Redacción.- Huelva (España), lunes 8 de agosto de 2022. VOX ha presentado, ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, una ampliación a la querella contra Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. (GIAHSA) por malversación, financiación ilegal y falsedad documental.
En esta ocasión, el partido ha aportado el informe de destino de los beneficios presupuestado para la empresa, cuyo beneficio está cifrado en 29.581.512,14 euros.
Por su parte, los ingresos esperados para 2022 alcanzan los 82.599.286,84 euros.
Tras un riguroso examen de las cuentas, VOX advierte en su escrito de que dentro de los denominados «costes operativos» se han incluido algunos que no lo son, como es el caso de las indemnizaciones y la gestión de cobros. «Son de especial relevancia para tratarlos a parte», señala la formación en su escrito.
Insiste, de nuevo VOX, al Juzgado onubense en que acepte la solicitud de diligencia esencial de remitir toda la documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para su comprobación y oportuna investigación.
El pasado 13 de junio, el Secretario General de VOX, Francisco Javier Ortega Ortega Smith Molina; la vicesecretaria nacional Jurídica, Marta Castro Fuentes, y el diputado Nacional, Tomás Fernández Ríos, se trasladaron a Huelva, donde presentaron una querella GIAHSA por malversación de caudales públicos, contemplado en el artículo 432 y siguientes del Código Penal (C.P); financiación ilegal de los partidos políticos; artículos 304 bis y ter, y falsedad en documento público, oficial y mercantil art. 390 del (C.P.).
En aquel momento, el secretario General de VOX denunciaba que «GIAHSA no sólo es una maquinaria engrasada para la malversación de fondos públicos, sino que sirve de colocódromo de elefantes de todos los partidos del consenso progre desde hace una década».
Por su parte, Marta Castro Fuentes advierte de que la gestión de empresa Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. (GIAHSA) se había «apartado de los criterios de eficacia y eficiencia que debe presidir el uso de recursos públicos y ha traspasado la línea han cometido delitos más graves en la gestión del erario público, la malversación».
