Efe – El juez del caso Púnica, que ha imputado esta semana a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ha revelado sus sospechas de cómo la trama asestó un golpe a la sanidad pública y a la educación concertada madrileñas, quedándose con varios millones de euros. Madrid (España), domingo 8 de septiembre de 2019.
Cinco años después de que se destapase el famoso caso de corrupción, con la detención de varios alcaldes de municipios madrileños, el juez Manuel García Castellón ha dictado una serie de autos en los que no solo reordena la causa sino que prácticamente sienta las bases de la investigación de algunas de las piezas con revelaciones que dan cuenta del poder de la trama en la Comunidad de Madrid.
Una de ellas es el desvío de dinero de la sanidad pública para financiar al PP madrileño. Unos tres millones concretamente calcula el juez que salieron de la construcción de hospitales y centros de salud a través de la famosa cláusula del 1 %.
En el auto de imputación de Aguirre, al que tuvo acceso Efe, el magistrado expone cómo se desvió el dinero mediante una cláusula «nula» que los gobernantes del PP incluyeron en grandes contratos de obras públicas, muchos de ellos de la sanidad pública.
La cláusula obligaba a la empresa adjudicataria a pagar un 1 % del total de la obra en concepto de publicidad y contratar para ello a un empresario que colaboraba con el partido para desviar el dinero, Horacio Mercado.
El magistrado sospecha que dicha cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías y da una cantidad total aproximada de 5 millones desviados entre 2006 y 2008.
Y aporta dos cifras más concretas: 1,8 millones pagados a empresas de Mercado por las concesionarias de la construcción y explotación de siete hospitales de la Comunidad de Madrid, y 1,2 millones abonados por las constructoras de centros de salud y hospitales en más de una decena de municipios de la región.
Pero la cosa no queda ahí. Después de la sanidad, va la educación. En este caso colegios concertados de Madrid y también de Murcia, a cuyos cooperativistas, según otro auto del instructor, la Púnica les causó presuntamente un perjuicio de unos 15 millones de euros entre 2002 y 2014.
La dinámica era la siguiente: Francisco Granados, entonces secretario general del PP madrileño, «usaba sus influencias políticas» para que los ayuntamientos cedieran suelo público a bajo precio «con el argumento de que el colegio concertado era un servicio público de interés».
Concesiones por las que la promotora Alfedel -principal empresa implicada-, de la mano de su administrador Alfonso Ferrón, pagaba comisiones que se enmascaraban en contratos falsos con sociedades de David Marjaliza, presunto conseguidor de la trama y que ha confesado los hechos.
Las comisiones salían de las cuentas de los colegios, dado que Ferrón -que obtuvo «ingentes beneficios» de la operativa- «hizo creer» a los cooperativistas que «para llevar a buen término los trabajos» era «preciso» que otorgasen plenos poderes a su promotora.
De esta forma, Ferrón y Marjaliza, junto al promotor José Luis Capita y al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, se concertaron para vaciar los fondos de los colegios, que Ferrón -que ejercía de representante de los cooperativistas- utilizó para sobornar a alcaldes y técnicos de los ayuntamientos, que siempre le acababan adjudicando los contratos.
Según los cálculos del juez, las mordidas llegaron al menos a 2,1 millones de euros, cantidad de la que Granados se pudo llevar 660.000 por varias gestiones.
Por su parte, los ingresos obtenidos por Alfedel de 19 de las cooperativas ascendieron a 19 millones, y los obtenidos por empresas vinculadas a David Marjaliza, José Luis Capita y José Antonio Alonso, a 12,1 millones, presuntamente.
El juez detecta irregularidades en la adjudicación de obras en varios municipios, entre ellos Valdemoro, del que Granados fue alcalde, donde la trama causó un perjuicio de 1,3 millones de euros por la venta de dos parcelas.
Además, Ferrón, que se benefició de las ventajas fiscales que tenía la educación concertada en la Comunidad de Madrid, se repartió con las constructoras de los colegios «sobreprecios millonarios» a cuenta de las cooperativas.
En definitiva, una operativa que no perseguía «promover o mejorar el sistema de enseñanza» sino «obtener un ilícito lucro para su enriquecimiento personal».
