la pieza política de los ERE puede afectar al resto de juicios pendientes en la Audiencia sobre esta macrocausa, que habrán de hacerse «con arreglo2 a la valoración del referido tribunal.
Condenas a etarras
Por otra parte, preguntado sobre el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que podría beneficiar a 44 presos etarras, ha recordado que la Ley Orgánica de 2014 ya exceptuaba a las sentencias anteriores a agosto de 2010 y que la transposición de la directiva europea ya estaba “operativa en España”.
«Es una decisión que ha tomado el legislador ahora mismo, que algunos parece ser que no se han enterado, pero no era una obligación de la directiva (de la Unión Europea) porque ya estaba estaba operativa ahí con anterioridad», ha dicho Del Río, quien ha recordado que la excepción introducida en la ley de 2014 queda ahora suprimida.
Por tanto, ha añadido, ahora sí habrá que empezar a hacer liquidaciones de condena, computando los años de prisión que sean por resoluciones judiciales distintas de los tribunales españoles.
Del Río ha recordado que el tratamiento del terrorismo en España ha supuesto «desgarro» y «dolor» para muchas personas, por lo que cualquier cambio «toca la fibra sensible de la sociedad».
Finalmente, en cuanto al tercer grado autorizado para el preso de ETA condenado, entre otros, por el asesinato del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, ha dicho que se trata de decisiones de la administración penitenciaria que podrían ser objeto de un recurso de la Fiscalía que lo paralizaría.
