Apertura del «Año Judicial» con el Rey, a vísperas de la sentencia del «Juicio Procés»

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), SEPTIEMBRE DE 2018. Vista general del Salón de Plenos del Tribunal Supremo, durante el discurso de la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la ceremonia de apertura del Año Judicial, este septiembre de 2018, en la sede del Tribunal Supremo, y que presidió el Rey Felipe VI. Efe

Efe – El rey preside mañana la apertura del año judicial, un curso que comenzará fuerte con la sentencia del «Procés», que se hará pública en pocas semanas y que marcará el devenir político en Cataluña, cuyos líderes independentistas anticipan ya una respuesta contundente en caso de condena. Madrid (España), domingo 8 de septiembre de 2019. 

Será la séptima ocasión en que Felipe VI presida la ceremonia del año judicial, un acto solemne y estrictamente protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario hace unos meses del histórico juicio contra los 12 líderes soberanistas.

El rey dará inicio a la ceremonia al mediodía, acompañado del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien pronunciará su último discurso como máximo representante del CGPJ en caso de que finalmente se produzca la renovación del órgano de gobierno de los jueces, bloqueado por la parálisis política desde el 4 de diciembre de 2018.

Como es costumbre, el discurso inaugural del presidente del Poder Judicial estará precedido del de la fiscal general del Estado, María José Segarra, que presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2018, aunque en ambos casos se esperan alusiones al debate soberanista catalán, tal y como viene sucediendo en los últimos años.

A la ceremonia también asistirán, entre otros, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Manuel Cruz; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

También acudirán los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Militar Central, los fiscales superiores de las comunidades autónomas, representantes de las asociaciones judiciales y de delegaciones internacionales de los poderes judiciales de Portugal, Andorra y Marruecos.

Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, los vocales del CGPJ así como los portavoces de los grupos parlamentarios completan el elenco de autoridades y personalidades que estarán presentes en el salón de plenos.

Al margen del rígido protocolo de un acto decimonónico, la sentencia del «procés» acaparará todo el protagonismo en los posteriores corrillos, habida cuenta de que se espera que el Tribunal Supremo la haga pública en próximas fechas y de que su contenido condicionará a corto y medio plazo la agenda política regional y nacional.

La Sala maneja finales de septiembre y principios de octubre para dar a conocer la sentencia, si bien la intención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, es dictarla antes del 16 de octubre, cuando se cumplen dos años de la prisión de los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Todo ello con la incertidumbre de si para entonces habrá un Gobierno central constituido para afrontar la sentencia, sus connotaciones políticas y las reacciones que pueda provocar.

Porque, desde Cataluña, tanto la Generalitat como los partidos independentistas y las organizaciones soberanistas trabajan ya en el día después de la resolución, con la vista puesta en unas hipotéticas elecciones autonómicas a final de año, aunque la Diada del próximo miércoles -que se espera multitudinaria como en anteriores años- ya servirá para tomar el pulso a la calle.

Una sentencia de la que depende el futuro procesal del exvicepresidente de Oriol Junqueras, de nueve exconsellers de Carles Puigdemont -que sigue huido en Bélgica-, y de dos líderes sociales, los Jordis, por la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017, ambas declaradas ilegales.

Pero también del propio expresident si se da el caso de que el juez Pablo Llarena reactiva la euroorden contra él y los otros seis políticos fugados de la justicia española.

Y mientras tanto, en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendiente pronunciarse sobre la inmunidad alegada por Junqueras después de que se le impidiese salir de prisión para cumplir con los trámites para ser eurodiputado

Pero no solo es el «procés». Porque el nuevo curso judicial viene con una mochila cargada de asuntos relevantes, como la exhumación de Franco, los juicios por el asesinato de Diana Quer o el del niño Gabriel y la esperada sentencia de los ERE.