Bruselas (Bélgica), miércoles 21 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El jefe de los Servicios Jurídicos nacionales de Vox y eurodiputado del Grupo Parlamentario Patriots for Europe en la Eurocámara, Jorge Buxadé Villalba, ha reaccionado esta tarde desde la sede comunitaria en Bruselas tras conocer la inadmisión por parte del Tribunal Constitucional del recurso de amparo desesperado presentado por el Defensor del Pueblo y exdirigente socialista, Ángel Gabilondo Pujol. Buxadé ha valorado esta decisión como «una nueva victoria contra Sánchez y toda su utilización del Estado de derecho», al tiempo que ha detallado la intensa ofensiva legal desplegada por la asesoría jurídica del partido para combatir el intento de alteración del censo electoral mediante el fraude masivo provocado por la destructiva Ley de Nietos.
A la salida del Pleno en la Eurocámara, Jorge Buxadé Villalba ha grabado un mensaje en vídeo que arranca con el lema en pantalla «Sánchez pierde otra vez en los tribunales. Pero que nadie se confíe. Esto ha sido otra escaramuza más. ¡Seguimos! #FraudeNietos». Mirando a cámara mientras recorre los pasillos de la institución europea, el dirigente patriota ha expresado con satisfacción: «Salgo del pleno y la gran noticia: el Tribunal Constitucional inadmite, como no podía ser de otra manera y así lo denunciamos en varios escritos, el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra los autos del Tribunal Supremo suspendiendo en parte esa disposición adicional octava».
En sus declaraciones, Buxadé ha remarcado la trascendencia de este fallo garantista contra las pretensiones de la Moncloa, calificándolo como «una nueva victoria contra Sánchez y toda su utilización del Estado de derecho, ahora incluso a Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo». El responsable de los servicios jurídicos de la formación verde ha advertido sobre la perseverancia del Ejecutivo socialcomunista al señalar que el régimen sanchista «lo va a intentar todo, lo va a pelear todo, porque evidentemente lo que quiere es acabar con nuestra democracia», concluyendo con un mensaje de esperanza y optimismo para la ciudadanía: «En cualquier caso, gran victoria y nos debemos alegrar todos, todos los españoles».
A través de sus canales oficiales, el dirigente de Vox ha pormenorizado el arrollador trabajo procesal desarrollado en tan solo 24 horas por la asesoría jurídica nacional de la formación. Entre las medidas adoptadas, Vox presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional exigiendo formalmente la inadmisión a trámite del amparo solicitado por Ángel Gabilondo Pujol por ser indiscutible su inviabilidad en derecho, al tiempo que planteó la recusación formal de Cándido Conde-Pumpido Tourón para garantizar la imparcialidad del órgano. Asimismo, los servicios jurídicos del partido han presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo denunciando que la Administración electoral está retrasando de forma consciente la ejecución de las resoluciones judiciales suspendiendo el censo exterior, al tiempo que han combatido las maniobras de la Oficina del Censo Electoral para perpetuar el fraude en la asignación municipal del voto CERA, asumiendo el firme compromiso de revertir toda alteración censal y nacionalización irregular en cuanto cuenten con el respaldo masivo de las urnas.
El origen de esta polémica maniobra legislativa arranca con la inclusión de la disposición adicional octava dentro de la sectaria Ley de Memoria Democrática, un texto pactado e impuesto por el Ejecutivo de coalición socialcomunista del PSOE y la extrema izquierda con el beneplácito de separatistas y secesionistas. Bajo el pretexto formal de reparar a descendientes de exiliados, la norma habilitó un coladero administrativo de dimensiones inéditas que permitió otorgar la nacionalidad española a cientos de miles de ciudadanos residentes en el extranjero sin exigencias estrictas de arraigo, vínculos reales o comprobación documental rigurosa.
Esta flexibilización arbitraria provocó una inflación artificial del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), convirtiéndose en una clara estrategia de ingeniería electoral por parte de la ultraizquierda para condicionar los resultados de los comicios generales mediante votos no verificados procedentes del exterior. La falta de rigor en la expedición de certificaciones consulares desató la alarma en la sociedad española y en los sectores jurídicos, evidenciando el intento gubernamental de instrumentalizar el censo cívico para blindar su permanencia en el poder.
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Frente al intento del peón del sanchismo, Ángel Gabilondo Pujol, de reactivar de forma cautelarísima el voto de los nacionalizados sin escuchar a las partes, el Tribunal Constitucional ha decidido inadmitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo. La decisión del Pleno del órgano garante se ha basado en que la petición resulta del todo «prematura», toda vez que la vía judicial ordinaria incoada en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo continúa abierta y pendiente de resolución firme.
Con esta inadmisión de carácter procesal, el Constitucional rechaza levantar de urgencia el freno decretado por el Tribunal Supremo, manteniendo plenamente vigente la paralización del derecho al voto de aquellos inscritos mediante la Ley de Nietos que no hayan demostrado documentalmente los requisitos legales exigidos. Esta resolución asesta un duro revés a la estrategia de la Moncloa de valerse de la figura del Defensor del Pueblo para eludir los pronunciamientos del alto tribunal ordinario antes de la cita con las urnas.
La paralización del voto sospechoso en el exterior ha sido el fruto de una incansable ofensiva legal librada por los servicios jurídicos de Vox, que han acudido sistemáticamente al Tribunal Supremo para impugnar las instrucciones consulares permisivas y exigir la suspensión cautelar de las inscripciones irregulares en el CERA. Gracias a la personación de la formación patriótica en los procedimientos contencioso-administrativos, los tribunales han frenado las pretensiones de la Abogacía del Estado y de la Administración socialista de dar validez plena a un censo desbordado de forma fraudulenta.
Complementando la vertiente jurídica, Vox ha lanzado la página web interactiva fraudeleydenietos.com, una herramienta digital desarrollada para denunciar de forma transparente los peligros de este pucherazo y permitir a la ciudadanía monitorizar por provincias y municipios el impacto real del crecimiento del censo exterior. La plataforma expone de manera detallada el incremento porcentual de inscritos CERA desde la aprobación de la norma y calcula la estrecha diferencia de sufragios que necesita el PSOE para arrebatar o consolidar escaños clave en la geografía nacional, convirtiéndose en un baluarte ciudadano e informativo frente al pucherazo ideado por la ultraizquierda.