Artur Más no irá a la cárcel, el Ministerio Público pedirá una “inhabilitación de 10 años y una multa”

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Los presuntos delincuentes del golpe separatista del 9N, Artur Mas (i) junto a su vicepresidenta de gobierno Joana Ortega, durante la jornada del 9N. Lasvocesdelpueblo

Redacción – Tal como aseguró el juez instructor en su escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado inicio de mes de enero 2015 –con una petición de hasta 15 años de inhabilitación y 2 años de multa (sin sueldo público)–, el fiscal General del Estado considera que el expresidente catalanista y actual presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Artur Mas Gavarró, es un delincuente. Según el fiscal, que le ha perdonado la pena de cárcel rechazando en su escrito el delito de “malversación de fondos públicos” durante el golpe de Estado catalanista del pasado 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, dice el fiscal que Artur Mas y su gobierno desafiaron “abierta y públicamente la suspensión” del Tribunal Constitucional (TC) de la patria permitiendo desde el gobierno regional de Cataluña la celebración del golpe de Estado bajo la escusa separatista de “referéndum participativo” de autodeterminación de Cataluña. En este sentido, el fiscal general del Estado pedirá su “inhabilitación de 10 años” y “multa por el delito de “desobediencia grave” en el juicio que se podría celebrar en otoño 2016. Barcelona (España), lunes 22 de agosto de 2016. Fotografía: Los delincuentes del golpe separatista del 9N, Artur Mas (i) junto a su vicepresidenta de gobierno Joana Ortega, durante la jornada del 9N. Lasvocesdelpueblo.

Fiscal General del Estado: “Los investigados (imputados), muy en especial el investigado Artur Mas, a la sazón presidente de la Generalidad de Cataluña, desafiaron abierta y públicamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014″.

Tras las maniobras derivadas del Juicio del Caso Nóos, con la cárcel sin fianza des secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, hasta la fecha de hoy, el TSJC decidió excluir a Manos Limpias que ejercía de acusación popular en el caso de 9N y actualmente, la única acusación popular es el Sindicato Profesional de la Policía y la Unión Federal de la Policía. Si la acusación popular mantiene el delito de “malversación además de la prevaricación y la desobediencia” en su querella, los delincuentes separatistas Artur Mas, Irene Rigau y Joanna Ortega podrían ir a la cárcel.

Según ha avanzado hoy el diario ‘El Mundo’ que ha tenido acceso al escrito del fiscal, Artur Mas Gavarró se podría enfrentar a unos 10 años de inhabilitación para ocupar un cargo público por “un delito de prevaricación administrativa en el proceso judicial” por el golpe de Estado impulsado desde su gobierno en Cataluña el pasado 9 de noviembre 2014.

Una pena que podría ir acompañada de una petición multa por “el delito de desobediencia grave por el que también será procesado junto con la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera y actual diputada” de la coalición golpista catalanista al 27s 2015, Juntos Por El Sí (JxSí), “Irene Rigau”, dice este medio. Actualmente, la entonces exvicepresidenta del gobierno de Artur Mas Gavarró, Joana Ortega, se marchó de la política tras el fracaso de su partido que formaba parte de la confederación separatista catalanista , Convergencia y Unión (CIU) –confederación disuelta el pasado año 2015–.

Fiscal: “Los querellados, con especial preponderancia de Artur Mas, amparados simplemente en su voluntad y actuando con plena conciencia y voluntad” permitieron el golpe de Estado

La Fiscalía, asegura ‘El Mundo’, prepara su escrito de acusación contra los tres, fundamentado en las numerosas pruebas que se han practicado durante la investigación de este proceso judicial. En su último escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled afirman que “los investigados, muy en especial el investigado Mas, a la sazón presidente de la Generalidad de Cataluña, desafiaron abierta y públicamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014”.

Este tribunal impedía el golpe convocado por el gobierno separatista de Artur Mas para el 9-N pese a que, según el Ministerio Público, “los querellados, con especial preponderancia del entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, amparados simplemente en su voluntad, que convirtieron irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, y actuando con plena conciencia y voluntad” permitieron las votaciones del 9N prohibido por el TC.

En este sentido, la Fiscalía afirma que los procesados “incumplían así la obligación que, respectivamente, como convocante e impulsores de procedimientos administrativos específicos, les atañía a raíz del mandato” del Constitucional. Por eso, creen que mantuvieron “actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar efectivamente la votación”.

La Fiscalía indica, como hizo antes el magistrado instructor de la causa en el TSJC, que los procesados podrían haber cometido un presunto delito de desobediencia cuando no acataron la suspensión del Constitucional. Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau declararon ante el juez que el gobierno regional de Cataluña se desentendió de las votaciones tras la providencia del tribunal y que fue entonces cuando se encargaron los voluntarios.

“Las diligencias hasta ahora practicadas han revelado que de ningún modo fue así. La organización y desarrollo de la consulta siguió en todo momento bajo el amparo, impulso y control de la Administración autonómica, de conformidad con los designios de los querellados”, destacan los fiscales.

Esta claro que la Fiscalía no pedirá penas de cárcel para Mas, Ortega y Rigau por el 9-N ya que no los acusará de un delito malversación de fondos, que podría comportar prisión

En este sentido, la Fiscalía considera también que “los investigados pretendieron aparentar que todo quedó en manos de voluntarios, y lo consiguieron, puesto que para un observador externo el día de la votación resultaba efectivamente inviable constatar el grado de utilización de medios públicos durante el tiempo en que aquélla tuvo lugar, que había sido convenientemente mantenido en la sombra. El grado de control y participación públicos no se ha conocido en detalle sino a raíz de las diligencias practicadas en el seno de las presentes actuaciones”.

Además, detallan que en las propias alegaciones judiciales de del gobierno de la generalidad de Cataluña a través del Gabinete Jurídico de Presidència, el 7 de noviembre de 2014 se “consideraba que de no dejarse sin efecto la suspensión, la consulta no podría celebrarse” por lo que en el recurso “se instaba al tribunal a adoptar una decisión rápida, pues la propia representación de la Generalitat afirmaba que de otro modo no podría llevarse a cabo la votación”.

Parece claro que la Fiscalía no pedirá penas de cárcel para Mas, Ortega y Rigau por el 9-N ya que no los acusará de un delito malversación de fondos, que podría comportar prisión. En concreto, el Ministerio Público considera que los gastos relacionados con la organización y desarrollo de la consulta se comprometieron con anterioridad a la suspensión del Constitucional, por lo que el Govern debía pagarlos.

Manos Limpias fuera de la causa y la única acusación popular es el Sindicato Profesional de la Policía y la Unión Federal de la Policía

Tras las maniobras derivadas del Juicio del Caso Nóos, con la cárcel sin fianza des secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, hasta la fecha de hoy, el TSJC decidió excluir a Manos Limpias que ejercía de acusación popular en el caso de 9N y actualmente, la única acusación popular es el Sindicato Profesional de la Policía y la Unión Federal de la Policía. Si la acusación popular mantiene el delito de “malversación además de la prevaricación y la desobediencia” en su querella, los delincuentes separatistas Artur Mas, Irene Rigau y Joanna Ortega podrían ir a la cárcel.

Insisten en que “debería haberse suspendido la ejecución o utilización” de la campaña institucional, el buzoneo o las urnas, pero matizan que dejar de “pagar lo legalmente comprometido es algo distinto que habría conducido a las reclamaciones de los contratistas”.

Los procesados podrían enfrentarse a penas de prisión en el juicio si la acusación popular, que ejerce el Sindicato Profesional de la Policía y la Unión Federal de la Policía, les acusa por la malversación además de la prevaricación y la desobediencia ya que el gobierno separatista calculó que se gastaron 13 millones de euros en las votaciones.

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