Batet hace cumplir la sentencia judicial y expulsa del Congreso al condenado ultra Alberto Rodríguez (Podemos)

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FOTOGRAFÍA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ESPAÑA), AÑO 2019. El atacante de la Policía, secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), viernes 22 de octubre de 2021. La presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (PSOE), ha puesto en marcha el proceso para que el condenado a prisión diputado del Grupo Parlamentario de las ultraizquierdas (Podemos e Izquierda Unida -Unidas Podemos-), el ultra Alberto Rodríguez, deje su escaño tras días de tensión entre el Poder Legislativo y Poder Judicial, una decisión contra la que la ultraizquierda Podemos ha cargado y ha tachado de «prevaricación».

Al ultra agresor de la Policía Nacional Alberto Rodríguez se le ha comunicado esta tarde el oficio del Tribunal Supremo que le inhabilita tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una pena de un año y 15 días de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la presidente del Congreso de los Diputados —que aparte de diputada ocupa un cargo institucional del Estado. Por lo tanto, está obligada a hacer cumplir y cumplir las sentencias judiciales en el Congreso de los Diputados o se enfrenta a la inhabilitación por desobediencia a la Justicia, así ha ocurrido en Cataluña con los presidentes de la cámara catalana durante el Procés (Carmen Forcadell Lluís y Roger Torrent i Ramió)— así se lo ha hecho saber de forma personal.

La propia ultra líder de Unidas Podemos, Ione Belarra Urteaga, ha tildado el proceso como «prevaricación», al tiempo que ha criticado que haya sido condenado sin pruebas y con el objetivo de quitarle el escaño.

Belarra ha lamentado que su compañero haya sido condenado «a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí» y lamenta, en un mensaje en Twitter: «El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación».

Mientras que para la ultraizquierdista Ministra de Igualdad, Irene Montero, «detrás está la reacción judicial y política más profunda». «Es un asalto a la democracia», ha opinado.

Tras conocerse la decisión, ha seguido la cascada de reacciones en el partido, desde compañeros hasta excompañeros de filas el exlíder de la ultraizquierda, Pablo Manuel Iglesias Turrión -expulsado de la política española por VOX —la líder madrileña de VOX, Roció Monasterio San Martín en un debate electoral y en las urnas de las elecciones madrileñas del 14 de mayo de 2021 (14M)—, que cree que la decisión va «contra el criterio de los letrados del Congreso de los Diputados y tras las presiones de Marchena (magistrado dle Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez) y la derecha (VOX y PP)».

«Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados», concluye Iglesias, al tiempo que Isabel Serra, portavoz de Podemos, asevera: «Los jueces rodean el Congreso y Batet entrega a Alberto Rodríguez».

Durante las últimas semanas el pulso entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial se ha centrado en la interpretación de esta sentencia, que los letrados de la Cámara Baja consideraban que no afectaba al escaño del diputado de Podemos pero que el Supremo finalmente ha dejado claro este viernes.

En un principio la Mesa del Congreso, formada por mayoría del PSOE y de Unidas Podemos, fundamentó su decisión de no suspender a Rodríguez de su escaño en el informe de estos letrados que señalaba que su condición de diputado no quedaba afectada porque no concurría «ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg», ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.

Argumentaban que al haberse conmutado la pena de cárcel por una multa de 540 euros -ya pagada- la ejecución de la sentencia deja fuera la denominada «inelegibilidad sobrevenida».

Ante esta decisión, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió un oficio expresamente a Batet para pedirle que le remitiera la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta para la liquidación de su condena.

Un requerimiento que fue considerado esclarecedor por los miembros del PP y de Vox en la Mesa del Congreso y hasta por la propia Batet, aunque ante las dudas por parte de Podemos y por el informe jurídico de la Cámara, la presidenta decidió ayer pedir una aclaración formal al Alto Tribunal.

Precisamente, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que su partido «estará vigilante hasta que se cumpla la sentencia» y ha considerado que «los partidos del Gobierno han querido usar su mayoría parlamentaria para intentar impedir que se cumpliera una pena» e «indultar» así a Rodríguez.

Ha vuelto a ser Marchena el que este viernes ha dejado claro en un segundo escrito que la sentencia conlleva la pena de «inhabilitación especial» durante el tiempo de esta condena tal como obliga el Código Penal y subraya que Rodríguez fue condenado a mes y medio de cárcel, pena que «solo a exclusivos efectos de ejecución» fue sustituida por multa de 540 euros.

Es decir, que la pena accesoria de inhabilitación sigue vigente para ser ejecutada.

Por su parte, el diputado aludido antes de conocer el paso dado por Batet ha replicado al Supremo a través de su cuenta de Twitter y ha considerado que la retirada de su escaño ataca el voto democrático «que está siendo atacado sin base jurídida».

Horas después del comunicado de Marchena, Rodríguez ha escrito: «Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe».